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> Por Mario Bortolotto

21 fallecidos, más de 60 heridos, alrededor de 400 personas damnificadas, y una sensación  general de indefensión de la población es el resultado de la explosión por escape de gas en la calle Salta al 2100 de la ciudad de Rosario.

Mientras avanza el proceso de investigación judicial sobre el fatídico hecho, la sociedad se debate y gana fuerza la idea de que no se trató de un accidente, ni de un hecho inevitable. En el origen del episodio está la lógica de la ganancia imperante en la promoción del interés privado con las privatizaciones de los ‘90 y vigentes en la actualidad, el negocio inmobiliario y el ahorro en la seguridad habitacional y ambiental, como plantea el intelectual Julio Gambina al referirse sobre el tema.

Podríamos comparar las secuelas materiales, psicológicas y anímicas de la explosión, a las que deja una región en conflicto bélico donde las fuerzas enemigas han devastado el territorio. Y se podrían hacer paralelismos ya que el Estado, que debiera salvaguardar los derechos y la vida de la población, pareciera inexistente ya que a partir de los gobiernos neoliberales con sus leyes y privatizaciones han dejado al pueblo y los servicios de interés público  en las manos de transnacionales que sólo buscan incrementar su  ganancia al costo que sea. Incluso la vida de todos nosotros.

Sólo al revisar algunos datos e informaciones sobre el caso, es posible hacernos una idea de lo que nos referimos anteriormente. Por ejemplo, en el edificio de calle Salta, desde julio existían denuncias hechas a Litoral Gas por problemas en el servicio y el propio titular de la empresa confirmó que se recibió una denuncia el 24 de julio, tan sólo 15 días antes de la explosión.

ENARGAS, el ente “regulador”,  lo único que pudo decir acerca del rol de esa dependencia es que “la empresa es la que tiene un control para con los matriculados” (refiriéndose a los gasistas) y que el organismo lo que hace es “auditar a la compañía prestataria del servicio”.

El fuego que aún permanecía luego de la explosión, se debía a la imposibilidad de cerrar el paso del gas en el sector. Al respecto un diario  reveló una importante información: “Antes se podían cerrar sectores de 12 cuadras por 12, pero para ahorrar se dejó de hacer”.

Entre tantos datos es bueno recordar que la  privatización de Gas del Estado fue en 1992, e impulsada por el hoy “progresista” Partido Justicialista.

Empresas privatizadas de servicios públicos en la gestión de un negocio con objetivo rentable

A priori podemos concluir que existe un denominador común entre la tragedia de trenes de la estación Once y la explosión en Rosario: la mercantilización de servicios y bienes fundamentales para la vida de nuestros pueblos que arrastran la lógica central de la inversión capitalista, es decir, la reducción de costos que mejoren e incrementen continuamente la rentabilidad del capital invertido.

Las consecuencias de esa lógica, inherente al capitalismo, no solamente afectan la calidad y encarece el servicio que estas empresas prestan, sino que deterioran la seguridad de la prestación ya que garantizar efectivamente este aspecto es muy costoso.

¿Quiénes son los dueños de Litoral Gas?

El principal accionista de Litoral Gas S.A., que es propietario del 91.66% del paquete accionario, es Tibsa Inversora S.A. El 8,34% restante pertenece a otros accionistas individuales, incluidos empleados y ex trabajadores. A su vez, Tibsa se integra con el 70% en manos de la francesa SUEZ-Tractebel S.A., un holding totalmente controlado por el grupo GDF-SUEZ; y el 30% restante pertenece al Grupo TECHINT, a través de su empresa Tecpetrol Internacional S.L.

La privatización fue en 1992 y la concesión por 35 años, o sea, hasta el 2027, y con opción a 10 años más, el 2037. Suez y Techint son importantes jugadores de la transnacionalización.

La solidaridad del pueblo es el camino

Los primeros en ayudar a las víctimas y exponer hasta su propia vida para ello, fue el mismo pueblo. Las muestras de solidaridad durante y en los días subsiguientes fueron interminables.  En estos días se preparaban  festivales, con artistas de renombre, a modo de recaudar fondos para los damnificados.

Con esa misma fuerza solidaria, que no se queda de brazos cruzados ante la penuria y desamparo de sus prójimos, es que debe recuperarse en manos del pueblo el poder para cambiar este “orden” actual de los servicios públicos. Hay que transformar la institucionalidad legada de los ‘90. Tenemos que recuperar los servicios pero ahora con poderosos organismos de contralor popular.

Sólo ese camino permitirá evitar que estas tragedias se vuelvan a repetir, más aún cuando son evitables.  Y lo serán si logramos construir un nuevo sentido común por la des-mercantilización de la salud, la educación, la energía; que para ser asumido por los gobiernos, primero debe ser aceptado y defendido por la sociedad.

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