COMPARTIR

El Decreto 820/2016 del Presidente Mauricio Macri publicado el 30 de junio es tan polémico como todos los anteriores. Pasa por encima de normas constitucionales en temas estructurales. Se trata, ni más ni menos, de la modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) que amplía los límites para la compra de tierras y favorece la apropiación de espejos de agua y otros recursos por parte de extranjeros. El gobierno justifica esta decisión en la mil veces repetida “búsqueda de inversiones”.

La Ley de Tierras aprobada en 2011 no fue votada por el PRO en su momento. Dicha ley fijaba que el 15% (un porcentaje alto por cierto) del total de las tierras rurales del país podía estar extranjerizada. El porcentaje varía según las zonas y no afecta las propiedades adquiridas con anterioridad a la ley. Se creó, en este marco, un Registro Nacional de Tierras Rurales para contabilizar cuánta tierra hay en manos de extranjeros y quiénes son.

Las tierras en manos de extranjeros se caracterizan por la gran concentración de superficie en pocos titulares. Casi el 80% de la superficie extranjerizada del país se encuentra en poder del 1,35% de los propietarios extranjeros (253 titulares). Además, se detectaron más de un millón de hectáreas en manos de empresas radicadas en Paraísos Fiscales.

El decreto de Macri eliminó una serie de exigencias que debían cumplir los extranjeros para respetar la norma, así como los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, facilitando la venta de tierras con espejos de agua. Por ejemplo, para la compra de tierras ya no será necesario el certificado de habilitación que constate el cumplimiento de distintas exigencias emitido por el RNTR.

El informe “Vienen por el agua: las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales” del Centro de Estudios Patagonia afirma que “el Decreto 820/2016 es impugnable por inconstitucional (un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía) y las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente”.

El nombre del informe “Vienen por el agua” hace alusión a los conflictos en la Patagonia, como el caso del terrateniente Joseph Lewis, dueño de 11.284 hectáreas en la cordillera de Río Negro, en cuya propiedad quedó encerrado el Lago Escondido. A pesar de que la Justicia de Rio Negro falló a favor de abrir un acceso libre al lago, sigue estando cerrado.

Lewis recibió a Macri el 24 de marzo en su mansión, poniendo a disposición del presidente su helicóptero privado para el traslado de él y su familia. Seguramente, en este encuentro le comunicó al mandatario cuáles eran las modificaciones “de Necesidad y Urgencia” a la Ley de Tierras, las que finalmente fueron decretadas.

Además del turismo de lujo, Lewis invierte su fortuna en la generación de energía. Construyó una central hidroeléctrica en el río Escondido, con el aval político del gobernador Alberto Weretilneck. Con lo cual, Lewis será proveedor del Sistema Interconectado Nacional y se beneficiará con el pago de la tarifa muy superior que reciben las fuentes de energía renovable.

En la contracara de la cuestión se sitúan las luchas campesinas y de los pueblos originarios, primeras víctimas del modelo de concentración y extranjerización de la tierra. Las llamadas tierras fiscales son, en muchos casos, territorios habitados históricamente por pueblos originarios. Con las nuevas facilidades otorgadas a los extranjeros para comprar tierras, aumentarán los desalojos a las comunidades y, junto con ello, la represión a quienes resistan el desalojo.

Referentes del pueblo Mapuche de Río Negro han expresado recientemente su preocupación. Volvieron a poner de relieve la existencia del Convenio 169 de la OIT (sobre pueblos indígenas y tribales, 1989) que tiene rango constitucional y establece el derecho a la consulta e información previa a las comunidades que viven en los territorios que se van a ver afectados por intereses económicos.

SIN COMENTARIOS

RESPONDER