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> Por Luis Brunetto

En una de sus recientes intervenciones televisivas, la presidenta Cristina Fernández ha afirmado que estamos cerca de cumplir con uno de los objetivos sociales y económicos del nacionalismo popular: nuestra nación se acerca al fifty- fifty, o cincuenta y cincuenta, es decir, la mitad del ingreso nacional para los trabajadores, la mitad para el capital. A renglón seguido, la presidenta afirmó que, ahora, para avanzar más aun en el terreno de la redistribución del ingreso, habría que redistribuir la mitad de los trabajadores entre ellos mismos, con el fin de eliminar la brecha entre lo que serían, según se desprende de este concepto, trabajadores ricos, y los que serían trabajadores pobres.

La afirmación de la presidenta desconoce algunas elementales verdades de la economía política, la primera de ellas, la de que toda la riqueza social es producida por los trabajadores, por lo tanto, la mitad del ingreso que, en el esquema del fifty- fifty, parecen captar con tanta justicia los empresarios, no es más que un robo cuya mecánica fue aclarada hace más de 150 años por Carlos Marx. Pretender que los trabajadores “redistribuyan” ingresos entre sí puede sonar muy progresista sólo si se olvida que existe una clase, la burguesía, que se embolsa sin trabajar la parte del león de la riqueza social. La segunda y elemental verdad es la de que los trabajadores, si llegan al cincuenta y cincuenta, lo hacen gracias a sus luchas, y no a la concesión graciosa de un gobierno, y que para mantener tal nivel de participación, deben continuar luchando. El fifty- fifty puede sonar como una panacea eterna, pero la verdad es que es, como todas las cosas, un producto histórico.

Al respecto hay que decir que, por ejemplo, los últimos estudios de distintos organismos no oficiales, entre ellos, los de la propia CTA oficialista, muestran que, desde 2010, hay un retroceso y no un crecimiento de la participación de los trabajadores en el PBI. Esto es resultado de la política de contención del salario por la vía inflacionaria y ahora con, mayor eficacia, mediante la generalización del impuesto al salario, que desalienta pactar altos aumentos salariales. Las declaraciones de la presidenta parecen más bien destinadas a justificar esta política salarial y, lo que sería más grave, a provocar una ruptura entre los distintos estratos de la clase obrera. Por supuesto que el fifty- fifty es mejor que el 70- 30, o el 90- 10, o lo que sea, pero lo cierto es que, por este camino, ni siquiera vamos a llegar a él.

La distribución del ingreso, parecen olvidar los heterodoxos economistas del nacionalismo que definen la política económica, está determinada por la estructura de la propiedad. El que es propietario de los medios de producción se embolsa como ganancia la mayor parte del producto del trabajo ajeno. Se trate del 50, del 70 o del 10%, implica en cualquier caso la apropiación de trabajo ajeno. Si no existiera la clase de los empresarios, deducidos los costos de funcionamiento y de reinversión de la economía nacional, el 100% del ingreso nacional quedaría en manos de los trabajadores. En ese caso, la afirmación- reclamo de la presidenta tendría algún sentido, pero en el contexto de una economía capitalista significa más bien una cosa muy distinta: un límite general a la demanda salarial del conjunto de la clase trabajadora.

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