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Entre el “pago soberano” y la “ley de abastecimiento”, el parlamento volvió a ser noticia. Quiénes aprobaron y quiénes rechazaron estas medidas y por qué.

En la Argentina del péndulo peronista es muy difícil saber cuándo las medidas van a correrse a la izquierda o a la derecha y, lo que se complica más aún, es saber quién está de qué lado.

Así, ya más cerca de un 2015 electoral que elegirá nuevo presidente/a el año se fue escurriendo entre planes PRO.GRE.SAR, PRO.CRE.AUTO, despidos, represiones, inflación, decretos de emergencia, precios cuidados, Vaca Muerta, Chevrón… Y, mientras ir al supermercado o vestir a los pibes se hace cada vez más complicado y las ofertas laborales escasean, la oposición (de izquierda a derecha) y el gobierno (de izquierda a derecha) se “enfrentan” en arduos debates parlamentarios y mediáticos que parecen ser más una escena de propaganda electoral, que una real preocupación por resolver la economía del país pero que, sin embargo, deja entrever quién está de qué lado de la mecha.

La “buena” nueva del kirchnerismo: Ley de abastecimiento

Cuando semanas atrás el oficialismo comenzó a hablar de la nueva “Ley de abastecimiento”, por las dudas, por ser mediáticos o tal vez por miedos reales, las cámaras empresariales y varios legisladores y representantes de la oposición, así como también el aparato multimediático y monopólico representado por el Grupo Clarín (principalmente), pusieron el grito en el cielo y casi al unísono declararon “chavistas” las medidas que los parlamentarios del kirchnerismo pusieron en debate.

¿A qué le temen?

Para no enredarse en especulaciones ni en versiones modificadas por los medios representantes de los distintos sectores de la burguesía, es importante leer el texto de la Ley, de la cual citamos los párrafos más importantes.

Serán pasibles de las sanciones quienes: a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

  1. b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;
  2. c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;
  3. d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;
  4. e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte.

El cuerpo de la Ley es mucho más extenso, pero en estos artículos está claro que quienes cumplen con el normal desarrollo de la cadena producción y comercialización no deberían tener nada de qué preocuparse. Por si alguna duda quedara para la tranquilidad de los empresarios, Julián Álvarez, Secretario de Justicia de la Nación dijo en los medios televisivos: “no se trata del gobierno contra los empresarios” y cuando se habló de la comparación con Venezuela sentenció: “en Venezuela los empresarios pagan millones de dólares en multas, acá, con la aplicación de los precios cuidados se impartieron multas por 35 millones de pesos y los empresarios pagaron cero pesos”. El miedo real, el que ya ni siquiera esconden, es al creciente rol del Estado y no a la medida en sí.

A principios de septiembre la AFIP intimó a productores sojeros a indicar dónde se encuentra cada uno de los silos bolsa porque estiman que hay más de 27 millones de toneladas que no se están comercializando y que se utilizarán como especulación económica esperando una futura devaluación, sobre todo teniendo en cuenta que el propio FMI estima que el techo económico de los commodities fue el 2011 y hay una tendencia a que siga en leve caída. Pues bien, si la actual Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo fuera aplicada, el Estado tendría la capacidad de apropiarse de esa montaña de oro que son 27 millones de toneladas de soja.

¿Qué dirían la Sociedad Rural, las cámaras empresariales, el massismo, el macrismo y el radicalismo si el gobierno hubiera tomado una medida estructural como la desarticulación de los monopolios, y cuál sería su reacción si, además, la decisión estuviera en manos del pueblo? Cuando el 70% de las ramas de la economía está concentrado en las mismas empresas una ley como la que se acaba de aprobar no les hace ni cosquillas a los empresarios que más se quejaron, sin embargo, ante la mínima intervención estatal, estallan en protestas.

Yo (no) pago, tú pagas, nosotros pagamos, ellos se la llevan

Desde hace un par de meses la agenda política y la mediática están atravesadas por el conflicto con los fondos buitre, el juez Griesa, el pago de la deuda y, como consecuencia, las posturas de los distintos sectores de la política nacional. De lo que pocos hablaron era si la deuda es legítima o no, si corresponde pagarla y todo lo que se podría hacer con ese dinero para empezar a saldar la deuda interna.

En ese sentido, en una hábil maniobra, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley (aprobado finalmente el 11 de septiembre) cuyo eje central es cambiar la jurisdicción donde Argentina pagará a los bonistas la deuda contraída por el Estado, convirtiendo de esta manera al Banco Nación en la entidad encargada de cumplir con esta tarea. Con este movimiento, Argentina le pagará sólo a los bonistas que entraron en el canje entre 2005 y 2010, y quedarían anuladas las negociaciones con los buitres que defiende el juez Thomas Griesa por lo que se evitaría que la deuda pública nacional se eleve en unos 15.000 millones de dólares, lo que sería un enorme dolor de cabeza para el pueblo argentino.

Sin entrar en detalle sobre la deuda, de la cual Mascaró habló lo suficiente en el número de septiembre, es importante aclarar que, una de las modificaciones que realizó el oficialismo antes de que esta ley se aprobara, es pagar también bajo la órbita de la legislación de Francia, lo cual cuestiona muchísimo el término de “soberano” que se le adjudicó a esta ley.

Así y todo, es importante remarcar las posturas políticas que rondaron la aprobación de esta normativa. Mientras que el gobierno nacional elaboró una inteligente medida para frenar el “efecto Griesa”, la derecha representada en Macri, Massa y el radicalismo se opuso a apoyar esta innovadora medida, demostrando claramente que prefieren seguir las “órdenes” que llegan desde Washington. Aunque suene redundante, casi ninguno cuestionó el origen y legitimidad de la deuda, a excepción de Unidad Popular y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que llegaron incluso a pedir el cese del pago y, en el caso del FIT, propuso un referéndum vinculante, para que el pueblo sea el que decida si pagar o no pagar.

La Ley de Pago Soberano incluye también la creación de una comisión bicameral para estudiar los orígenes de la deuda, qué no sólo ignora investigaciones y fallos favorables a la Argentina, como el del juez Ballesteros, sino que seguramente otorgará resultados cuando el pago sea historia y, el Estado nacional haya entregado otros 190.000 millones de dólares a manos extranjeras.

Candidatos consumidos y candidatos consumados

Mientras tanto, la política mediática (porque hablar de medios politizados sería mucho más enriquecedor y alentador, pero no es lo que sucede) sigue siendo la protagonista. Cristina visitando al Papa (que ya no es más el malo de Bergoglio), Scioli siendo noticia por haberse lesionado jugando al fútbol, y Macri y Massa viajando (nuevamente) a Estados Unidos, el primero en busca de un premio para la Ciudad de Buenos Aires, y el segundo buscando más herramientas para su propaganda electoral (entre otras cosas recorrió las instalaciones de la empresa Facebook) y Jorge Altamira recorriendo las pantallas de todos los medios que le den lugar, fueron algunas de las noticias de este reality de la política real donde, como siempre, el consumidor está del otro lado de la pantalla.

Entre un gobierno que ya no habla de profundizar, ni siquiera de modelo (porque los ajustes comienzan a ser difíciles de eludir, porque los despidos se vuelven noticia casi cotidiana, porque las urgencias no pasan por solucionar los problemas estructurales sino por taparlos o suavizarlos) y una oposición falta de ideas convincentes (que pretende volver a los endeudamientos siderales, que habla indisimuladamente de recortes, que pretende socavar cada medida progresista del oficialismo y que vuelve a utilizar el discurso de la mano dura para instalarse mediáticamente), el camino parece quedar allanado para que la izquierda, aún con sus desacuerdos y contradicciones, gane lugar en base a propuestas y a un programa que contenga la participación del pueblo para una salida verdaderamente soberana.

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