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> Por Agustín Santarelli

En el medio de septiembre, se manifestó otro cacerolazo parecido a algunos anteriores y similar –seguramente- a otros que vendrán. De mayor magnitud, pero parecido en todo lo demás. Por suerte a nadie se le ocurrió titular “la primavera de tal cosa” (el tal cosa esquiva un montón de sustantivos e incluso adjetivos). De cualquier manera algunos elementos siguen siendo llamativos, como la defensa individual de la propiedad privada en una manifestación conjunta y en la esfera pública; o algunos interrogantes como: ¿qué idea de participación, de libertad y seguridad se ponían en juego? Todo desde el individualismo, o -al menos- en defensa de intereses de grupos minoritarios.
Los periodistas enfatizaban en el carácter pacífico de la marcha. Claro, cuando no hay represión policial -la represión que piden en cada piquete o movilización de los trabajadores-, difícilmente haya hechos de violencia de lo que los medios consideran violencia. Porque destacar que los caceroleros no pisaron el césped (lo que también podría denominarse pasto) de la Plaza de Mayo, o que dejaran pasar a los autos en las esquinas, como argumentos de lo pacífico de la marcha parece poca cosa. Porque nada tenían de pacíficas y amables las consignas que levantaban a viva voz o en pancartas pacíficamente confeccionadas (es decir prolijamente hechas).

Lo mío es mío

Durante la marcha no se hizo mención a la inflación, un elemento real y que claramente es un aglutinante de amplios sectores de la sociedad. Tampoco hubo mención a la cuestión impositiva, llámese a lo regresivo e injusto que continúa siendo la aplicación del IVA, porque en realidad sí hubo manifestaciones en torno a la cuestión impositiva, el rechazo a la AFIP. Mezcla de odio y miedo, se expresa en el mi plata es mía y hago con ella lo que quiero y cualquier intervención al respecto (llámese cobro de impuestos, control de cambio, o investigación en torno a lo negro de la economía) es un robo.
Como bien observa el economista Eduardo Lucita -en un reciente artículo publicado por Razón y Revolución (R y R, otra vez las erres) titulado Neocacerolazo: el día después-, “La movilización fue caracterizada por sus propagandistas y comentaristas varios como espontánea (…) Pero no puede obviarse que era convocada desde inicios del mes por las redes sociales y que fue apoyada por diferentes diputados de la oposición y por la Iglesia y divulgada por medios de comunicación masiva”.
Lucita también observa que la movilización evidenció “que la sociedad argentina, como toda sociedad capitalista, es una sociedad de clases. No se trata de excomulgar a las capas medias como un todo, pero el carácter de sus hechos y movilizaciones lo definen su orientación y los intereses que expresan, por más que puedan haber participado también algunos sectores de trabajadores y medios del conurbano”.
De cualquier manera, y para no quedar tan expuestos, los propios medios agitadores de la marcha, hablaban, como resumiendo el lugar común de los reclamos individuales, de la “defensa de la Constitución”. Esa supuesta preocupación encontraba argumento en el solo detalle de la posibilidad de una re-reelección.
Pero si se hilara más fino, acaso también encontraríamos que el tema de la re-reelección está mirado desde la cuestión individual, del miedo a que se avance en medidas de estatización, a que el gobierno vaya hacia la chavización. Ojalá. Pero bueno, no parece ser el análisis político el mayor fuerte del grueso de los caceroleros.

Difusión y discusión

La posibilidad de una reforma constitucional, que incluya la modificación en torno a la re-reelección, fue lanzada tibiamente por algunos sectores cercanos al gobierno kirchnerista, como el grupo de intelectuales Carta Abierta, y amplificada rápidamente por los medios de comunicación opositores.
Acaso quien más detalles brindó en torno a un posible debate fue el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, quien en más de una oportunidad ha sido invitado a programas oficialistas y ha expresado su simpatía por la gestión de Cristina Fernández. Barcesat expresó en una entrevista a la revista La Tecla que “Es tiempo de una reforma pero no precisamente por los plazos electorales. Creo que lo que expone examinar la conveniencia de una reforma constitucional son tres ejes. Primero la integración de Latinoamérica y el Caribe, en un continente constitucional. Segundo, la titularidad sobre recursos y riquezas naturales, muy ligado al primer tema, porque la provisión de los recursos y riquezas naturales se va a convertir en uno de los temas cruciales de este siglo, por la escasez alimentaria, de agua potable, la ausencia de hidrocarburos. Y tercero es cómo se logran los aspectos de igualación social, que están como una asignatura pendiente en Latinoamérica y en menos medida también presentes en la Argentina. Y un cuarto aspecto puede ser la dependencia tecnológica, ese debe salir de los ingentes gastos por transferencia de tecnología”.
Si Barcesat hablara por el oficialismo de manera oficial, bien valdría la pena discutir ya la reforma constitucional.
En la misma sintonía se expresa Martín Scalabrini Ortiz, ex candidato a legislador por Proyecto Sur, quien observa que “la Reforma de la Constitución es necesaria para desarmar aspectos de base neoliberal impuestos a la reforma de 1994, empezando por la nacionalización de los recursos naturales y la prestación por parte del Estado de los servicios públicos en consonancia con el Art.40 de la CN de 1949. A partir de allí, habría que discutir el resto”.
El artículo 40 de la Constitución Justicialista a la que se refiere el descendiente de Raúl Scalabrini Ortiz, contemplaba la intervención del Estado en la economía, establecía que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación” y al mismo tiempo observaba que “los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado”. El artículo 78 permitía la reelección presidencial.

Las reformas y las formas

La Constitución del 49 tuvo vigencia hasta que la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón en 1955. En 1994, durante la presidencia de Menem, se reformó nuevamente la Carta Magna. Entre otros puntos, se habilitó la posibilidad de una reelección.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #6, octubre 2012.

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