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“Vamos a generar ciertos cambios en la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de libertad, que hoy por hoy le permite a una persona condenada salir cuando cumple la mitad de la condena” decía un año atrás la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich mientras almorzaba con Mirtha Legrand. Con la misma vehemencia con la que entonces aseguraba que existe una gran reincidencia en los delitos, pero sin exponer cifra alguna que lo avale, abrió el debate el pasado 20 de abril en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta. El proyecto cuya aprobación busca la ministra junto a legisladores de distintos colores políticos, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y un objetivo claro: limitar las excarcelaciones y aumentar las penas.

El femicidio de Micaela García fue la principal herramienta de la que se valieron distintos funcionarios para justificar la necesidad de reflotar y aprobar el proyecto de modificación de la Ley. Esto habla por sobre todo de una respuesta efectista y oportunista por parte de quienes deberían pedir con la misma urgencia más presupuesto para los programas de prevención de violencias, la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, o establecer la obligación de brindar capacitaciones a operadores de la Justicia para incorporar la perspectiva de género, entre otras cosas. Todo esto aportaría a problematizar verdaderamente alrededor de la violencia machista y de sus manifestaciones más extremas como son las violaciones y los femicidios.

En su lugar, se aprovechan de una sociedad genuinamente consternada por las muertes de mujeres a manos de los hombres, y buscan correr la mirada pretendiendo recortar la solución con la limitación de las salidas transitorias y la libertad condicional. Vale aclarar, además, que la Ley abarca todos los delitos, no sólo los sexuales. Es decir que, en nombre de las violaciones, se proponen penas más duras y prohibición de excarcelación a cualquiera que cometa un delito (aunque este sea menor).

Del debate en la Cámara formó parte, entre otras organizaciones, el Colectivo Ni Una Menos que presentó un documento expresando: “El derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas” y agregaron que lo que se necesita son “políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias. El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social”.

Hace un año cuando Bullrich anunciaba sus deseos de modificar la Ley para endurecer las penas, Micaela todavía estaba viva. Cuando su familia fue a denunciar su desaparición a la comisaría, le dijeron que podía tratarse de un suicidio. El fiscal siguió esa hipótesis. Cuando las mujeres abusadas y golpeadas realizan denuncias, cuando las familias alertan una ausencia, cuando las víctimas del patriarcado y el machismo piden ayuda, se encuentran con ese tipo de respuestas por parte de la Justicia. Bien vale, entonces, que el Estado (que no está ausente sino que tiene una presencia equivocada, contradictoria y muchas veces nociva) empiece a  proponer soluciones reales para que no muera más ninguna mujer por el simple hecho de serlo.

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