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> Por Daniel De Santis

Estoy convencido de que el rumor, previo a la expropiación del 51 % de las acciones de YPF, tuvo su origen en el propio gobierno, que le hizo morder el anzuelo a la corporación mediática. De ser el caso, el gobierno habría actuado aplicando un conocido recurso del arte militar que se llama exploración por el combate, el que consiste en lanzar un ataque real o ficticio para ver cómo reacciona el oponente. Las redacciones de España y Argentina se agitaron mostrando que la Unión Europea sólo podría apoyar a la primera por medio de declaraciones porque no tenía los recursos legales ni la disposición política para un enfrentamiento mayor. Por el encuentro de Cartagena, Colombia, entre Cristina y Obama, también se supo que EE UU no pasaría a una beligerancia mayor. Lo dicho, consideramos, no es una crítica, tampoco un elogio, sólo tratar de ver detrás de la información.

Antes del 16 de abril, cuando finalmente se oficializó la medida, se escribió profusamente sobre la responsabilidad de Repsol en el vaciamiento de YPF. Todo, o gran parte de lo dicho, era verdad, por lo que la estatización de nuestra petrolera se convirtió en una proclama de amplios sectores. Pero, preguntamos, por qué hubo que esperar tantos años, casi nueve. ¿No se veía dónde conducía la privatización? Y la posterior “argentinización”, de la mano de los grupos nacionales, que financiaron su ingreso a la compañía sin poner un solo peso, utilizando los recursos surgidos de la distribución de utilidades, ¿no empeoró las cosas?

Basados en esta experiencia, el art. 2º del Proyecto de Expropiación nos deja un nuevo interrogante, cuando afirma que: “El Ejecutivo nacional… con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional”; y el Art. 17º, que la Sociedad Anónima YPF “acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.

La propia presidenta explicó en la presentación del proyecto que: “no estamos ante un hecho inédito. No elegimos un modelo de estatización sino de recuperación de soberanía”. Ante estas palabras, es necesario resaltar que si bien se trata de un primer paso positivo, sólo una real estatización lograría contener el término soberanía en un sentido mucho más amplio que el autoabastecimiento.

De acuerdo con lo señalado por los Economistas de Izquierda (EDI), no basta la bandera de la recuperación energética, sino que se debe detallar cómo se instrumentará ese objetivo. Una recompra de la compañía con fondos públicos dilapidaría el dinero que se necesita para realizar las inversiones y terminaría favoreciendo a algún negocio privado. Se pueden discutir distintos modelos de gestión futura, otorgando suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana.
La ley de expropiación no avanza en la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo a la Nación, para erradicar de eso modo el manejo discrecional que realizan los gobernadores de un recurso de todo el país. El destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población.

Desde sectores progresistas se levanta la consigna de la “socialización de YPF”, y eso es excelente, pero ello supone que previa y simultáneamente, los usuarios, los técnicos y los trabajadores tengamos una conciencia y una disposición a la participación muy activa y responsable (no en el sentido de moderación sino de asumir un compromiso) porque si no, estaríamos sumando una nueva burocracia a la del Estado.

Por lo dicho, los días actuales no deben ser sólo de fiesta, sino un jalón en la lucha por la independencia nacional y la participación del pueblo en las decisiones y responsabilidades.