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Mientras los reclamos por tierra, salud y trabajo se fortalecen y multiplican mes a mes, la respuesta por parte del Estado parece ser cada vez más unánime: represión.

“_No quiere una policía represiva, entonces.

_Represiva… esa palabra. Yo quiero una policía firme, que haga cumplir la ley y el orden en el espacio público.”

El fragmento pertenece a un diálogo entre el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, y un periodista del diario La Nación, en una entrevista realizada a pocos días de la brutal represión de la policía Metropolitana en el Hospital Borda, pero podría pertenecer a tantos otros casos como ministros posibles.

No es casual que, aún en momentos de tanto espíritu democrático, donde hasta torturadores como Luis Abelardo Patti o Antonio Domingo Bussi llegaron al poder por vías electorales, se utilice la represión como método coercitivo.

Cuando las políticas sociales o económicas no cubren las expectativas de la gente, los conflictos emergen, la organización popular crece, y la respuesta desde el aparato del estado (sea cual fuere el partido gobernante) suele ser la misma: golpes, gases, persecuciones.

Claro que nadie quiere asumir el costo político de acciones tan cobardes, y así empieza el sin fin de justificativos, complicidades y despojos de responsabilidades. De esta forma, ante un hecho represivo un Ministro le echa la culpa al otro, éste dice que cumplió órdenes, y que acató una resolución judicial y así sucesivamente gira la rueda de silencios. Eso sí, todos prometen investigar hasta las últimas consecuencias y en el marco de la ley.

El político por la boca muere

Las repercusiones por lo sucedido en el Borda trajeron, además, algunas frases por demás esclarecedoras.

El propio Montenegro, en pos de justificar lo injustificable, deslizó: “Nosotros lamentamos la violencia, pero tengamos claro que la policía actúa en defensa de la ley. El personal policial estaba avalado por las decisiones judiciales y políticas.”

Mauricio Macri no se quedó atrás, y en conferencia de prensa dijo: “Siempre reflexiono sobre si vale la pena asumir estos riesgos: policías heridos, periodistas, vecinos; o ceder a los violentos. Sigo pensando que no tenemos que ceder a los violentos”.

Martín Ocampo, legislador del PRO, intentando defender a su Ministro y a Macri, recordó también frases de un ex Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra, cuando en el año 2004, luego de reprimir en la puerta de la legislatura porteña a manifestantes que se oponían a las modificaciones al Código de Convivencia Urbana, confesó lo siguiente: “en algún momento hay que reprimir para defender la propiedad privada.”

Por último, para no ser menos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo esta preocupante declaración:

“Sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico”. ¿Acaso estaba anticipando otras represiones que no fueron en un neuropsiquiátrico, pero que fueron de igual o mayor magnitud como las que tuvieron lugar en Famatina, en Córdoba o en Chaco?

La ruta de la que no se habla

Mientras que Lanata y 678 siguen jugando a ver quién encuentra más dinero en negro en la cuenta del otro, el camino de la represión es mayormente ocultado o minimizado por unos y por otros, en el falso duelo entre los medios oficialistas y los opositores.

Buenos Aires, gobierno de Mauricio Macri. En terrenos de un Hospital Público, la policía Metropolitana reprime violentamente para desalojar el lugar, dejando heridas a más de 50 personas entre pacientes, trabajadores del nosocomio, periodistas y legisladores que se acercaron al lugar. La salud y el derecho a la protesta son avasallados por una fuerza con tintes dictatoriales (policías sin identificar, personal de civil, disparos a quemarropa, ataques a la prensa). Página 12 y 678 actúan rápidamente para informar la situación y contar con veracidad la gravedad de los hechos. Todo Noticias se acerca al lugar dos horas después de comenzados los incidentes.

A unos mil kilómetros de la Capital Federal, se encuentra la comunidad “La Primavera”, en Formosa, cuyo gobernador es el kirchnerista Gildo Insfrán. El 3 de mayo por la noche, Abelardo Díaz y Carlos Sosa, ambos originarios de la comunidad Qom, fueron salvajemente golpeados por una patota de 30 desconocidos. Sus familiares están convencidos de que fue un intento más por parte del poder político de esa provincia para callar sus reclamos por la tenencia legítima de la tierra, de la cual los quieren expulsar hace siglos. Poco y nada dijeron los medios nacionales sobre esta y otras tantas persecuciones (plagada de golpizas, amenazas, intervenciones judiciales y muertes dudosas) a los pueblos originarios que luchan por su tierra. Tanto Insfrán como la presidenta Cristina Kirchner se negaron a recibir cartas de organismos de derechos humanos en la que se pide tomar medidas urgentes con respecto a la situación de los pueblos originarios.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #12, junio 2013.

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