COMPARTIR

Discutir qué hubiera sido del último paro general sin la total adhesión de los gremios del transporte es un absoluto sinsentido, un simple subterfugio con que el gobierno pretende aminorar los efectos de la contundencia de la medida de fuerza. Demás está decir que los choferes de colectivos, motormans y boleteros forman parte de la clase trabajadora llamada a parar, y que su adhesión unánime tiene pocos antecedentes: siempre se ve un colectivo, al menos de vez en cuando. Por eso, resulta más apropiado sospechar que, si no trabajó ni un solo ferroviario y ni un solo chofer, los demás trabajadores piensan y sienten, en términos generales, como las bases ferroviarias o de la UTA, y que buscaron en la falta de transporte un pretexto para adherir a la huelga. Por el contrario, la posibilidad de que se haya producido el amontonamiento de contingentes obreros en las paradas de ómnibus, que no fue reflejada por medio alguno, suena mucho menos convincente.

Lo cierto es que, más allá de esta disputa irrelevante, no hay dudas de que el gobierno tomó nota del carácter contundente de la huelga. No hay otra explicación para el listado de medidas que se prepara a promover. En primer lugar, la ley antipiquetes, que fue inmediatamente cruzada por el CELS y por el propio Luis D´Elía. Podría pensarse que la protesta del dirigente matancero y del organismo de derechos humanos dirigido por Horacio Verbitsky refleja el pensamiento de la izquierda kirchnerista, pero el acompañamiento que, con sus firmas, hicieron los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti al proyecto del diputado chaqueño y ex ministro de Jorge “Quico” Capitanich, Juan Manuel Pedrini, demuestran que no se trata de una disconformidad del sector, sino de algunos grupos cuyas relaciones con el kirchnerismo estarían tensándose (léase, además del propio D´Elía, el Partido Comunista y otros grupos menores).

Al proyecto antipiquetes hay que sumar el que promueve el blanqueo de trabajadores en negro. Se trata de una respuesta a la carencia programática de las direcciones sindicales a la hora de incluir en los reclamos a los que son, según las estadísticas oficiales, el 35 % de los trabajadores. El gobierno pretende con este proyecto sumar el consenso de los grupos más explotados de la clase trabajadora, aunque sea a través de una reedición de los métodos con que Cavallo prometió eliminar la desocupación: la rebaja de aportes patronales. Se trata de un mensaje para la tribuna, como les gusta decir a los peronistas, que esconde en realidad un nuevo subsidio al empresariado. Finalmente, y como ya anticiparon sus voceros sindicales Yasky y compañía, estaría en estudio una nueva suba del mínimo no imponible. Se trata de un tema que no puede demorarse, porque afecta el precario equilibrio en que se asienta el apoyo al kirchnerismo de la burocracia de Antonio Caló, el servicio de inteligencia del titular de la UOCRA Martínez y el criador de caballos de carrera y dirigente estatal Andrés Rodríguez. De hecho, el documento salido del Congreso de delegados de la UOM reclama no la suba del mínimo no imponible, sino su “supresión paulatina”.

El gobierno espera planchar los conflictos con una caída brusca de la inflación, producto a su vez de la baja en el nivel de actividad. Parece no entender que la consecuencia inmediata de una recesión será una ola de despidos y suspensiones que ya se insinúa. En Córdoba, al exitoso conflicto de la autopartista Valeo, que sin el apoyo de la burocracia logró imponer la reincorporación de varios despedidos, se suma hoy la propia UOM- Córdoba, que ha realizado una movilización y amenaza con un paro. ¿Estará la provincia mediterránea, como en otros tiempos, adelantándose al país?

SIN COMENTARIOS

RESPONDER