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Las consignas y los fines de la movilización reaccionaria del 1 de abril en apoyo al gobierno nacional, coronaron la andanada de ataques y condenas a los legítimos instrumentos de lucha de la clase trabajadora, lanzada por los “periodistas” al servicio de la burguesía.

La campaña no es gratuita: las órdenes para la represión al comedor de Lanús, al piquete de Panamericana, a los docentes en Plaza de Mayo, se las debemos a Macri  y Bullrich; pero el clima justificador según el cual “la sociedad pide palos”, lo construyen todos los días estos lacayos de la tinta y el micrófono. El asesinato de Jonathan Gardini, vigilador privado y padre de 4 hijos, atropellado a propósito por un conductor borracho cuando participaba el 30 de marzo del piquete organizado por la CGT San Lorenzo, en el cordón industrial de Rosario, debería pesar en la conciencia de esta gente, si la tuvieran. La magnitud de la campaña anti paros, huelgas y piquetes, muestran que estas medidas, algún efecto tendrán sobre el poder de los empresarios y el gobierno.

Cabe de todos modos que nos preguntemos: ¿están midiendo bien? Analicemos el asunto. Por empezar, si comparamos la marcha del 1-A con las últimas marchas convocadas desde la alta burguesía contra el kirchnerismo, encontramos una notable diferencia numérica. El 8N, en el 2014, movilizó por lo menos a 300 mil personas, del 1-A no participaron más de 50 mil (Clarín no dio cifras, la policía dijo 30 mil). ¿Qué lectura hay que hacer de este descenso, sino la conclusión del aislamiento social de la fracción más rica, comparado con su capacidad de convocar a otros grupos sociales en las postrimerías del gobierno de Cristina?

Esta conclusión se ve reforzada por las mismas encuestas con que el gobierno justifica palos y gases: “sobre la liberación del tránsito ante una marcha o protesta, el 66% se pronunció a favor y el 30% en contra; sobre la represión a los manifestantes que no levanten los cortes, un 37% a favor y un 58% en contra; y sobre la represión aun con presencia de mujeres y niños, un 21% a favor y un 71% en contra” (Clarín, 11-4). Hay un 21 % de personas en nuestra sociedad capaces de mandar a reprimir mujeres y niños, indudablemente, pero en estos resultados no se ven los “palos que pide la sociedad”. Evidentemente hay un desacuerdo con los cortes, pero el 58 % rechaza cualquier tipo de represión.

Por eso, los analistas más inteligentes de la burguesía perciben el problema y no dejan de advertir sobre los riesgos de un mal diagnóstico: Jorge Asis se ha cansado de pedir que no cometan el error de lanzar una cruzada contra “las mafias sindicales”, y Eduardo Van der Kooy ha recurrido al viejo y sabio dicho según el cual “el remedio puede ser peor que la enfermedad” a la hora de criticar la política de tensar la cuerda con el actual Secretario del SUTEBA, Roberto Baradel y terminar favoreciendo un triunfo de la opositora Romina del Plá en las próximas elecciones del sindicato. El tema del avance de las corrientes combativas en los sindicatos es recurrente en La Nación y Clarín, sobre todo después del desborde del 7 de marzo durante el acto de la CGT.

En suma, el gobierno está obligado a avanzar en el ajuste sí o sí, y eso lo hace disfrazar la realidad para fortalecer a su base social y confundir al pueblo trabajador. Pero los hilos se ven desde lejos y hay cosas, como el despertar de un pueblo, que no tienen remedio.

 

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