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Después de los retrógrados “linchamientos” la inseguridad volvió a ser noticia en los medios masivos. La declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires, el rol de la policía, y los pibes como responsables de una realidad que oprime hasta el hartazgo.

“Son los que oprimen, quienes instauran la violencia; aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen”. La cita es de un fragmento de “Pedagogía del oprimido” de Paulo Freire. Su trabajo fue publicado en 1970, pero la realidad a la que se puede aplicar esta frase no tiene tiempo ni frontera que la delimite.

¿Quién ejerce la violencia?

Frase de cabecera de cualquier político o economista de la Argentina de estos tiempos: “hay que fomentar el consumo”. ¿El consumo de quién? ¿De qué? ¿Para qué? Consumen los que pueden, y lo que pueden, para seguir beneficiando el bolsillo del mismo que después explota y oprime.

Entonces la rueda gira. Más consumo implicaría más producción, que implicaría más ganancia para el explotador que casi nunca se traduce en mayor beneficio para el que genera la producción, o sea el trabajador, el explotado. Y hay más. Mucha gente no es parte de la rueda, la ve pasar y pasar y ni siquiera recibe las migajas que caen de ella. Y cuando algo funciona mal en la maquinaria, cuando algo escapa a las reglas, los primeros en ser señalados son los jóvenes, porque son los que “transgreden”, los que “cruzan el límite”. Pero aunque se los presente como excluidos, aunque no formen parte del reparto y mucho menos de la ganancia, son parte fundamental del sistema.

Y entonces, cansados de estar cansados, explotados y violentados, buscan arrebatar algo, a quien sea y de la forma que sea. Porque no se puede vivir viéndola pasar, no es justo que todos vivan del consumo y algunos sólo lo miren en las vidrieras.

Consultada por Mascaró, Anatilde Senatore, Trabajadora Social y directora de COFAM (Centro de Orientación para Familiares de Detenidos, que depende de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata), lo explica de la siguiente manera: “el Estado necesita demostrar que es eficaz, que resuelve los problemas sociales de un sistema, de un orden que funciona, lo que “no funciona” es lo que denuncia las fallas constitutivas de ese orden (en nuestro caso, el orden burgués), basado en un sistema normativo que todos los ciudadanos podemos cumplir, porque todos somos iguales. Quien no lo cumple, quien no llega a las pautas legalmente impuestas, debe ser deslegitimado, de lo contrario, estaría aceptando que lo que no funciona es el sistema. Entonces se construyen sujetos culpabilizables, punibles; el Estado (de la mano de la ciencia, que casi siempre resulta funcional a los intereses hegemónicos) logra condensar todas las respuestas a la trasgresión, preservando el discurso de la ley y el orden, ubicando la disfunción en cabzas visibles”.

Más policía ¿es más seguridad?

Como si las designaciones de Berni, Milani y Granados no fueran suficientes para demostrar que la única política oficial para combatir la “inseguridad” es la “mano dura”, el gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció el decreto de Emergencia en Seguridad.

Este decreto, lejos de generar la inclusión social que el mismo gobernador dice que es fundamental para acabar con los hechos de violencia, es un enorme negocio de millones y millones de pesos que vuelve a darle más poder a la policía, parte fundamental del delito organizado. Entre otros puntos, el decreto indica que se otorgarán $600 millones de pesos en equipamiento, la creación de 8 nuevas alcaidías para alojar detenidos, el aumento del salario en un 30% para todas las fuerzas policiales y, tal vez los más graves, el llamado a reintegrarse a 15.000 policías retirados (muchos de ellos vinculados a hechos delictivos, al narcotráfico o por ser responsables de casos de gatillo fácil) y la creación de una fuerza que integre personal de seguridad privada. Estas medidas fueron acompañadas de un llamado a debatir un nuevo código penal juvenil porque “ha llegado la hora de dar un debate serio y profundo para los menores en conflicto con la ley”.

Lo que no dicen Scioli ni los medios de comunicación, y ninguno de los que aplaudieron la medida del gobernador bonaerense (Massa, De Narváez y Macri, entre otros) es que está demostrado que cuanto más poder se le ha dado a la policía, más ha crecido el crimen organizado.

El “caso Candela”, la nena de 11 años secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en Hurlingham, es uno de los más emblemáticos. El informe de la Comisión de Acompañamiento de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires remarca que el asesinato está vinculado directamente al narcotráfico y a la participación de la policía bonaerense en este delito. En el trabajo realizado por la comisión se muestra cómo constantemente desde las cúpulas policiales se intentó desviar la investigación, incluso ignorando llamados al 911 que apuntaban a la pista “narco”.

Lo sucedido en Santa Fe es otro ejemplo: Hugo Tognoli, ex jefe de la policía de esa provincia, y el comisario Diego Comini (ex jefe de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones) son sólo dos de los nombres de una lista de varios policías implicados en un escandaloso caso de narcotráfico.

En Córdoba, a causa de otro “narcoescándalo”, durante el verano pasado renunciaron el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el Jefe de la policía provincial, Ramón Frías. Uno de los implicados en esta causa fue Rafael Sosa, Jefe de Lucha contra el Narcotráfico, acusado junto a otros comisarios de esa provincia de connivencia con el tráfico de drogas.

En delitos menores también la policía es partícipe necesaria. Luciano Arruga es el nombre de miles de pibes que en la provincia de Buenos Aires son “apretados” por la policía para cometer delitos y, si no cumplen, son perseguidos, hostigados, y en algunos casos asesinados o desaparecidos.

Con estos antecedentes, y aun cuando el mismo gobernador reconoce que los hechos delictivos están directa o indirectamente relacionados con el narcotráfico, ¿por qué se sigue culpando a los jóvenes? ¿Por qué se le da más poder a la policía? Quieren tapar el sol con un dedo.

Yo merodeo, tú merodeas, el Estado cordobés nos encierra

Fue en 2004, bajo las propuestas de “tolerancia cero” impulsadas por Juan Carlos Blumberg que el Estado cordobés empezó a aplicar el Código de Faltas votado en 1994. La medida estaba a la altura de lo que en ese tiempo ya era noticia: la inseguridad. El artículo 98 habla de la figura del “merodeador”, por la cual la policía cordobesa tiene la potestad de detener a cualquier persona que esté en la vía pública y que considere sospechosa, no se le garantiza la asistencia de un abogado y quien tiene la última palabra sobre su libertad es el comisario de la zona en la que haya sido apresado. Oponiéndose a esta normativa miles de personas se movilizan cada 20 de noviembre, desde el año 2007, por las calles de la capital cordobesa en la ya tradicional “Marcha de la gorra”.

En 2011 a más de 70.000 detenidos. Las estadísticas en materia de seguridad marcaron que el delito también aumenta año tras año.

Cuestión de Códigos

Pese a que Sergio Massa y Mauricio Macri también hablan de inclusión y de garantizar los derechos de todos, en los hechos son también los impulsores de la mano dura. Dicen solucionar la inseguridad con cámaras de seguridad y con más policías y se oponen al proyecto de un nuevo Código Penal presentado por diputados del oficialismo.

Desde el “massismo” se organizó una campaña llamada “no al código”, dónde a través de mentiras o consignas tergiversadas intentan fomentar en la sociedad la idea de que el proyecto (que aún está en debate) sólo favorecerá al delito.

Sin embargo, desde distintas organizaciones políticas y sociales, sobre todo vinculadas a la niñez, la versión es bien distinta. Anatilde Senatore también opinó al respecto: “el proyecto de código tiene todo a favor, retoma los ideales más progresistas en el modo de comprender la relación entre delitos y pena (pena como oportunidad no como castigo), planteo que viene del siglo XVIII y que fuera tergiversado con las sucesivas lecturas sobre la pena como reconversión, reeducación, rehabilitación, pena sobre todo, como castigo”. Respecto al discurso mediático que pretende instalar que el Código es un beneficio para los “delincuentes”, Senatore explicó: “lejos de ser ‘benévolo’ se ajusta a derecho con cuestiones tan básicas como que un juez deba explicar por qué condena por tal cantidad de años, corrige distorsiones que fueron operaciones de prensa (pienso en la ola punitivista de Blumberg) y poco hicieron para resolver los conflictos sociales”.

Los que quieren parar la rueda

En esta gran rueda llamada capitalismo, que se llama injusticia y se llama farsa, hay quienes día a día pelean por desarmarla, que deje de girar, que no exista quienes están encima ni debajo de ella, quienes no quieren que su motor sean la clase trabajadora, los desocupados, los desechables.

Para ellos, para los que luchan día a día, los que quieren cambiar la historia, el gobierno nacional también tiene un plan. Plan que presentó la presidenta Cristina Fernández en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso y que fue aplaudido por toda la derecha, un plan desmovilizador, un plan “antipiquete”. Este proyecto pretende clasificar los cortes o movilizaciones entre legítimos e ilegítimos. Quien quiera realizar una protesta deberá pedir autorización con dos días de anticipación ante las fuerzas policiales. Un absurdo.

Pese al plan anti-protesta; pese a las mentiras de los medios de comunicación que fomentan día a día el odio hacia los jóvenes, estigmatizándolos, demonizándolos y responsabilizándolos de todos los males; pese a que el poder político que responde a la burguesía sigue utilizando a los pobres como pantalla para no hablar del crimen organizado, de las grandes estafas de las empresas multinacionales, de los negociados entre las provincias; pese a que siempre hay presupuesto para reprimir pero no para la salud y mucho menos para educar; pese a todo esto, las calles muestran otra historia, son cada vez más los que quieren torcer el rumbo, los que se oponen a las manos duras, a la opresión y al deterioro social y cultural que impone el capitalismo. Que esa senda sea cada vez más grande, depende de los que luchan y no de los que lloran.

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