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Mucho se ha debatido en todos los ámbitos de la sociedad acerca del paquete de proyectos presentados por el Frente Para la Victoria ante el Congreso conocido como reforma judicial. La realidad nos marca que las medidas naufragan lejos del deseo de la sociedad de una justicia con participación del pueblo, transparente y más veloz.

Dentro del paquete de propuestas legislativas encontramos seis proyectos, de los cuales tres no merecen el menor detenimiento a la hora del análisis, ya que se trata de medidas que no dan lugar a la menor objeción, estos son el acceso por concurso a los cargos del Poder Judicial, la publicidad de los fallos y la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales.

Los restantes proyectos encierran debates que dada la celeridad que el Poder Legislativo decidió imprimirle a su tratamiento, no contarán con las voces necesarias que los conviertan en realmente representativos. En primer lugar, encontramos el proyecto de creación de tres nuevas cámaras de casación, lo cual nos abre camino hacia la disyuntiva de agregar pasos procesales a la culminación de un conflicto (esto lleva irremediablemente a la mayor duración de los juicios), o ver la medida como la creación de nuevas posibilidades de revisión de fallos que podrían ser defectuosos de alguna forma.

La iniciativa más atacada por los sectores contrarios al gobierno es la de regulación de las medidas cautelares, aunque la crítica una vez más no guarda relación con los intereses del pueblo, sino con los intereses de determinados sectores económicos como el Grupo Clarín. La limitación de las cautelares tiene cierto sustento en el carácter excepcional de estas medidas procesales, que ha sido ciertamente deformado por la práctica. De los cambios introducidos por el proyecto, puede entenderse la prohibición a la afectación de fondos públicos. Lo que no se entiende es que se acote la duración de las medidas, que muchas veces protegen derechos que son reconocidos con posterioridad por las decisiones judiciales a plazos, seis meses prorrogables por otros seis, que no guardan relación con la duración de los juicios. A su vez desde algunos sectores se advierte que la posibilidad del Estado de pedir medidas tendientes a garantizar el funcionamiento normal de servicios públicos, puede encerrar una grave afrenta contra el ejercicio de medidas de fuerza por parte de los trabajadores.

Otra propuesta polémica es la reforma al Consejo de la Magistratura, que transforma el modo de composición del mismo sometiéndolo al voto. Si bien a primera vista es un avance en cuanto a la transparencia en la elección de los jueces, la cual estaría más ligada a la voluntad popular que a los designios de las corporaciones que hoy deciden a espaldas de la sociedad, también es necesario remarcar que existe la posibilidad de que se caiga en la utilización de listas sábanas que terminen licuando la verdadera elección de los representantes del pueblo. Las últimas modificaciones a este proyecto, pedidas por la Corte Suprema expresamente, suavizan el carácter de la reforma, ya que quitan el control al Consejo sobre todos los aspectos administrativos de la Justicia Federal tales como personal, sueldos y manejo de fondos.

Si bien al cierre de esta edición no se encuentra cerrada la discusión parlamentaria, se puede advertir que la reforma no es lo suficientemente profunda para cambiar el funcionamiento de nuestra justicia y que las medidas adoptadas, ya por su inocuidad, ya por las dudas que despiertan acerca de su puesta en práctica y los fines para que se empleen, no son las adecuadas. Las expresiones sociales han sido claras en los últimos tiempos, el pueblo quiere participar verdaderamente de las decisiones de la justicia, a través de la implementación de juicios por jurados en todas las causas de interés popular, y de la elección y remoción de jueces de la forma más directa y transparente posible.

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