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La decisión presidencial de expropiar el 51% de las acciones de YPF constituye uno de los cambios más sustanciales desde el fin de la convertibilidad. Opiniones pesimistas y optimistas sobre el significado de estas políticas abren el debate sobre hacia dónde va el gobierno en esta nueva etapa. Pero sin una mirada de conjunto no es posible percibir su rumbo.
> Por Rafael Farace

Problemas gruesos y sintonía fina

A pesar del crecimiento permanente de la actividad económica en el país desde 2002, tanto la crisis internacional como el arrastre de problemas irresueltos han obligado al gobierno a tomar medidas más firmes tanto para los trabajadores como para los empresarios. Luego de la contundente victoria electoral era el momento más oportuno: pocos días después de los comicios se reforzaron las medidas de control sobre el dólar y a principios de noviembre del año pasado se anunció la quita de subsidios a servicios públicos a empresas y barrios residenciales.

Cristina Fernández cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) y definió al nuevo período de gobierno como la etapa de la “sintonía fina”, donde reclamó a los empresarios mayores inversiones sin esperar una caída de los salarios ni una reducción de los impuestos, y criticó a la vez el proyecto de distribución de las ganancias presentado por la CGT y medidas de fuerza que venían llevando adelante algunos sindicatos. Insistió en estos conceptos al asumir el mandato presidencial el 20 de diciembre de 2011: “con nosotros derecho de huelga, hay. Pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión”.

Con el paso de los días se le fueron agregando otras medidas, como la Ley de Tierras, la reforma del Banco Central, el control de las importaciones, los reclamos a Repsol-YPF, que alentaron las esperanzas de quienes resaltan el carácter popular del kirchnerismo. Pero allí, donde los acontecimientos se precipitaron ante las narices del gobierno, las expectativas se deslucieron con sus respuestas: los dichos y hechos sobre los reclamos contra la mega minería, el conflicto docente, la tragedia de Once y el temporal en el área metropolitana de Buenos Aires, generaron bronca, resentimiento y cierto desgaste entre ese 54% que votó al Frente para la Victoria.

Ninguna de estas intervenciones hace más “nacional y popular” al gobierno ni demuestra su giro a la derecha. Estas acciones simplemente vienen a darle realidad a la idea de campaña de “profundizar el modelo”. La mayoría de estas medidas pretenden solucionar viejos problemas (inflación, déficit fiscal, escasez de divisas, poca inversión, falta de créditos, crisis energética) que se vuelven más peligrosos ante la inestable situación económica internacional, y al mismo tiempo buscan poner en fila a todos los sectores de la sociedad según los objetivos del modelo. Evidentemente los límites puestos a los reclamos no son iguales ni se realizan de la misma manera para todos (basta comparar las palabras hacia los docentes con las dedicadas a la UIA), pero parece que hay una situación común a todos que le ha quitado margen de maniobra al gobierno. Con más pragmatismo, el modelo se profundiza ahora sólo con sintonía fina.

Una nueva política de hidrocarburos

Como parte de la “sintonía fina”, se inició una serie de presiones sobre las empresas petroleras, en particular YPF, que tomó por sorpresa a propios y ajenos. Hasta entonces las relaciones entre el Ejecutivo nacional y los accionistas mayoritarios de la empresa (Repsol, grupo español presidido por Antonio Brufau y Grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazi) eran totalmente cordiales y elogiosas. Las palabras de la Presidenta en la presentación del “Programa de desarrollo de YPF” en diciembre de 2010 indicaban esa fuerte sociedad: “Yo recién le comentaba a Antonio [Brufau] que ojalá todo esto que es algo concreto, objetivo, el crecimiento, las reservas, el número de pozos explotados, la duplicación de los pozos produciendo, el crecimiento de los barriles, las inversiones, tuviera no solamente un espacio en los diarios de propaganda, como anunciantes de YPF, sino que también todos pudieran recoger en sus editoriales, en sus notas, eso que ustedes vuelcan como anunciantes en los distintos medios de comunicación, no para decir que el Gobierno es bueno, sino para decir que a la Argentina le va bien, que son dos cosas distintas”.

Un año después, estaban dando un fuerte giro en esas relaciones. Razones no les faltaban: la ausencia de inversión hizo que el país perdiera la capacidad de autoabastecimiento en 2007, mientras que desde entonces Repsol aumentó las ganancias remitidas a su casa matriz en España. El costo que se pagaba por ello era altísimo, llegando a gastarse en 2011 U$S 9.350 millones en la importación de combustibles que, hasta no hacía mucho, se producían localmente. Por otra parte, esto chocaba con los intentos que venía realizando el Ejecutivo para subsanar la falta de energía eléctrica.

Hacía años que sobraban motivos para exigir el cumplimiento de los acuerdo sobre inversión y producción de combustibles, pero ante la actual situación económica las necesidades se volvieron urgentes . A mediados de enero el gobierno denunció a YPF, Shell, ESSO, Oil y Petrobras por abusar de su posición dominante en el mercado y semanas después suspendió los programas “Petróleo Plus” y “Refino Plus” que eximían de impuesto a las empresas según sus niveles de extracción y refinación de petróleo. La tensión aumentó el 9 de febrero con el documento firmado por las provincias petroleras y los ministros de Economía y Planificación, en el cual se afirmó que YPF era la responsable de la caída del “30% de la producción propia de petróleo y 35% de gas y particularmente en la pérdida de producción de gas en jurisdicciones donde cayó más del 40%”.

Luego de un mes de tires y aflojes, en un acto en el límite entre Chubut y Santa Cruz, los gobernadores Buzzi y Peralta iniciaron las quitas de concesiones de petróleo y gas. En total fueron 14 los yacimientos quitados a YPF, alcanzando del 20% de la producción de la empresa en el país.

En este contexto, comenzaron a surgir cada vez con más fuerza versiones sobre una posible estatización de YPF, hasta que el 16 de abril la Presidenta dio el anuncio tantas veces postergado: la expropiación del 51% de la empresa.

Aún con las limitaciones del proyecto oficial, cabe decir que es la medida de gobierno que más radicalmente modifica la estructura económica del neoliberalismo. El Estado recuperará de esta manera la posibilidad de tener una política de hidrocarburos al encabezar la gestión de la empresa, lo cual es fundamental para resolver la crisis energética y apuntalar cualquier proceso de desarrollo económico.

Las críticas y predicciones catastróficas realizadas desde algunos sectores de la oposición no han hecho más que demostrar lo lejos que se encuentran sus preocupaciones de las necesidades del pueblo. La medida no nos “aleja del mundo”, puesto que ya Brasil y Venezuela se pusieron a disposición para realizar inversiones y dar asesoramiento; la “seguridad jurídica” de la que hablan es la de garantizar ganancias empresariales a toda costa, pero el procedimiento se ajusta a todas las normas judiciales para un proceso de expropiación. Todas las decisiones que afecten los intereses de los empresarios traen fuertes conflictos, pero si se quiere transformar el país, se necesitará todavía más audacia para enfrentarlos.

La expropiación a Repsol-YPF es un indicador de los grandes cambios que pueden estar en la agenda del gobierno cuando encuentran un obstáculo para cumplir sus objetivos. Pero a la vez no debemos perder de vista por qué y para quién lo hace: la expropiación de YPF se realiza en esta etapa de “sintonía fina” porque el contexto económico local e internacional obliga a realizar grandes esfuerzos para salvar al “modelo”. Es probable que volvamos a ver una y otra vez ofensivas contra empresarios que no cumplan con los objetivos de producción local de la misma manera que se repetirán ofensivas mayores contra los sectores del pueblo, que con sus reclamos cuestionen el margen de la abultada ganancia de los empresarios. Con una de cal y otra de arena, el gobierno va profundizando el modelo.