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Foto: Kaloian Santos Cabrera

El gobierno de Macri evidencia una crisis política que se siente en las calles y se expone en defensivos discursos de respeto a las instituciones y a la gobernabilidad. El rol de las fuerzas represivas en un supuesto escenario de agitación y el desafío del pueblo organizado de construir una alternativa propia.

Pisado ya el prometido segundo semestre, y probada la falsedad de toda promesa de campaña, el interrogante es cuánto más podrá tirar el gobierno antes de que la cuerda se corte. En el mejor de los casos, por la falta de contacto con lo que pasa en los hogares de la mayoría de los argentinos, desde el macrismo no midieron el impacto concreto en la vida cotidiana que iban a tener las medidas económicas tomadas. O sí, y simplemente no les importó. Pero lo cierto es que la falta de sensibilidad o la prepotencia “a lo rico” (de esos que no piden permiso) de Cambiemos se traduce en una inestabilidad que no llega a profundizarse gracias a que -de vez en cuando- la justicia, los medios, los servicios de inteligencia o el propio kirchnerismo entregan sus mejores páginas en forma de escándalo de corrupción (llámese Báez, Jaime, López o De Vido) que desvían la mirada y la atención de la opinión pública. Sin embargo, aunque desde la Casa Rosada se festeje el oxígeno ganado ante cada bochorno mediático kirchnerista, la realidad no se modifica, el descreimiento crece y el ajuste sigue ajustando.

 

Pozos y cuevas

Por arriba, la disputa política parece ser la de los carpetazos judiciales, la de tirarse con la mierda con que conciben negocios y políticas los partidos de los empresarios.

La detención in fraganti del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, con casi 9 millones de dólares en bolsas negras a punto de ser enterradas en un convento, no debería ser considerada menos explícita que las contrataciones que el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, concretó en beneficio de Shell, la compañía de la cual es accionista.

En el momento en que cerramos esta revista, un tal López se roba (entre otras cosas) las tapas de los diarios, los comentarios de los almacenes, de las oficinas, de los lugares de trabajo. A la par -en realidad por debajo y en segundo plano de la agenda mediática- Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico y el oficialismo logró aprobar en el Congreso las “leyes ómnibus” que habilitan el blanqueo de más dinero sucio de otros escondedores más prolijos. ¿Cuánto tardará en cuajar en la sociedad que la plata de López es la misma que la de Aranguren, y la de De Vido es la de Melconian?

Rápido de reflejos, el presidente del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde realizó la misma proyección y el día después del escándalo del convento de General Rodríguez, analizó en el programa La quinta pata de la noticia (de la TV Pública) que “ningún sector político puede estar contento” con la salida a la luz de este hecho de corrupción, porque lo que genera este tipo de sucesos “es el descreimiento en la clase política y se está a un paso del que se vayan todos”.

Crisis económica, política y representativa, es un cóctel que ni siquiera la oposición kirchnerista quiere como escenario.

 

Que no se diga

Cuando palabras como “gobernabilidad” o “institucionalidad” empiezan a ganar terreno en los discursos políticos y los analistas comienzan a decirlas como muletilla es porque la casa está perdiendo el orden.

En el acto inaugural del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti se comprometió a “ayudar a la gobernabilidad”.

El Poder Judicial hace su parte, las empresas periodísticas hegemónicas van con su paraguas mediático detrás de cada nube que amenace a Macri y Cía., y una gran porción de la oposición practica el “moderadismo”, con críticas lavadas para no ser señalados como golpistas en los programas de TV con panelistas que hablan a los gritos, o por miedo a que de veras el status quo pueda resquebrajarse.

En la misma línea se puede leer la negativa de las dirigencias de las centrales obreras en llamar a una huelga general, aún después de que el presidente borrara de un plumazo la Ley Antidespidos que el Congreso había aprobado horas antes.

Desde Cambiemos se insiste en la necesidad de que la ciudadanía tenga paciencia y confíe en que “la luz al final del túnel” aparecerá. En cada exposición se habla de las trabas y se refuerza el lugar común de que en los procesos democráticos se debe bancar a quien ganó las elecciones y esperar cuatro años para cambiar el gobierno.

Una especialista en el ruego y la culpa ajena es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien repitió en más de un programa de TV que “hay una situación muy violenta contra nuestro Gobierno, hay quienes lo toman como un enemigo al que hay que destruir y voltear”. La ex piba de La Alianza sostiene que “con nosotros no caben las amenazas a la gobernabilidad”, y asegura que aplicará el protocolo antipiquetes, es decir que mandará a reprimir, cada vez que se presente la ocasión porque tiene claro cuál es su rol y quiénes son los que le ponen palos verdaderamente al proyecto político-económico de Cambiemos.

 

Nota completa en edición impresa Mascaró #36, Julio – Agosto de 2016.

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