COMPARTIR

Las tomas de terrenos vuelven a ser noticia día a día. Los casos se multiplican a lo largo y ancho del país y, tanto el gobierno nacional, como los provinciales y municipales siguen sin encontrar una solución definitiva a un derecho básico: una vivienda digna.

“Pergamino, Rojas y Salto: en el año 2003-2004 una hectárea estaba 5.000 dólares, hoy ronda entre 11.500 a 15.500 dólares.Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen: en el 2003-2004 rondaba en 2.000 dólares, hoy en 7.500 dólares.Balcarce, Tandil, Lobería, 2003–2004: 3.800 dólares; hoy, 8 mil dólares.”

De esta manera, y aplaudiendo el crecimiento de los agronegocios y agradeciendo las felicitaciones del Banco Mundial al modelo económico nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaba los números del orgullo, o de la vergüenza, según desde donde se los mire. Lo que le faltó a su muy criticado discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, fue aclarar a cuántas manos pertenecen estas tierras, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica.

Lo que no dijo fue que la tierra se reparte cada vez en menos manos, y que cada vez más gente no tiene hogar, o vive en  una precariedad alarmante.

Ciudad de Buenos Aires 

En los últimos días de febrero, el barrio de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires,  volvió a ser noticia por un nuevo caso de toma de tierras. Esta vez más de 300 vecinos cansados de vivir en pésimas condiciones, se organizaron y ocuparon un predio a pocos metros del Parque Indoamericano, donde a fines de 2010 la Policía Federal  y la Metropolitana accionaron un violento desalojo (con balas de plomo incluidas) que dejó el triste saldo de tres muertes, aún sin esclarecerse.

Los hechos del pasado febrero, como el de 2010 en el Indoamericano, no son acontecimientos aislados, sino que forman parte de situaciones que se repiten y que cada vez con más frecuencia son parte de la escenografía.  El 19 de marzo, mientras la justicia penal ratificaba la orden de desalojo para “liberar” el predio de Villa Lugano, más de 50 organizaciones políticas y sociales marchaban en Capital Federal reclamándole al gobierno de Mauricio Macri una solución inmediata para resolver el problema de la vivienda. En un comunicado conjunto, se denunciaba que “Mientras el propio macrismo dice que una de cada cuatro viviendas se encuentra ociosa, en la ciudad tenemos 600.000 personas en situación de emergencia habitacional, 20.000 desalojadas por año y, en el 2013, 84 personas fallecieron como consecuencia de vivir en situación de calle”.

Los números son elocuentes y mientras los medios de comunicación vuelven a demostrar su espíritu corporativo (defendiendo la propiedad privada y acusando de “usurpadores”, “violentos” y hasta “narcotraficantes” a quienes sólo buscan tener un lugar donde vivir), el poder político se “pasa la pelota” porque nadie quiere hacerse cargo de un posible desalojo.

Así, el Ministro de Seguridad de la Nación Sergio Berni, culpaba a un fiscal por no haber resuelto las cosas a tiempo: “acá hay un responsable que tiene nombre y apellido, el fiscal (Carlos Rolero). Ayer a las 12 de la noche le pedimos actuar y él dijo que no, que iba a venir a la mañana”. Está claro que Berni prefería desalojar de noche, sin cámaras y sin gente, y cuando el fiscal se decidió, la cosa ya había tomado estado público.

El sur también se ocupa 

Según una nota de Guillermo Pezoa publicada en el portal Cartago Web, en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Rio Negro, el 10 % de la población vive en asentamientos; esto sería alrededor de 8.000 personas, si se toman los últimos datos censales de 2010.

Sobre por qué se da esta alarmante situación respecto de la vivienda, Mascaró consultó a Mariana Giaretto, Socióloga, Docente e Investigadora de la Universidad del Comahue quién explicó:  “el problema de fondo es que las políticas de vivienda han estado orientadas a los sectores medios con cierta capacidad adquisitiva para endeudarse  -léase PRO.CRE.AR.- y/o para organizarse en cooperativas vía sindicatos – léase ejecución PLAN FEDERAL-, por lo que los sectores de la clase trabajadora más afectados por la amplia y persistente precarización laboral no son alcanzados por estas políticas”.  Y agregó “en segundo lugar, el impacto de las escaladas inflacionarias –que como sabemos en una sociedad capitalista son expresiones de la lucha de clases- es aún más salvaje en el sector inmobiliario, un sector que concentra, especula y usufructa ganancias extraordinarias a costa de la expoliación de la tierra y de la desposesión de un espacio vital de la población trabajadora. Y no estamos hablando solamente de la compra y venta de la tierra, estamos también haciendo referencia al mercado de alquileres en el que rentistas imponen reglas arbitrarias y abusivas  a inquilinxs desposeídx”.

Por último, Giaretto explica lo que muchos no quieren entender, y que es el eje de cualquier ocupación o toma a lo largo y ancho del país: “la imposibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda por vías formales se transforma en compulsión ineludible de acceder por otras vías al espacio vital. Es la crisis en el horizonte de expectativas la que impulsa a cientos de familias a  organizar tomas de tierras y luchar por una vivienda digna”.

Mientras algunos medios intentan disfrazar la necesidad en delito y mientras los especuladores del suelo engordan sus cuentas bancarias, los vecinos del Barrio Obrero de Cipolletti (uno de los asentamientos más grandes de esa ciudad), los trabajadores y trabajadoras, los pibes y pibas que, con mucho esfuerzo han logrado organizarse para tener “su” barrio, esperan que la Corte Suprema de Justicia de lugar a su reclamo por las tierras, ya que el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Rio Negro, confirmó la orden de desalojo.

Piedra Blanca resiste 

Otro punto cardinal, otro conflicto, misma problemática, mismos intereses.

Desde hace un año y medio en el paraje Piedra Blanca, en los límites de la capital cordobesa, un grupo de familias bolivianas ocuparon terrenos donde poder construir sus pequeñas y más que humildes viviendas, y donde tener tierra para poder trabajar.

Como siempre y desde siempre, la respuesta oficial fue la misma: desalojo. La firmeza/necesidad de las familias por mantenerse en ese sitio, hizo que en 18 meses hayan resistido ya tres intentos de desalojo e innumerable cantidad de amenazas y persecuciones hasta por parte de la misma policía provincial.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #20 de Abril 2014.

SIN COMENTARIOS

RESPONDER