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A 30 años del retorno a la democracia, el país vivió momentos de grandes tensiones que contaron con múltiples protagonistas: policías, gobernadores, medios de comunicación y “saqueadores”. Un repaso de los hechos del mes más violento que tuvo que superar el Gobierno Nacional.

Por Lucas Napoliello

LOS QUE NO FESTEJARON

C. (33),  G.M.(45) 10, S.L (17), J.V. (16) ¿No se entiende? Así de poco claros son los datos que entregó el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán sobre las personas fallecidas durante los saqueos producidos en esa provincia luego del autoacuartelamiento de las fuerzas policiales. Esos son solo algunos “nombres” de las 8 personas que murieron en tierras de Alperovich, pero en todo el país se contabilizaron 16 muertes por culpa de “los saqueos” (cualquier similitud con la famosa tapa de Clarín de 2002 “La crisis causó dos nuevas muertes”) tras el asesinato de Kosteki y Santillán es pura coincidencia).

Curiosamente, cuando se habló de víctimas durante las últimas semanas, se trataban de los comerciantes perjudicados, de los que tenían miedo y hasta de las propias fuerzas policiales. Pocos se preguntaron y se preguntan ¿quiénes son estas 18 personas? ¿por qué murieron?¿donde están sus asesinos? La mitad de estas muertes se produjeron por heridas de bala, otras por heridas de arma blanca, al menos dos por traumatismos de cráneo producto de accidentes motociclísticos durante el descontrol social y uno por electrocución en las puertas de un hipermercado.

Mientras que estas 18 personas dejaron las sillas vacías en los festejos del 24 y 31, tal vez lo único para “celebrar” sea que la cosa no haya sido peor: sólo en Tucumán el número de heridos por armas de fuego superó los 140.

LAS OTRAS VÍCTIMAS

Remarcar que quienes perdieron la vida son las principales víctimas de lo sucedido, no implica negar que hubo víctimas múltiples y que, una vez más, la imagen fue de una “guerra” de pobres contra pobres.

Pese a las sospechas de que muchos de los saqueos estaban organizados, la realidad marca que cientos de pequeños o medianos comerciantes, principalmente en Córdoba (provincia donde se iniciara la cadena de conflictos), fueron atacados y vaciados de lo poco o mucho que tuvieran en sus negocios ante la ausencia total de la policía. En muchos casos, el trabajo de años y años se vio arrasado por grupos de personas que no discriminaron comercio alguno.

Claro que la respuesta no se hizo esperar y entre armas y barricadas no tardaron en llegar las acusaciones y respuestas para con los “negros de mierda” que con el paso de las horas se multiplicaban y aprovechaban para llevarse a casa lo que el sistema de consumo dice que hay que tener, pero que pocos pueden acceder. Los prejuicios de clase, alentados siempre por las maquinarias mediáticas, estuvieron a la orden del día y no tardaron en aparecer voces diciendo “si tuvieran hambre robarían comida en lugar de televisores”; como si con un televisor vendido no se pudiera comprar mucha más comida o como si el televisor led super star para ver el mundial estuviera permitido solo para unos pocos.

Por cierto, mientras los que tienen un poco y los que tienen menos que poco se mataban literalmente en las calles, los policías los miraban por televisión, los gobernadores pasaban su momento “más tenso” (Scioli dixit), pero algunos negocios no se tocaban… En Córdoba, según la crónica de Susana Fiorito (presidenta de la Biblioteca Popular Bella Vista, en uno de los barrios más humildes de la capital cordobesa), comentaba lo siguiente: “tal fue el grado de organización que algunos sitios comerciales gozaron de una especie de extraña suerte. Hiper Libertad, Paseo del Buen Pastor, Patio Olmos, Dinosaurio Mall, no sufrieron saqueos”. Algo similar ocurrió en Tucumán, donde el gobernador Alperovich aseguraba tranquilidad a los habitantes, pero mientras tanto vaciaba sus 5 locales de concesionarias de autos y, según testimonios de vecinos, algunos mantenían hasta la custodia policial en pleno paro de la policía.

ALGO MÁS QUE RECLAMOS SALARIALES

Cuando en octubre de 2012 prefectos y gendarmes iniciaron una protesta por mejoras salariales que  acompañados por una consecuente actitud de los grupos mediáticos monopólicos generaron cierto clima de tensión política y social, el gobierno denunció públicamente intentos desestabilizadores y casi se atrevió a nombrar un ensayo de golpe de estado. Por ese entonces pareció más una exageración del gobierno nacional o una intentona por demostrar que los “malos” están del otro lado y que todo aquél que no apoyara al oficialismo era cómplice de los “golpistas” pero no hubo una sola prueba de algún intento desestabilizador.

En el conflicto del pasado diciembre con las fuerzas policiales de distintas provincias, el oficialismo volvió a utilizar el mismo discurso, aunque esta vez con algunos argumentos más sólidos.

Los hechos de Córdoba fueron bastante elocuentes, la misma noche en que la policía vaciaba las calles de efectivos, grupos organizados en motos o camionetas, con un modus operandi idéntico, atacaron en distintos puntos de la ciudad y a la misma hora.

En Tucumán los hechos son aún más graves. En los días posteriores a los saqueos, la justicia detuvo a 14 miembros de la policía de esa provincia acusados de colaborar e incitar los hechos de violencia que derivaron en grandes destrozos y muertes. Por otra parte, la represión ejercida por la policía que acababa de acordar su tan mentado acuerdo salarial ante cientos de tucumanos que fueron a repudiar su accionar y el de Alperovich, tuvo que ser dispersada por efectivos de la Gendermería Nacional, pero en pocos segundos lograron golpear, tirar gases y demostrar mediante la más orgánica violencia, porque la mayoría de los tucumanos no apoyaron su reclamo.

En Chaco, el comisario Juan Ramón Canteros fue acusado de abuso de autoridad y se sospecha, incluso, que utilizó el servicio del 911 para realizar llamados convocando a la protesta.

En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la protesta no se hizo esperar y un grupo de policías provinciales se convocaron en las calles 1 y 60 para reclamar un aumento al igual que en las otras provincias. Si bien en este caso no hubo saqueos de magnitud y la policía no dejó en ningún momento sus tareas, fue llamativa la firmeza de algunos efectivos que al grito de “queremos el mismo salario que la Metropolitana” (policía de la Ciudad de Buenos Aires), rechazaban arbitrariamente, la decisión del gobernador Daniel Scioli, que ascendía los salarios básicos a más de 8.500 pesos.

Si bien inicialmente se trataba de conflictos provinciales, el arco opositor y las corporaciones mediáticas acusaron rápidamente al gobierno nacional de lo que estaba sucediendo. Desde Elisa Carrió a Sergio Massa, pasando por Mauricio Macri o el mismísimo Julio Cobos no tardaron en declarar que el oficialismo era responsable por no mandar la gendarmería para calmar la situación. En episodios similares, pero donde el conflicto es protagonizado por docentes, trabajadores de la salud o desocupados, son estos mismos políticos (siempre reforzados por los mensajes mediáticos) los que hablan de que “no se puede tener a los chicos presos de un conflicto salarial”, “juegan con la salud de la gente”, o “tienen de rehén a la sociedad”. Sin embargo, de la actitud de la fuerza policial que tuvo características casi extorsivas, nadie dijo nada.

¿SINDICALIZACIÓN?

Existen, a grandes rasgos, dos posturas bien claras en cuanto al debate sobre si la policía merece tener un sindicato propio o no: por un lado, quienes creen que sindicalizar a las fuerzas policiales sería una posible salida para evitar medidas extremas que pongan al país en una situación como la vivida el pasado mes, y que advierten además que los policías son trabajadores como cualquier otro ciudadano; y por otro, quienes creen que esto solo fortalecería el accionar represivo de las fuerzas, que históricamente se opusieron, principalmente, al pueblo trabajador.

Mientras de un lado y del otro los argumentos son debatidos y rebatidos, la realidad material de los hechos vuelve a superar cualquier teoría: mientras que los saqueos convulsionaban las calles de la capital tucumana, las fuerzas policiales custodiaban las concesionarias de automóviles del gobernador de la provincia. Mientras acordaban su aumento salarial y la gente pedía “que se vayan todos” de forma pacífica en las puertas de la gobernación, los policías, ya en funciones, no demoraron en arrojar gases y palos contra los vecinos con el único fin de que Alperovich pudiera salir del edificio sin sufrir crítica alguna por parte de los manifestantes. Mientras las muertes eran noticia en todo el país y en Plaza de Mayo se celebraba un nuevo aniversario de la democracia con un gran festejo artístico, en Plaza Independencia de la capital tucumana una pancarta sentenciaba “aumento a los trabajadores y no a los represores.”

Amén de cualquier maniobra desestabilizadora, amén las presiones mediáticas y políticas, el diciembre que se acaba de ir dejó sobre la mesa de navidad una pregunta difícil de responder para el kircherismo ¿cómo continuará gobernando con tranquilidad cuando sus medidas se alejan cada vez más de las necesidades de la gente y cuando el aparato represivo ha mostrado sobradas herramientas para generar una tensión difícil de sobrellevar?

Si la respuesta es Milani, el panorama se pone cada vez más oscuro.

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