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La orientación  actual de la política económica del  gobierno nacional representa la capitulación del modelo “capitalista nacional”. El haber cedido a los sectores que reclamaban la depreciación en el tipo de cambio parece marcar un punto de no retorno. Las medidas reconfiguran el panorama político y económico del país, más allá de los que compran o venden la moneda estadounidense.

 

Por Luis Brunetto

Desde el 2011 a esta parte, y aunque parezca demasiado ortodoxo y contradictorio con su propio discurso, la política económica kirchnerista ha girado alrededor del cuidado de las reservas. Una colección de medidas fallidas se implementaron con el fin de evitar la sangría y, con ella, la consecuente depreciación del peso. La colección abarcó todos los tonos del espectro, desde la correcta y prometedora política de pesificación de la economía, a la actual devaluación.

Las causas de la sangría de las reservas no se encontraban ni se encuentran, por supuesto, en el atesoramiento de dólares por la clase media, que en gran medida había abandonado ya la costumbre noventista de ahorrar en verdes. Por el contrario, es en la cuenta energética cada vez más gruesa, en el pago de la deuda externa que el gobierno pretende honrar con una coherencia que envidiarían Menem y Cavallo y en las remesas de utilidades y otros rubros que, restringidas por el gobierno, encontraron en mecanismos especulativos como el llamado “contado con liquidación” (o “con liqui”, en la jerga de la city) ingeniosas vías de escape (toleradas por el equipo económico), donde hay que buscar las verdaderas razones.

Pero la responsabilidad de la cada vez más deficitaria cuenta energética no se le puede endilgar únicamente a la década neoliberal. Todos recordamos que al noventista saqueo repsoliano le siguió el saqueo eskenaziano, patrocinado por el propio Néstor Kirchner en su búsqueda quijotesca y utópica de burgueses nacionales. La familia Eskenazi pagaba la compra de la empresa con las propias ganancias de la compañía, reduciendo a cero los niveles de inversión, hasta que el agotamiento petrolífero obligó al kirchnerismo a semi-estatizar la empresa a principios de 2012. Ahora, la devaluación golpea nuevamente a la petrolera, cuyas acciones cayeron un 15% en la última semana.

Es decir que, en gran parte, el déficit energético que pesa cada vez más fuertemente sobre el balance de pagos, es un producto de la “década ganada”. Unida a la proporción cada vez mayor de los pagos de la deuda externa en relación a reservas cada vez menores, y a las exigencias de las fracciones empresarias proclives a una política de asociación con el capital internacional, configuró una presión devaluatoria que se intentó enfrentar, en términos generales correctamente, con la política de la pesificación, de la que hoy ya no quedan rastros.

Es que la pesificación exigía un nivel de presión e intervención estatal sobre los nudos de decisión y poder económicos inaceptable para un gobierno que no pretende rebasar los límites del régimen social burgués. La presión devaluatoria de la que hablamos, expresada en el goteo más o menos lento, pero inexorable de las reservas, podía ser resuelta con alguna medida represiva decisiva, como liquidar las cuevas cambiarias con unos pocos patrulleros o unos cuantos militantes de La Cámpora. Pero tal política de confrontación con el poder económico exigía una audacia revolucionaria de la que el gobierno constructor de burgueses nacionales carece, una audacia que va más allá de los epítetos contra Clarín y las bravuconadas contra los sojeros que, sentados sobre la cosecha acaparada en los silos bolsa, retuvieron este año, según declaraciones del propio líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, entre 7500 y 10 mil millones de dólares. Unos 40 mil millones de pesos que pasaron a ser, post- devaluación, 60 mil millones.

Fue así que el gobierno, en lugar de tomar medidas contra el acaparamiento de la soja y de liquidar las cuevas en vez de quejarse como una vieja de barrio por el dólar blue, eligió  desandar la política correcta que había iniciado. La necesidad de recomponer o al menos mantener el nivel de reservas, en lugar de ser resuelta a través de una política económica revolucionaria que apuntara a la progresiva estatización del comercio exterior, fue afrontada con medidas cada vez más ortodoxas, entre las cuales se halla la intocable decisión de no “defaultear”. El gobierno se negó a apoyarse en el poder que le dio el 54% de los votos para retomar la batalla perdida en 2008 por la renta agraria, porcentaje que expresaba que las clases populares, que durante el conflicto agrario se mostraron confundidas, habían entendido el problema.

Así, después de haber lanzado la campaña pesificadora con ánimo de cruzado, el equipo económico salió a buscar verdes mediante la implementación de los dolarizados bonos CEDIN y CEDEAR, que además de apoyarse en un vergonzoso blanqueo, apenas juntaron unos centenares de millones, muy lejos de los entre 3 mil y 5 mil millones que el gobierno esperaba. A Moreno, Lorenzino y Kicillof les pasó como a Pugliese, el ministro de economía de Alfonsín, quien le habló a los empresarios “con el corazón, y me contestaron con el bolsillo

 

Te doy Dios, quieres más

Y finalmente, el dólar llegó a 8 pesos. Graciosamente, Capitanich anunció que ese valor representaba el nivel de equilibrio “compatible con los objetivos de la política económica”, como si se tratara de una devaluación planificada por el propio gobierno y no una concesión a la burguesía sojera con el fin de lograr que liquide aunque sea una parte de la cosecha y recomponer reservas.

Pero la potente devaluación difícilmente conmueva el corazón de los sojeros, como las palabras de Pugliese no lo hicieron con el de Macri, Pescarmona y el resto de los “capitanes de la industria” (como se los llamaba entonces) que planearon el golpe de mercado contra el gobierno de Alfonsín en el 89 para imponer sus condiciones tanto al gobierno saliente como al entrante. De aquí probablemente provenga la indignación de Kicillof, quien lanzó ante los periodistas su panfletaria frase “los que nos querían convencer de que el dólar valía un peso son los mismos que ahora nos quieren convencer de que vale trece”. Una frase totalmente correcta, pero extremadamente patética en el marco de una devaluación de casi el 20%  en lo inmediato y de casi el 60% desde el fin del  año pasado. ¿Habrá aquí un mensaje inconsciente? ¿Se hallará el verdadero punto de equilibrio a mitad de camino entre 8 y 13? ¿Partirán la diferencia con los sojeros, con un dólar oficial a 10? De lo que no hay dudas es de que, para los sojeros, como Dios para la chica de Seminare, 8 no es suficiente.

Está claro que el traslado a los precios del porcentaje devaluatorio es una maniobra especulativa e injustificada. El componente importado de la economía nacional, según datos del palacio de Hacienda, es de un 30%. De modo que los empresarios no tienen otro motivo para remarcar los precios que el de aprovechar la coyuntura para elevar la tasa de ganancia y engrosar el saldo exportable, en momentos en que la depreciación del peso redobla la conveniencia del negocio de vender al extranjero.

Con este argumento el gobierno pretende justificar las consecuencias inflacionarias de la devaluación, echándoles la culpa a los verdaderos responsables, como si eso bastara. Pareciera que no se tratara de una responsabilidad suya impedir los aumentos de precios.  Es que sabe que no tiene, ni pretende construir herramientas de control popular, por eso ataca el comportamiento empresario de los empresarios, como si fuera esperable otra actitud. El programa o campaña de “Precios cuidados” que lanzó apenas antes de ceder a la presión devaluatoria, además de haber convalidado los aumentos de fin de año, difícilmente sirva para frustrar las maniobras remarcatorias de industriales y comerciantes de todos los tamaños, porque no se basa en mecanismo alguno de movilización y control populares, y la posibilidad  de intervención de la población en el asunto se reduce a la denuncia telefónica.

En este contexto, las consecuencias de la devaluación sobre el poder adquisitivo del salario de los trabajadores serán graves, sobre todo porque el camino de las concesiones a la clase dominante apenas se inicia. No es casual que la devaluación se produzca luego de la reunión de Axel Kicillof con el Club de París, elemento fundamental de la estrategia de retorno a los mercados y de reendeudamiento, con que el gobierno busca afrontar las consecuencias de la crisis mundial. Agotada la estrategia de apoyarse en una burguesía nacional, necesita ahora del capital extranjero para relanzar la economía. El eje de esa política es la explotación del petróleo de Vaca Muerta y el acuerdo con Chevron, a cambio de cuya financiación el capital imperialista exige garantías no sólo económicas, sino políticas.

¿Será capaz el empresariado de imponer sus condiciones al gobierno y al pueblo trabajador, o la clase trabajadora recurrirá a sus armas históricas, la huelga y la movilización, para presionar sobre las negociaciones paritarias y evitar, como en las luchas del rodrigazo, el zarpazo monstruoso que la burguesía prepara? La década pasada, la década rebelde, nos ha dejado numerosas lecciones con las que afrontar el próximo y decisivo año y medio, en que se decidirá si el país desanda lo conquistado a partir de la rebelión del 2001 o si los trabajadores y el pueblo retoman la iniciativa.

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