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Pese a que en los discursos mediáticos los políticos argentinos se muestren distantes o hasta enojados con las políticas de Estados Unidos, en la práctica concreta se suman año a año nuevas políticas impulsadas por o desde las tierras de Barack Obama.

“Se levanta a la faz de la Tierra

una nueva y gloriosa Nación

coronada su sien de laureles

y a sus plantas rendido un león”.

Pasaron 200 años desde que Vicente López y Planes le ponía letra a nuestro himno nacional; el largo, el completo, el pocas veces conocido, el que habla de libertad, de pueblo y de fieras que quieren devorarlo, el que clamaba por una definitiva independencia. Dos siglos de historia, de batallas, de pensadores, de pueblo oprimido y de pueblo luchando, de conquistas y derrotas, y la actual clase gobernante sigue pensando en ser colonia.

Welcome to Argentina

En sus libros ArgenLeaks y PolitiLeaks, el periodista Santiago O´Donnell da cuenta de varios de los cables internos de órganos estatales de Estados Unidos (filtrados por el sitio WikiLeaks) que involucraban a muchos políticos argentinos que mantenían o mantienen vínculo directo con funcionarios o con la mismísima embajada del país del norte.

A pesar de que discursiva y mediáticamente toda la clase dirigente de nuestro país hable de independencia o soberanía, está más que claro que en los hechos todos buscan la aprobación del gobierno estadounidense. Macri, Massa, Capitanich, Moyano y hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, figuran en las comunicaciones internas del gobierno yanqui. Quién más, quién menos, todos buscan ser reconocidos por Obama y compañía.

Claro que no son sólo palabras. En los hechos, año tras año la influencia de Estados Unidos y sus empresas son una constante en el desarrollo político, económico y hasta militar de la Argentina…

Ley Antiterrorista

En diciembre de 2011 el Congreso Nacional aprobó la llamada Ley Antiterrorista. Con el Frente Para la Victoria con mayoría en ambas cámaras, la ley no tuvo mayor debate y, pese al voto negativo de casi todas las fuerzas de la oposición (desde el Partido Socialista hasta el PRO), el oficialismo logró sancionar esta peligrosa normativa que permite aumentar las condenas de aquellas personas que la justicia considere que “atenten contra la población”, sin dar mayores detalles de qué sería “atentar”.

Esta medida, rechazada además por organismos sociales y de derechos humanos, fue impulsada a pedido del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, bajo el mando de Estados Unidos) con el argumento de combatir a cualquier organización terrorista que pretenda lavar dinero en Argentina.

A pesar de que el oficialismo argumentó que era una ley sólo para cumplir con los organismos internacionales, a menos de un mes de sancionada, la justicia de Catamarca procesó a 9 asambleístas que cortaban una ruta para impedir la circulación de camiones en protesta por la instalación de las empresas de mega minería en Famatina y Andalgalá, y el argumento legal fue que “atentaban contra el orden de la población”, o sea que eran terroristas.

Pero la ley ahora también es aplicada contra periodistas. A principios de mayo, el periodista Juan Pablo Suárez, del portal de noticias “Última Hora” de la provincia de Santiago del Estero, fue acusado de intentar “atemorizar a la población” y detenido en un inusual operativo policial en el cual se allanaron las oficinas de redacción del portal y destruyeron mobiliario y secuestraron cámaras y computadoras. Según la directora del medio, Sandra Judith Wede, los testigos del allanamiento bajaron desde los mismos móviles policiales.

Chevrón y la soberanía perdida

Cuando a principios de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la compra del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la empresa REPSOL, el conjunto de la población “aprobó” la decisión del ejecutivo creyendo que era una medida que favorecía las políticas de soberanía económica y energética. Un año después el mismo gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Chevrón que echa por borda cualquier intento de independencia.

El acuerdo con Chevrón prevé la exención de impuestos y el levantamiento de un embargo que pesa sobre la empresa a nivel internacional por los daños ambientales producidos durante su “estadía” en Ecuador. La primera de las condiciones impuestas por la firma estadounidense fue concedida por un decreto del ejecutivo nacional, y la segunda por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró que el embargo recaía sobre Chevrón Corporation y no sobre Chevrón Argentina.

La tarea principal de la empresa norteamericana es instalar en Argentina la técnica del fracking, un proceso de extracción no convencional para la producción de hidrocarburos que tiene pésimos antecedentes en materia medioambiental, ya que contamina no sólo la tierra sino las napas de agua que subyacen el territorio explotado. Ante el conocimiento de cómo trabaja Chevrón y teniendo en cuenta los casos de Ecuador y Rumania (en el país latinoamericano provocó el peor desastre petrolero de la historia de esa nación y en el país europeo fue frenada su actividad ante los reclamos de la población), organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, pueblos originarios, organizaciones feministas, sindicatos y miles de personas se manifiestan a diario contra la actividad de esta empresa y organizan marchas, charlas, y distintos tipos de protestas.

Frente al reclamo, el gobierno neuquino y el gobierno nacional actuaron con represión policial e indiferencia política, en una clara posición donde el Estado sigue pensando en los beneficios empresariales y no en las necesidades de la gente.

Del norte vengo…y armas tengo

Capítulo 1. La tierra de “Coqui”. En el año 2008, en Chaco, la provincia que era gobernada por el hoy Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, se instalaba un Centro de Operaciones para Emergencias, con el fin de tener un lugar equipado para atender situaciones de urgencia ante posibles desastres climáticos. Este edificio, construido en las inmediaciones del aeropuerto de Resistencia fue, según la versión oficial, donado por la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, otras versiones avaladas en cables del propio gobierno estadounidense indican que no fue la embajada, sino el Comando Sur del Ejército de ese país el que donó la obra en el marco de un programa de colaboración mutua. El gobierno del Chaco nunca aclaró sobre la existencia de algún acuerdo y negó la presencia de una base militar en esa provincia.

Capítulo 2. Sorpresa y media. En febrero de 2011 controles aduaneros en el aeropuerto de Ezeiza demoraron a un avión de guerra estadounidense por encontrar entre su carga material no declarado previamente. Entre otros objetos, los trabajadores de la aduana dieron cuenta de innumerable cantidad de armas, narcóticos y varios pendrives rotulados como “secretos”. Por acuerdos diplomáticos entre ambos países el avión y el cargamento fueron enviados nuevamente a su lugar de origen sin que se pidieran explicaciones del caso, o al menos sin hacerlas públicas. No obstante, es llamativo que el comunicado de la embajada estadounidense en Argentina dijera lo siguiente: “el incidente que involucró la retención de materiales propiedad del Gobierno de los Estados Unidos, relacionado con una actividad de entrenamiento conjunta previamente planeada y aprobada, que por fallas administrativas involuntarias, debieron ser incautados, se ha resuelto satisfactoriamente”. El gobierno argentino nunca dio explicaciones al respecto.

Capítulo 3. Grandes valores de guerra. En septiembre de 2012 el personal del Ministerio de Defensa argentino recibió un curso de formación en cuestiones de seguridad interna, defensa nacional y narcotráfico por parte de tres expertos en esas materias enviados por el gobierno de Estados Unidos. Entre los antecedentes más notables de los enviados norteamericanos figuran: la participación en la guerra de Vietnam (Brigadier Mayor (R) Richard Goetze), el profesorado en Seguridad Nacional en la Escuela Naval (Thomas C. Bruneau) y la coordinación en operaciones de despliegue en zonas como Afganistán o Irak (coronela Aérea Anne McGee).

Capítulo 4. “¡No me dejen afuera!” En su lucha por combatir el narcotráfico, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, también eligió a especialistas del país del norte. Así es que en los primeros días de mayo se supo de un acuerdo de colaboración con la DEA (Administración para el control de Drogas), que es el organismo máximo en la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. El propio Berni aclaró ante medios nacionales la situación: “hemos intensificado los acuerdos de cooperación con la DEA para cruzar datos y organizar cursos de capacitación, pero porque en la Argentina hay un mayor trabajo de control y combate contra el narcotráfico. Unos meses antes, fue el cuestinado jefe del Ejército, César Milani, quién anunció la compra de 35 camiones Hummer nada menos que al Comando Sur de Estados Unidos.

Pero el gobierno nacional no fue el único en buscar el apoyo norteamericano, en estos primeros meses del año los gobernadores de Santa Fe, Antonio Bonfatti, de Córdoba José Manuel de la Sota, y de Buenos Aires, Daniel Scioli, fueron otros de los que recibieron consejos de la DEA, así como la Policía Metropolitana de Mauricio Macri viajó a tomar cursos a las mismísimas tierras yanquis.

En las aulas también

Entre tantas balas, empresas y coroneles estadounidenses, es conveniente no olvidar una de las herramientas más importantes que tiene el imperio sobre las políticas de Argentina: la Ley de Educación Superior. Firmada en 1995 bajo el gobierno de Carlos Menem, esta normativa es la que reglamenta los lineamientos generales de la formación universitaria y terciaria en todo el país y fue elaborada y aprobada a pedido del Banco Mundial. Entre otras características, esta ley es la que hace que los jóvenes se formen como tecnócratas de mercado y no como profesionales críticos en ninguna área y es la que permite la escasa participación del estudiantado en las decisiones académicas.

Mientras los pueblos siguen recibiendo los “latigazos” del perverso sistema capitalista que no repara en seguir explotando y oprimiendo en pos de sostener las ganancias del imperio; mientras siguen resisitendo y luchando por el derecho a la tierra, a la alimentación, a la salud, a la igualdad de género; las clases dirigentes, los que se dedican a la politiquería y no a la política, los que se asocian al mercado en lugar de combatirlo, siguen dando la espalda al pueblo que, no sin bronca, sabe y pelea por demostrar por dónde hay que ir si se quiere llegar a una definitiva independencia.

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