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A falta de un año para la renovación del mandato presidencial, el oficialismo aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, y presentó el proyecto del nuevo Código Penal. Dos medidas a pedido de la derecha, los empresarios y la Iglesia Católica.

Después de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, los Códigos son el conjunto de normas más importantes que reglamentan la vida política, social y económica de la Argentina. Ninguna ley, ordenanza o disposición judicial puede contradecirlos. Es por esto que cualquier modificación que se les quiera realizar debería atravesar un debate serio, amplio y profundamente democrático. Sin embargo, en los últimos meses se han unificado y hecho reformas en el Código Civil y Comercial ante una mirada pasiva de toda la sociedad.

Cuando se habla de participación popular, hay que hacerla valer y, aunque el kirchnerismo se ha jactado durante todas sus gestiones de haber sido impulsor de la participación popular, los hechos marcan que, a excepción de la Ley de Medios, ninguna ley aprobada durante sus mandatos, fue discutida por el pueblo. Pese a que oficialmente se haya dicho que hubo un debate “en numerosas audiencias públicas en todo el país”, lo cierto es que, las modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial se trabajaron a espaldas de la opinión popular y recibieron modificaciones aconsejadas por las cámaras comerciales y la Conferencia Episcopal Argentina. Si bien las audiencias existieron poco y nada se hizo para difundirlas y, si algo no le ha faltado al actual gobierno nacional, es capacidad de propaganda.

Más comercial que civil

Con numerosas críticas de organizaciones sociales, políticas, feministas y ecologistas, el 1º de octubre se terminó de aprobar la unificación y reforma del Código Civil y Comercial. Este paquete de reglamentaciones, que fue sancionado luego de su aprobación (10 meses atrás) en la Cámara de Senadores, es un claro retroceso en materia de derechos para la población.

Agua para pocos

Antes de entrar en debate, el anteproyecto presentado por el juez Ricardo Lorenzetti establecía que “todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. Este punto fue quitado por el oficialismo y, por el contrario, se incluyó un artículo sustancialmente contrapuesto; el artículo 239 dice “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. Con esta drástica modificación se abren las puertas para que cualquier particular (llámese Barrick Gold o Juan Pérez,) pueda hacer uso indiscriminado del agua que utilice en su territorio, aunque a 2 kilómetros haya un pueblo que no reciba una sola molécula de H2O.

Como si fuera poco, los ríos de nuestro país ya no podrán transitarse libremente, ya que se eliminaron los artículos 2.639 y 2.640 que disponían que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. La vera de los ríos, que eran un camino público, ahora quedarán a merced de los dueños de esos territorios, quienes podrán prohibir el tránsito por esas costas, y hacer usufructo de ellas, beneficiando la actividad privada sobre el bien público.

Flexibilizar los derechos laborales

En materia laboral, el Nuevo Código no escatima en complicar la situación de los trabajadores. En ese sentido, desde la Asociación de Abogados Laboralistas emitieron un documento de análisis donde enumeran algunos de los aspectos que afectan al derecho laboral. Entre los más importantes se encuentran:

1) Contratos asociativos:

Por medio de estos contratos dos o más empresas se pueden asociar para realizar una actividad económica determinada y celebrar contratos en nombre de esa asociación. El nuevo Código permite que las empresas que integran estas asociaciones no sean responsables solidarios por los contratos que celebran en nombre de la asociación, pudiendo ellas establecer diferentes grados de responsabilidad y/o de distribución de las deudas entre las mismas. (…) Esto es grave puesto que estas asociaciones de empresas pueden ser efímeras y de breve duración, y por lo tanto, pueden carecer de patrimonio propio suficiente para responder por las deudas laborales propias de la asociación.

2) Sociedad unipersonal de responsabilidad limitada:

Actualmente si el empleador es una persona física (no una sociedad comercial), él mismo responde con todo su patrimonio por las deudas laborales con sus trabajadores. El nuevo Código permite crear sociedades anónimas o de responsabilidad limitada con un solo socio. Por lo tanto, ahora el empleador que sea una persona física puede registrar a sus trabajadores como empleados de la sociedad unipersonal que él solo integra, y por lo tanto, los trabajadores que quieran hacer un reclamo laboral sólo podrán ir contra el patrimonio de la sociedad unipersonal, y no contra el patrimonio de la persona física.

3) Responsabilidad del Estado y de los funcionarios:

El nuevo Código Civil y Comercial establece que sus disposiciones no resultan aplicables al Estado y sus funcionarios, y que todo lo referente a su responsabilidad frente a las personas estará regulado exclusivamente por las reglas y principios del derecho administrativo. Esta modificación afecta a los trabajadores, especialmente a los trabajadores estatales, quienes permanentemente utilizan reglas del Código Civil en sus reclamos para hacer responsable a la administración pública por los accidentes laborales que sufren en sus lugares de trabajo.

4) Eliminación de la función social de la propiedad:

El nuevo Código finalmente sancionado eliminó al art. 15 previsto en el proyecto originario que se denominaba “Función social de la propiedad”, en cuya redacción decía: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”.

Este último punto, afecta no sólo a trabajadores y trabajadoras, ya que la propiedad en la que realicen sus tareas será propiedad exclusiva de su dueño y ya no será considerada un bien común, sino que es una clara señal para conservar los principios privatorios de toda propiedad, en épocas donde el negocio inmobiliario es el que diseña la vida en las ciudades, a pesar de las miles de personas que viven en pésimas condiciones.

Valorar la vida

Quienes se oponen a la legalización del aborto, es decir, quienes se oponen a que las mujeres que deciden abortar lo hagan de manera legal y segura, bajo la atención de los profesionales y con las condiciones que cualquier intervención requiere, son los que dicen luchar por que se “valore la vida”. Estos sectores, encolumnados detrás de la Iglesia Católica, omiten decir que de hecho los abortos ya existen, que las estadísticas marcan que en Argentina que hay un aborto por cada niño o niña que nace y que, culpa de la ilegalidad y de las pésimas condiciones en las que muchas veces se realiza esta práctica, mueren miles de mujeres.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #27 de Noviembre 2014.

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