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El fallo por el asesinato de Mariano Ferreyra, las fallas para evitar y atender la emergencia por las inundaciones, y las dificulades para reformar la Justicia, recuerdan las limitaciones del modelo, a una década del inicio de la era kirchnerista.
Los crímenes

La condena de los asesinos de Mariano Ferreyra es, sin dudas, el dato político que conmueve al movimiento obrero en estos días de mayo, cuando los trabajadores conmemoramos un nuevo aniversario de la masacre de Chicago y, con ella, las innumerables masacres que, a lo largo de la historia, han sufrido las clases oprimidas. El resultado del juicio es un producto del repudio de los trabajadores a la fracción empresarial de la burocracia sindical y, por lo tanto, de la inviabilidad de cualquier proyecto político que asuma abiertamente una alianza con ella. Pero, a la vez, las limitaciones políticas de las sentencias responden a los lazos necesarios que el kirchnerismo debió forjar con las direcciones burocráticas de los sindicatos ferroviarios para sostener el esquema de un ferrocarril en manos de empresarios privados subsidiados. 

Es que el gobierno respaldó una política de persecución del activismo ferroviario (de la cual el asesinato de Mariano Ferreyra  fue una consecuencia no deseada), que se expresó entre otras muchas acciones en las causas a activistas del Partido Obrero por los desmanes en la Estación de Haedo y en la vergonzosa detención política de Rubén “pollo” Sobrero, en la que estuvo personalmente interesado el principal vocero de la versión duhaldista de los asesinatos de Kosteki y Santillán y experto en ese tipo de operaciones, Aníbal Fernández. Se trata de la misma matriz detrás de la cual se esconde la exclusión de los hermanos Cirigliano del juicio por la catástrofe de Once, que ha sido repudiada por los familiares de las víctimas. En este marco, no resulta llamativa la defensa que el propio juez realizó, sin que nadie se lo pida, de Tomada, cuya relación política y respaldo al mantenimiento del poder del pedracismo en la Unión Ferroviaria quedó probada con las escuchas telefónicas de sus conversaciones y las de la viceministra Rial con el propio Pedraza.

A pesar de ser la verdadera raíz de todos estos hechos, el gobierno mantiene empecinadamente su política de subsidiar la ganancia de los grupos empresariales, aún al costo de llegar a resultados risibles, como el alargamiento de las frecuencias del tren Sarmiento a 20 minutos, producto paradójico del plan de renovación de la línea presentado con bombos y platillos por el ministro Randazzo. Es cierto que esta política es absolutamente coherente con su programa capitalista nacional, pero también es cierto que ese esquema podría perfectamente contemplar la estatización de los servicios públicos, como hizo el primer peronismo. Quizá la razón por la que no se modificó el modelo de subsidios, tiene que ver con el mantenimiento de los negociados de la época de Jaime y Schiavi, que habrían sido cortados progresivamente luego del asesinato de Ferreyra y la catástrofe de Once. Pero tal vez, la verdadera razón, haya que buscarla en el protagonismo inevitable que hoy, en la administración de un ferrocarril estatizado, cobrarían los trabajadores ferroviarios. Tal protagonismo, sí, es absolutamente incompatible con el programa capitalista nacional.

Las catástrofes

Si se toma por separado y aisladamente el conjunto de factores que están detrás de las inundaciones sucedidas entre los días del 2 y 3 de abril en la Capital Federal, La Matanza y La Plata, se encontrará en el cambio climático, en la negligencia y corrupción de los gobiernos, y en la ambición de los empresarios de la construcción, las causas de la catástrofe. Si, en cambio, se toma el trabajo de unir estos factores, se encontrará una raíz causal mucho más profunda, de la que aquellos  son solamente expresión: el dominio social de la burguesía.

Efectivamente, el proyecto burgués hegemónico se ha apoyado en el formidable crecimiento de la industria de la construcción, que aunque sufrió en los últimos meses una caída pronunciada, ha sido la rama industrial de mayor crecimiento de la década kirchnerista. Si bien es cierto que, en el interior, tal actividad ha estado en buena parte orientada a la construcción de viviendas populares, el grueso de su crecimiento se ha dado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como en los principales centros urbanos del país, destinada al consumo de las clases de ingresos altos y medio altos. Como lo plantean numerosos urbanistas, tal desarrollo se ha realizado de un modo desenfrenado, sin la construcción de la infraestructura adecuada, regido únicamente por la potencia rectora de la ganancia capitalista. Así planteado, pues, cambio climático, corrupción y desidia gubernamental más persecución de la ganancia como fin de la actividad económica, son las piezas de un rompecabezas llamado régimen capitalista.

Frente a las consecuencias de la catástrofe, la extraordinaria autoorganización popular suplió la acción del Estado en todos sus niveles. Pero tal grado de organización no sorprende: ya el año pasado el tornado del 4 de abril, que dejó sin luz a gran parte del sur del Gran Buenos Aires, provocó la formación de decenas de piquetes y cortes de calles en las barriadas pobres de Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, Matanza, Lanús, etc., para presionar sobre las empresas y el gobierno.

Se trata de dos experiencias de autoorganización, por supuesto de diferente alcance, pero que demuestran que la adhesión al kirchnerismo de las clases populares no es ni ciega ni irracional, y puede ser corroída por el doble efecto del fracaso del programa kirchnerista combinado con la acción de una izquierda que pretende superar la autoproclamación para forjar vínculos sólidos con las masas. Al fin y al cabo, la idea de que a la izquierda del kirchnerismo no hay nada, no es otra cosa que una idea kirchnerista…

Los escándalos

Que la derecha se queje vía Lanata de los métodos “primitivos” de acumulación  “kirchnerista”,  que han dado origen a empresarios como Lázaro Báez o Cristóbal López es, cuando menos, hipócrita. La historia de Papel Prensa debería hacer callar al grupo Clarín. Pero así son las reglas entre tahúres y estas disputas, cuando menos, tienen la virtud de revelar al pueblo trabajador el grado de podredumbre del régimen social y de los mecanismos de construcción política aún en su versión más progresiva.

Junto a la crítica liberal al proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno, la derecha ha encontrado en estas denuncias nuevos bríos. Con esos elementos, el conglomerado derechista que promovió el llamado 18 A intentó ganar terreno. Pero se trata de un conglomerado impotente, asimilable al conglomerado que en Venezuela ha protagonizado la acción fascista del 15 de abril contra el gobierno de Maduro. La furia que llevó al asesinato de 8 militantes y dirigentes chavistas, y a la destrucción de varios Centros Médicos de Diagnóstico Integral y distintas sedes del PSUV, es la misma que mueve a los caceroleros argentinos, sólo que a una escala ampliada por la profundidad revolucionaria real del proceso venezolano. Eso es lo que hace que, lo que aquí es insulto histérico, allí realice su pasaje al acto.

Efectivamente, la crítica derechista a la reforma judicial ha pasado para el gobierno a segundo plano, en relación a la crítica proveniente de sectores afines. Así, el propio Horacio Verbitsky finalizó con una frase lapidaria el artículo en que analizó el proyecto oficial: “Si el problema es el grupo Clarín, no se puede desamparar a los condenados de la Tierra” (El fuerte y el débil, Página 12, 14-4-13). Tal crítica, capaz de producir una sangría en el pegado con alfileres frente interno, bastó para que el proyecto “cerrado y no negociable” se abriera, y terminara concediéndose a Lorenzetti  el mantenimiento de la caja del Poder Judicial, es decir: abortando en la práctica la propia reforma.

Es que el conglomerado gobernante es también un conglomerado impotente, cuya audacia choca contra los límites burgueses de su proyecto. Su combate por la renta agraria resultó en derrota, la Ley de Medios sigue empantanada después de 4 años, la actual reforma judicial seguirá el mismo derrotero. Podrá aún ganar nuevas elecciones aprovechando el carácter impresentable de la oposición derechista, pero si cree que las masas continuarán esperando en la pasividad indefinidamente el pleno empleo y los salarios dignos que les ha prometido, se equivoca.  Inevitablemente, el pueblo trabajador empezará a buscar (ya lo está haciendo) los métodos, el programa y la audacia que transformen su potencialidad latente en la energía revolucionaria  capaz de conquistarlos. Ahí, en la nada, a la izquierda del kirchnerismo.

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