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El súper fiscal, el paladín de la justicia, el señor de apellido de superhéroe, no ha sido más que un instrumento, un objeto, por el cual Estados Unidos ha intentado sostener una acusación permanente hacia la “pista iraní” en la causa del atentado a la AMIA. Esta relación entre el fiscal y la primera potencia imperialista es fundamental para empezar a entender de qué manera operan en nuestro país quienes quieren gobernar el mundo. En los cables que se filtraron y se conocieron al mundo a través de Wikileaks, los estadounidenses insistieron en que Nisman dejara de lado la “pista siria” y la “conexión local” por considerar que seguir esas pistas podían debilitar el “caso internacional” en contra de los acusados de Irán. Además, en el libro “PolotiLeaks, de Santiago O´Donell, se nombra que “en diciembre de 2007, Nisman le presentó a la embajada el borrador de un pedido de captura de los iraníes para ser llevado ante la Interpol, pero el documento de dos carillas no satisfizo a los diplomáticos, y el representante del FBI en la delegación le hizo varias sugerencias al fiscal para mejorar el texto. Dos meses después, Nisman volvió a la embajada con un borrador de nueve carillas que esta vez sí fue elogiado y ponderado por los estadounidenses”. De estas breves menciones pueden sacarse dos conclusiones más que evidentes: Nisman actuaba según los mandatos de la Casa Blanca, y la “pista iraní” fue siempre un objetivo impulsado desde ese mismo lugar.

En otros de los cables Nisman elogia la actitud de Néstor Kirchner a raíz de un discurso en Naciones Unidas en el que le pedía enérgicamente a Irán que dejara de interferir en la investigación.

Entre tanto los servicios de inteligencia, seguramente ocupados en resolver la muerte del fiscal, no tienen una sola pista de qué sucedió con Ismael Sosa, un joven que fue a ver una banda de rock y apareció muerto en una laguna, y que varios testigos aseguran haber visto cómo era golpeado por la policía cordobesa.

 

La muerte

La denuncia impulsada por Nisman, hoy tomada por el fiscal federal Gerardo Pollicita (socio de Macri en su paso por el Club Atlético Boca Juniors), y por la cual está imputada la Presidenta de la Nación junto a altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, parece no tener ningún asidero, a tal punto que la jueza Servini de Cubria no quiso habilitar la feria judicial para darle lugar a esta denuncia, ya que consideró que no había “elementos probatorios” que ameriten esa decisión. De la misma manera el ex secretario general de Interpol Ronald Noble se encargó de aclarar que no existía pedido alguno por parte de Argentina para bajar las alertas rojas que pesaban sobre los sospechados iraníes, uno de los principales puntos acusatorios contra el Ejecutivo Nacional. Entonces ¿Por qué presentó esa denuncia?

Una posible hipótesis gira en torno a presiones de Estados Unidos en represalia por las últimas medidas del Ejecutivo Nacional (el escándalo con los bonistas, la relación histórica de Argentina con Venezuela, el acercamiento a los BRICS y la preferencia comercial para con China son algunos ejemplos); otra es un pase de factura de un sector que formaba parte de los servicios de inteligencia del Estado corridos de su cargo por la propia presidenta el 17 de diciembre de 2014; y por último, una nueva maniobra desde distintos sectores del poder político, económico y judicial por intentar acelerar un hipotético “golpe suave”, en este caso, una muerte dudosa que involucra (bajo el dedo acusador de los monopolios mediáticos y de la derecha política) al gobierno nacional para generar un descontento popular.

El ex senador Leopoldo Moreau sostiene que Nisman quedó en medio de una trampa en la cual se creyó protagonista y, al darse cuenta que sólo era un instrumento más de quienes intentaban complicar la gestión presidencial ya que su denuncia no iba a tener ningún impacto, sufrió una crisis que terminó con su suicidio.

Llamativamente, ningún servicio de inteligencia pudo prevenir ni esclarecer las 3 muertes dudosas que ya se registraron este año en el Servicio Penitenciario Federal, y ninguna de las 51 muertes (oficiales) que se produjeron durante 2014.

 

La responsabilidad del kirchnerismo

La hipótesis que se intentó instalar desde la derecha, que pone al gobierno nacional como primer sospechoso de un posible asesinato del fiscal es, en apariencia, descabellada. Sin embargo, no se puede dejar de nombrar las responsabilidades políticas del gobierno en cuanto a los avances o no de la causa AMIA, las internas en los servicios de inteligencia y la falta de apoyo popular ante un nuevo intento de la derecha de generar una crisis política en su gestión.

Fue el mismo gobierno quién, en 2004, designó a Nisman al frente de la Unidad Fiscal de la causa AMIA  y fue Jaime Stiusso (quién cumplía funciones al frente de la SIDE desde 1972) el responsable de inteligencia de seguir la causa por el atentado aun cuando Gustavo Béliz, por entonces ministro de Justicia de la Nación, lo denunciaba por ser “el poder en las sombras”. De esta manera, y siguiendo la receta “made in Casa Blanca”, el kirchnerismo siguió apoyando la “pista iraní”, descartando las sospechas que caían sobre la línea siria y sobre el ex presidente Carlos Menem.

Las designaciones de Nisman y Stiusso no son casuales, y tienen la misma lógica que la designación de Berni, Milani o Scioli, nombres de la derecha que ocupan lugares estratégicos en la gestión kirchnerista y que generan un alejamiento cada vez más marcado entre este gobierno y los sectores populares.

Ante el revuelo social y mediático, que sacó a la luz varias miserias escondidas en los servicios de inteligencia (como la relación entre representantes de organizaciones sociales, jueces, fiscales, y hasta periodistas que obtenían información de la SIDE), la presidenta de la Nación decidió desarticular el viejo sistema y crear la Agencia Federal de Inteligencia que modificará algunos cargos y nombres, pero que lejos está de desarticular los servicios de inteligencia que trabajan principalmente para la represión estatal. La modificación de la SIDE puede ser un pequeño paso adelante, pero nada se dice de la inteligencia que también tienen el Ejército, la Policía Federal y las policías provinciales que actuaron y actuarán siempre contra los movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles que se atrevan a confrontar con el modelo reinante que no es sólo el kirchnerista, ni el macrista, ni el masista, sino el capitalista.

Ocupados en el caso Nisman, los servicios de inteligencia, el gobierno nacional, los candidatos de todos los partidos y los medios de comunicación, no pudieron dar a conocer ni investigar el dudoso suicidio de Adolfo Rodríguez, un joven de 20 años que fue detenido por averiguación de antecedentes en la comisaría 27° de Godoy Cruz, en Mendoza y que apareció colgado dos horas después en una celda. Tampoco pudieron explicar cómo, al terminar la movilización que familiares y vecinos organizaron para esclarecer su muerte, la propia policía rodeó a los manifestantes y los atacó con sus armas reglamentarias dejando herido a un chico de 14 años.

 

Los que marchan y los que no

Al cierre de esta edición se realizaba la marcha del “18 F”. ¿Se puede decir algo de una marcha convocada por fiscales sospechados de todo? ¿Vale la pena agregar algo sobre una movilización a la que adhieren Cecilia Pando, Bautista “Tata” Yofre, Elisa Carrió y Mauricio Macri? Sólo decir que, aún en el peor de los gobiernos democráticos, apoyar a estos personajes es, cuanto menos, un error.

Los que no marchan son los sectores allegados al gobierno. Es curioso que cuando se habla de desestabilización, de movimientos antidemocráticos, de “golpes suaves”, el gobierno nacional no llame a la movilización popular, no convoque a su militancia y a los sectores que lo apoyan a defender la democracia en las calles. Se puede estar de acuerdo o no con el proceso de Venezuela, pero en cada instancia en que la democracia estuvo en peligro, el pueblo venezolano se movilizó masivamente para apoyar a su gobierno. En la Argentina kirchnerista esto no sucede, quizás, porque nunca le interesó organizar al pueblo para que salga a las calles o, también quizás, porque la palabra popular le ha quedado un poco grande.

Mientras tanto, en distintos lugares de la Argentina, miles de personas se movilizan por justicia en casos de gatillo fácil, por la aparición con vida de cientos de mujeres arrancadas de su hogar, por el rechazo a la instalación de empresas mineras, por salarios dignos, por el respeto y el cese a la persecución del pueblo Qom, por Julio López, y por las miles de injusticias que se suceden a diario, aunque ni Clarín, ni La Nación, ni Página 12 los nombre, y aunque ninguno de los políticos preocupados por la campaña electoral se preocupe por ponerlos en su agenda.

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