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La institucionalidad, en las formas y medidas tomadas por el anterior gobierno, era uno de los aspectos más criticados y vapuleados por los grandes medios. Los partidos opositores al kirchnerismo en los últimos años buscaron continuamente erigirse como faros de republicanismo y ética constitucional.

Durante la campaña previa al balotaje en el que se impondría la coalición de Cambiemos, Mauricio Macri resaltó varias veces su respeto por las instituciones como una de sus principales virtudes en contraposición con el avasallamiento autocrático K. Lo que no decía el actual presidente es que ya para el 2012 llevaba como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires 106 vetos a leyes sancionadas democráticamente a través de los mecanismos constitucionales previstos. Incluso siete de esos vetos habían sido firmados inconstitucionalmente, fuera del plazo estipulado.

Como líder del Ejecutivo, Macri comenzó su gobierno lejos de las premisas que había prometido defender. Con el Congreso de la Nación en receso, empezó un festival de Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU- a través de los cuales se transfirieron las escuchas telefónicas judiciales del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema, se suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, se eliminó la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias y se declaró la emergencia de seguridad pública en el territorio nacional -autorizando el derribo de aviones.

“No está mal reclamar seguridad jurídica porque consiste en hacer previsibles las conductas futuras y por eso no corresponde ningún intento de esquivar al Congreso”, decía en una charla debate Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema.

Particularmente, el decreto 267/15, que establece la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el cual reemplaza a los disueltos AFSCA y AFTIC -organismos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, generó grandes controversias por el avance que supone contra una ley democrática generada en instancias públicas de debate y votada por el Congreso.

En una resolución emitida por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo creado por la misma ley, se dice que los decretos “afectan la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, transgrediendo derechos consagrados en esta norma, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados, así como los estándares de libertad de expresión emanados de los órganos de aplicación e interpretación de dichos tratados”.

Entre estos nueve decretos, a los que se suman otros tres de facultades delegadas, también generó repercusiones negativas el que corresponde al nombramiento de dos jueces en comisión -Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti- para llenar las vacantes en la Corte Suprema. Esta resolución fue considerada de forma unánime un atentado contra la institucionalidad al saltarse la instancia del Congreso en la designación de los jueces, algo insólito en la historia argentina.

Lejos de constituir una novedad, esta práctica macrista ya había sido aplicada y ensayada en Buenos Aires, sólo ocultada durante la campaña electoral, y es ahora ratificada y ejercida gracias al blindaje mediático de las corporaciones comunicacionales que se ven beneficiadas precisamente por alguno de los decretos.

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