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Kiki Lezcano fue asesinado a los 17 años por la Policía Federal, el 8 de julio de 2009. Su amigo Ezequiel, corrió el mismo destino. Los ejecutaron a quemarropa, juntos.

Kiki, fue perseguido por estas hienas uniformadas por negarse a robar para ellos. Lo mataron y lo desaparecieron durante dos meses. El juez competente, libró de culpa y cargo al asesino en el mismo momento que mandó a la familia de Kiki a reconocer su cuerpo enterrado como NN en Chacarita. Luego, el sadismo más execrable de la Federal: un video filmado por los autores del crimen (varios policías) que muestran a Kiki agonizando, mientras es insultado y humillado por estos verdugos “al servicio de la comunidad”. Sin temblores de mano, Kiki fue ejecutado con dos tiros en la cabeza. Y en los peritajes, “las ropas que debían analizarse en la pericia se perdieron en la inundación”, dicen loros de la Federal. La afirmación es verídica y pega como una bofetada. La causa se ensucia, hay muchas cabezas operando.

Cuando hablamos de Gatillo Fácil, hablamos del amparo a los verdugos; de la construcción de consenso para el homicidio institucional y de una justicia que no se guía por el precepto de “hacer el bien sin mirar a quién”. Todo lo contrario: los pibes mueren y los asesinos usan chapa. Contundentes son las cifras: hay, en promedio, un muerto por gatillo fácil cada 28 horas, de los cuales, un 53% son jóvenes pobres menores de 25 años, afirma la CORREPI. El autogobierno de las fuerzas policiales abre paso limpio a la sistematización de esta matanza. Todo se sostiene por una red infalible: los tranzas lanzan el mortífero paco, protegidos por la policía, que se vale de la adicción de los jóvenes pobres en función de obligarlos a delinquir para su propio beneficio. Les dan armas y les aseguran la salida rápida de la comisaría. Si se niegan, “haciendo las cosas mal” buscando recuperarse de su adicción (como hizo Kiki), estos pibes se convierten en víctimas.

El aparato judicial forma parte de todo este entramado. Una forma habitual de deshacerse de la incomodidad que genera un policía que está “hasta las manos”, es reubicarlo en otra fuerza de seguridad, o en otra jurisdicción, como hace la Iglesia con los curas pederastas. Los medios de (in)comunicación, a su vez, juegan apuntando todas las armas mediáticas “al negro villero”, “al pibe de gorrita”, “al pibe chorro” como el causante de la inseguridad que “nos amenaza a todos”.

La causa tuvo avances por la presión que encabezó Angélica, madre del Kiki. Lo que era una carpeta cerrada con el rótulo “Robo automotor – homicidio en defensa propia” y relataba un “heroico” enfrentamiento entre el policía asesino Daniel Veyga y dos jóvenes supuestamente armados que querían robarle, hoy está reabierta y en investigación. El juez Facundo Cubas, responsable del sobreseimiento del asesino, del entierro de Kiki como NN y del trato brutal hacia su familia, hoy está separado de su cargo y pesa sobre él la promesa de juicio político. Luego de 4 años de diversas formas de batallar contra la sordera intencional del sistema judicial, la búsqueda por verdad y justicia está más cerca que en otros años. Sin embargo, en medio de los peritajes que comprometen cada vez más a la Federal, han desaparecido prendas de Kiki, entorpeciendo la investigación en una actitud que convencería a los más escépticos de la existencia de una verdadera mafia que aquí opera.

En estas historias, no hay finales felices. Por un lado, porque aun consiguiendo encarcelar a los responsables materiales del crimen, la ausencia de Kiki no permite pensar en un desenlace feliz. Por otro, porque ni Angélica, ni la familia consideran que lograr justicia para este caso sea el final. Será, un gran paso dentro de la larga búsqueda, que es seguir construyendo la vigencia de un categórico y definitivo Nunca Más.

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