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Tras las últimas medidas económicas, el gobierno nacional parece no encontrar un rumbo a sus políticas, la inflación supera los paliativos y los trabajadores, además de pelear por su salario, deben salir a controlar a los especuladores.

La liberación de la compra de dólares y la devaluación de la moneda que derivó, justificada o injustificadamente, en una escalada de precios carísima para el bolsillo de los argentinos, pusieron al descubierto, una vez más, los límites del “modelo” que representa no sólo al gobierno nacional sino a gran parte de la oposición política.

Adolecen las medidas

Las nuevas condiciones económicas implementadas por el kirchnerismo volvieron a profundizar y a extender más la brecha entre los que más ganan y los que poco tienen. Los especuladores de siempre (que al parecer el gobierno nacional recién está descubriendo) vuelven a jugar con la economía acumulando mercadería, poniéndola al alcance de la gente cuando se les antoja y fijando los precios según le convenga a cada eslabón de la cadena comercial. Según las consultoras privadas, la inflación de 2013 cerró alrededor del 30% (Graciela Bevacqua, ex directora del Índice de Precios al Consumidor del INDEC, midió la inflación en 27,4%  y las estadísticas oficiales cerraron en un 10,5%) y la inflación de enero fue de un 5% sin contar las subidas de precios originadas por la devaluación del dólar que hizo ascender los precios en, al menos, un 20%.

Esta realidad es inocultable, la mida quien la mida, pero para paliar esta ola de aumentos, la presidenta de la Nación anunció nuevas alternativas.

El plan PRO.GRE.SAR es un beneficio de $600 que llegará a poco más de un millón y medio de jóvenes de entre 18 y 24 años “sobre un total de 4 millones de esa misma edad, casi 5 millones de jóvenes que integran ese grupo argentino y donde, casualmente tenemos el mayor segmento de desocupación” según anunció Cristina Kirchner.

Esta medida, similar a la Asignación Universal por Hijo, busca dar un incentivo a aquellos jóvenes que no estudian, para que puedan terminar sus estudios primarios, secundarios o aquellos que deseen cursar estudios terciarios, terciarios. Días más tarde, fue acompañada por otra disposición que intenta equilibrar la balanza de los jubilados, el anuncio de la suba en todas las jubilaciones que se realiza dos veces al año, y que en este marzo corresponderá al 11%. Casi casi una burla.

Claro que el gobierno nacional no tiene la culpa de las subas que proponen los especuladores, que no son sólo Carrefour o Vea (aunque sí tiene responsabilidad en no haber hecho nada para combatirlos durante 10 años) y por eso, para frenar los aumentos desmedidos, planificó un plan de Precios Cuidados, fijando el valor de varios productos (alimentos, bebidas e insumos básicos de limpieza) con las grandes cadenas de supermercado, e incentivando al pueblo a que sea fiscal de los acuerdos de precios y denunciante cuando éste no se cumpla.

Esta medida, discutible en cuanto a sus formas (ya que incentiva a la participación popular por un lado, pero evita que el Estado se haga responsable de sus funciones), es cuanto menos dudosa en sus efectos y no resuelve la cuestión de fondo. Como dice el economista Rolando Astarita  “los controles de precios no solucionan ningún problema que tenga que ver con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los capitales no invierten -y en tanto esté vigente el modo de producción capitalista, la inversión es decisión de los capitalistas-, el control de precios es impotente para revertir la situación. Lo sucedido en Argentina en la última década en energía o ferrocarriles, para tomar dos casos importantes, es ilustrativo”.

Curiosamente, entre los supermercados que recibieron multas tras no cumplir con los Precios Cuidados, se encuentra la multinacional Walmart, empresa que celebraba y anunciaba la propia Presidenta de la Nación meses atrás cuando inauguraba su sucursal número 100.

 Adolecen los trabajadores 

Para los jóvenes desocupados y para los abuelos ya hubo  propuestas para que el impacto inflacionario no sea tan grande. Para los asalariados también las hay.

Además de las nuevas propuestas salariales que se definirán en paritarias (ver recuadro “Estadísticas”) la situación laboral en varios rubros comienza a complicarse y se vuelve a hablar con frecuencia de “despidos”, “suspensiones” o “cesantías”.

La situación más emblemática y preocupante, es la del Polo Tecnológico de Tierra del Fuego, donde casi 3000 trabajadores no retomaron sus tareas luego de las vacaciones. El hecho lo denunció Oscar Martínez, diputado nacional y titular de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande. También en esa provincia la empresa BGH anunció la no renovación de contratos de 500 operarios.

Aunque la ministra de Industria de Tierra del Fuego,  Carolina Yutrovic, dijo que era normal tras un pico de producción que se produce en el verano por la venta de aires acondicionados, y que la empresa BGH  “continuó con el personal contratado un tiempo más y la culminación de los contratos se dio algo más tarde que lo habitual, cuando los trabajadores regresaron de su receso estival”, la realidad indica que en el Polo Tecnológico, el gobierno nacional dio la orden de recortar la compra de insumos al exterior en al menos un 20%, lo que explica un poco más la actual situación laboral.

En Rosario, la empresa Liliana S.R.L. despidió sin causa alguna a 12 trabajadores de la nueva planta instalada en Granadero Baigorria.

Los empleados despedidos consideraron la medida como un hecho antisindical, que ataca directamente a los derechos de los trabajadores, ya que más de la mitad de los despidos son a referentes sindicales.

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