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En medio de este convulsionado panorama, luego de las elecciones altos responsables de la Iglesia Católica se adelantaron en tomar posiciones sobre temas centrales marcando la cancha a todos los que quieren quedar bien con el Papa argentino. A principios de noviembre, la Conferencia Episcopal difundió un duro documento donde se ponía en tela de juicio el rol de las fuerzas de seguridad, la justicia y los distintos gobiernos en el combate al narcotráfico. Como un coro, los políticos del establishment dijeron compartir la preocupación de los obispos, pero nadie se atrevió a centrar sus declaraciones en la cada vez más evidente complicidad del Estado con las mafias. Massa propuso reforzar las fronteras con radares y habilitar el derribo preventivo de avionetas no identificadas. Luego de sus declaraciones, Macri y de la Sota apoyaron la propuesta, mientras que Scioli se mostró dispuesto a dar el debate sobre la ley de derribos.   Bonfatti no se manifestó sobre el tema, pero insistió en la importancia de fortalecer las fuerzas de seguridad y las fronteras, sin hacer referencia a los graves casos de corrupción policial en su provincia.

Todos esquivaron el bulto, pero Scioli se destacó con una gambeta de gran nivel reuniéndose con un grupo de obispos del Conurbano para felicitar la tarea de prevención del delito realizada por la Iglesia y enfatizar que lo más importante es atacar “las causas profundas, desde la salud, la educación, la cultura, el deporte y los valores familiares, y no de militarizar el debate”. Irónico comentario para una fecha donde se discutía el presupuesto provincial para 2014 que contaba con fuertes reducciones para salud y educación mientras se siguen aumentando los recursos destinados a la policía.

La Iglesia Católica también se anotó en el debate sobre el Código Civil que aceleró su tratamiento parlamentario luego de las elecciones. La principal preocupación de la institución religiosa tiene que ver con las modificaciones en el área de familia y por lo pronto han logrado sacar de la reforma la regulación de la manipulación de embriones y el alquiler de vientres aunque no evitó el avance de la simplificación de los trámites de divorcio. Pero su principal logro fue incluir que la vida humana comienza “con la concepción” y no ya “en el seno materno”, con lo cual se considera una persona a los embriones incluso antes de ser implantados en la mujer y dificulta posteriores avances en el derecho al aborto. Sin embargo, el eje de los debates no pasa sólo por estos puntos sino por la inclusión de la “función social de la propiedad” y la eximición de la responsabilidad civil del Estado.

El primero de estos puntos despertó sospechas desde sectores patronales que temen que esta categoría facilite la expropiación de bienes privados, pero la vaguedad de la formulación no despertó entusiasmo por parte de ninguna empresa recuperada y hasta el mismo diputado radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que “no es un tema que tenga gravitación, no hay que asustarse”.  Esto calmó los ánimos agitados de algunos empresarios, al igual que el hecho de que la propuesta oficial finalmente no contempló el debate sobre la propiedad comunitaria de las tierras que pertenecieron a los pueblos originarios. De esta manera el gobierno logró importantes acuerdos con la Iglesia y la oposición, y hasta el mismo Massa afirmó que apoyaría el grueso de la reforma que el kirchnerismo presenta como otra de las grandes transformaciones de la década ganada.

No encontró el mismo apoyo en la ley paralela que presentó el Ejecutivo donde se afirma que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva [multas] es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. La gravedad del asunto radica en que dificultaría tanto los juicios laborales al Estado, como aquellos por casos de corrupción o incumplimiento de deberes de funcionarios públicos (léase accidentes ferroviarios o inundaciones). Se cercena de esta manera la capacidad de las personas por reclamar ante la violación de un derecho, lo cual no es otra cosa que la limitación lisa y llana de derechos.

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