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La interrupción de un embarazo es la decisión que toman hoy miles de mujeres. La legalización de esta práctica que se extiende al número de casi 500 mil abortos al año (similar al número de nacimientos que ocurren anualmente), es, por otro lado, la decisión más postergada en términos legislativos. Por esto, una de las consignas de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito remarca que se trata de “una deuda de la democracia” con la salud de las mujeres.

En el mes de noviembre, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la coalición de más de 300 organizaciones que integran la Campaña, ingresó por segunda vez (habiendo sido presentado en cinco ocasiones) al debate en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Contando con el apoyo de 69 legisladores de todos los bloques políticos a excepción del Massismo, y en un contexto donde no se descuenta la manifiesta postura de la Presidente Cristina Fernández, opuesta a la legalización al igual que Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, los episodios de debate legislativo distan ampliamente de concretar una instancia superadora y resolutiva.

Al igual que en 2011, la única vez en que el proyecto ingresó en el Congreso para ser debatido, la inclusión del tema en agenda fue un logro principalmente de la militancia no sólo al obtener la firma de los legisladores que apoyaron el proyecto; sino por conseguir para el 4 de noviembre una fecha efectiva de discusión en la comisión de Legislación Penal. En aquél entonces, al igual que este año, la iniciativa presentada planteaba la modificación de los artículos 85 y 86 y la derogación del artículo 88 del Código Penal, y fue discutido en comisión en noviembre, cuando había ingresado en el Congreso en abril.

Patricia Bullrich, presidente de la comisión donde se dio la discusión, manifestó que “mi posición y la de mi bloque, Unión PRO, es no poner el tema en agenda porque no es el momento oportuno”. En este contexto la reunión comenzó a las 15 hs. con la presencia de 9 de los 31 legisladores que integran ese espacio y la mayoría de los diputados se hizo presente pasadas las 17 hs. Pese a que se llevó adelante el debate, el quórum no se obtuvo porque no se contaba con el mínimo necesario de asistentes a las 15 hs.

Las dos veces que se discutió el proyecto fue en años pre-electorales y próximos al cierre del ciclo de labor legislativa. Es lógico entonces, tal vez, que el debate se postergue, que los tiempos no alcancen para que el proyecto recorra también las comisiones de Familia, mujer, niñez y adolescencia y Acción social y salud pública. En este marco, se destacan los testimonios de los diputados Manuel Garrido (UCR) y Leonardo Grosso (FPV) que manifestaron respectivamente que “no puede ser que el Congreso no emita una ley cuando hay mujeres muriendo” y que “no podemos resolver un problema social con la policía”.

Parece ser lógico también, sin embargo, que en un país donde se aprueban las modificaciones de un Código Civil que viola la libertad de culto al otorgar la personería jurídica pública únicamente a la Iglesia Católica, las posturas anti derechos sigan obturando la discusión y el dictamen de leyes que beneficien la salud de las mujeres. Parece lógico que siendo el aborto un asunto de salud pública y derechos humanos, cuya discusión se ha dado principalmente en las calles, siga siendo postergado en los debates legislativos de nuestros representantes. Podrá parecer lógico a ojos y oídos necios que sigan muriendo mujeres por omisión del poder político. Pero no lo es.

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