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> Por Rafael Farace
En septiembre del año pasado, Cristina Fernández presentó las metas previstas para el año 2020 en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA). Unos meses después, la Mesa de Enlace salió a la ruta, no en contra de este proyecto sino por el aumento del impuesto rural bonaerense. A cuatro años del voto no positivo de Julio Cobos, el conflicto agrario sigue dándose en el marco de consensos fundamentales que atraviesan a todos los sectores.
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”. Estos son algunos de los objetivos con los cuales se presentó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal a principios de 2010 y que todavía puede leerse en la página web del Ministerio de Agricultura de la Nación. No fue casualidad que la presidenta eligiera el mes de Mayo para presentar el proyecto, puesto que estaba inscrito en las celebraciones por el bicentenario de la Revolución de Mayo y era presentado como un paso más en la soberanía nacional. Sintetizando el Plan, Cristina Fernández dirá que son tres los ejes fundamentales en que se asienta: la soberanía decisional del Estado, la seguridad alimentaria y la promoción del valor agregado en origen. Más adelante, el libro que presenta la segunda versión del PEAA dirá “El emprendimiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial pretende trabajar ambos conceptos: “un gran sueño” y “la transformación de la realidad agroalimentaria y agroindustrial mediante políticas activas para cumplir con ese sueño”.

Con estos principios se iniciaron los debates a lo largo y ancho del país que, según se indica en el libro “Argentina líder agroalimentario”, participaron entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 unos 500 expertos y profesionales de 43 universidades; 7000 productores, trabajadores y empresarios de 23 provincias; 140 cámaras empresariales; organismos internacionales como la CEPAL, la FAO, IICA y el PNUD; 450 Mujeres Agrarias; 340 Jóvenes de la Agricultura Familiar; 1500 docentes y 15000 familias de alumnos de 450 escuelas agrotécnicas de todo el país; entre otros. Vistas así las cosas, parece que estamos ante una de las iniciativas políticas de gobierno con mayor participación activa de la población en la historia de nuestro país. Pero antes de adentrarnos en el Plan, conozcamos mejor la realidad en la que pretende intervenir.
El campo en Argentina
A lo largo de la historia en nuestro país, el campo ha sido uno de los sectores económicos más dinámicos, razón por la cual se ha convertido en eje de todo el sistema productivo local. Para ser sintéticos podríamos decir que el campo es el principal proveedor de la moneda necesaria para las transacciones internacionales (el dólar) y de los capitales que se transfieren hacia otros sectores productivos. Pero el desarrollo diversificado de la economía local aparecía bloqueado recurrentemente por tres razones fundamentales: el bajo crecimiento de la producción agropecuaria, la disminución de las compras de nuestra producción y la caída de los precios de nuestros productos exportables.

Esta situación cambió sustancialmente en la última década debido a que la Argentina logró adaptarse a los requerimientos del mercado mundial orientando su producción a cultivos más demandados (soja), utilizando nuevas tecnologías y expandiendo la frontera agrícola. A la vez, la demanda constante y creciente de bienes agropecuarios y el aumento sostenido de sus precios internacionales, permitió que el flujo de dólares hacia nuestro país no sólo no se detenga sino que llegue a dimensiones nunca antes vistas.

Nota completa en la edición impresa. MASCARÓ #3

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