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Por Daniel Cecchini

La criminalización de las protestas indígenas es, desde hace años, un sello distintivo de los gobiernos cuasi feudales de casi todas las provincias del norte argentino, sin que sus signos partidarios marquen mayores diferencias. Para implementar esta política, los poderes Ejecutivo y Judicial locales -cuyas fronteras son más que difusas- actúan como un sólo bloque: el primero denuncia o apoya las denuncias de los actores del poder económico provincial; el segundo opera en consonancia. El resultado es una lluvia de causas judiciales que, sin pausa, cae sobre quienes defienden sus territorios ancestrales, reclaman por derechos conculcados o exigen un trato igualitario ante la ley. El caso de Agustín Santillán es paradigmático. En este sentido, la Formosa gobernada de manera ininterrumpida por Gildo Insfrán desde 1995 es un caso de manual. La población indígena de la provincia no es desdeñable y está compuesta por cuatro pueblos. Los más numerosos son los wichí, distribuidos en 82 comunidades por casi todo el territorio; hay también 38 comunidades del pueblo qom, 22 pilagá y alrededor de unas veinte de la etnia nivaclé. “Nosotros hemos tenido en esta provincia represiones muy brutales. La más brutal, que fue también la más conocida, fue en la Comunidad qom La Primavera, el 23 de noviembre de 2010, cuando hubo un indígena muerto. Fue muy fuerte, se enteró todo el país. Por eso ahora el gobierno utiliza el mecanismo de judicializar a los representantes de las comunidades indígenas que hacen reclamos. Entonces, los toman porque estuvieron en un corte y les arman causas. A cada uno le hacen ocho, diez, doce causas. Los acusan de lucha en banda, con armas, por desacato a la autoridad, y cada una de esas causas tiene su ley. Algunas son excarcelables, otras no. Con eso los obligan a ir a tribunales, hacen que vaya a buscarlos la policía. Con eso quieren meterles miedo”, cuenta el sacerdote Francisco Nazar, vicario del Obispado formoseño para las comunidades indígenas. “La gente blanca sabe que tenemos nuestro estatuto, nuestra ley, pero no nos reconocen la autoridad. En lugar de responder a los pedidos de derechos, nos responden armando causas para callarnos. Tengo dos pilas así de causas”, dice Francisco Torres representante de la Comunidad wichí Potrillo, en el Departamento Ramón Lista. Casi sin defensa legal, acorralados en un movimiento de pinzas que combina causas judiciales y represión, los indígenas formoseños resisten como pueden.

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