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Según la FAO, 2014 es el “año internacional de la Agricultura familiar”, pero si se pensara en los trabajadores y trabajadoras del campo, se debería apostar a alcanzar una soberanía alimentaria con desarrollo y cuidado del ambiente. Casi lo opuesto a lo que genera la lógica de los agronegocios.

Los planes para el desarrollo del campo argentino, y para la alimentación de los habitantes de nuestro suelo, así como también (y fundamentalmente) de los millones de chanchos chinos que tiene capacidad de engordar nuestro país, están representados en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA) que el gobierno nacional lanzó en el 2010. Adornado por objetivos irreprochables como la “soberanía alimentaria”, frases correctas, humanistas como “erradicar la pobreza extrema”, y ecológicas como “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, el PEAA plantea aumentar en más de 10 millones la cantidad de hectáreas sembradas, con el objetivo de incrementar en 10 años un 148% el ingreso de dólares por la exportación y comercialización de granos.

Ahora bien, para alcanzar este “desafío” se apuesta a la profundización del modelo actual de agronegocios. Los desalojos a campesinos y los conflictos por las tierras con pueblos originarios, forman parte del “daño colateral” de la expansión de la frontera agropecuaria, como también lo es el desmonte de bosques nativos, y el incremento anual del 7 por ciento de la cantidad de agroquímicos que riegan los suelos, arroyos y pueblos del país. El desarrollo de nuevas semillas con sus nuevos cócteles, se enmarcan en la posibilidad de optimizar el rendimiento de cada hectárea, y el proyecto de modificación de la Ley de semillas y patentes no es otra cosa que un paso más en la dominación de los ideólogos del modelo: la grandes compañías agroalimentarias.

Vuelta al campo

Lo que está probado es que continuando con el mismo modelo que nos ha traído hasta la situación actual, no sólo sería imposible alcanzar una verdadera soberanía alimentaria, sino que se seguirá exponiendo a enfermedades, contaminación y muerte a una gran parte del pueblo argentino. Es inmediato que se pare con el nivel de uso de agrotóxicos que se está aplicando sobre los campos, que haya controles, estudios sanitarios, ambientales y que paguen los culpables.

El asunto y gran dilema es que si se pretende seguir sosteniendo el ritmo de vida y consumo, y la forma organizativa de nuestra sociedad, tanto en la división del trabajo como en la distribución de una población eminentemente urbana, será imposible modificar el actual sistema de producción de alimentos.

Habrá que repoblar el interior y los campos, habrá cambiar el modo de relación con las grandes empresas agroalimentarias, repartir la tierra de un modo más equitativa, limitar el accionar de los pooles de siembra, así como la de los grandes terratenientes, y cambiar la dirección de los proyectos de ciencia e investigación puestos hoy al servicio del agronegocio.

Según los datos del Censo 2010, en Argentina la población rural es de 3.599.764 (si se considera a las personas que viven en el campo abierto, así como también a quienes habitan localidades con menos de 2000 personas). Con esa cantidad de personas trabajando y viviendo en el campo (y, por decantación, con todas las otras viviendo en las grandes ciudades, consumiendo y consumiendo) es muy difícil que se pueda lograr revertir la situación.

Se debe implementar una política de desarrollo rural orientada a la recuperación de la soberanía alimentaria con los trabajadores y trabajadoras del campo, mejorando sus condiciones de vida, recuperando y estimulando la tradición cooperativa de los pequeños productores y campesinos, fortaleciendo las economías regionales y la diversificación productiva tanto en granos como en ganadería y lechería. Claro que para esto el Estado deberá marcar presencia, haciéndose cargo no sólo de la cadena que va desde la producción hasta la comercialización, generando igualdad para las distintas actividades y regiones del país.

Pretender otro modelo diferente al propuesto por las corporaciones y el gobierno no significa denostar la técnica, la investigación y las tecnologías, sino recuperarlas para que el pueblo lleve adelante, de manera sana, ecológica y responsable, la tarea y el derecho de generar la comida para los 40 millones de argentinos y los otros 400 millones que, solidariamente, se pueden alimentar gracias al trabajo y la virtud de nuestra naturaleza.

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