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La sociedad de hoy consume productos y cuerpos puestos en un mercado cuyo denominador común es convertir a las personas en mera mercancía. El papel de los aparatos del Estado en las redes de trata, en días de crisis interna dentro del aceitado andamiaje del delito organizado.

“Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres”.

Che Guevara

Hoy, en el año 2015 hay personas que viven bajo condiciones de esclavitud. Hay mujeres explotadas sexualmente, niñas y niños obreros, cuerpos-máquinas que trabajan a destajo, familias llevadas a la servidumbre, madres a las que se les quitan sus bebés para ser vendidos con diversos fines. Es un horror.

Es difícil de comprender que más de 200 años después de que la Asamblea del Año XIII planteara (parcialmente) la abolición de la esclavitud, haya gente que siga traficando gente.

Nadie pudo detener el crecimiento de la trata de personas. Ni la SIDE (y la heredada Secretaría de Inteligencia), ni los investigadores de la Federal y de las demás policías provinciales, ni los agentes secretos de la Gendarmería y los espías que responden a las tres fuerzas del Ejército; tampoco los informantes de los jueces, de los fiscales, los políticos con sus asesores, las monjas, los curas, los obispos ni el Papa argentino. Es decir que todas esas cabezas con sus respectivos ojos que miran y esas orejas que escuchan no sirven para ver ni escuchar qué pasa con las personas que son secuestradas, trasladadas, hacinadas, explotadas sexual y laboralmente en nuestro país. No ha mermado, al punto de que lo más correcto sería decir que la trata crece de la mano de todos esos actores.

En el capitalismo hombres y mujeres venden su fuerza de trabajo a un patrón para producir riqueza a cambio de un salario. Esos obreros explotados tienen la capacidad histórica de pensarse libres y organizarse para poder transformar esa realidad. En los casos de trata esa explotación arranca a las personas directamente su humanidad y sus cuerpos son comprados, vendidos, colocados en el mercado como otra mercancía. Esas mujeres, niñas, niños, hombres, son mera carne desechable que, mientras se mantiene en estado, le genera al sistema mucho pero mucho dinero.

 

UN NÚMERO POR PERSONA

Si bien es difícil de corroborar datos sobre cualquier actividad clandestina, la ONU estima que anualmente en todo el mundo son tratados 4 millones de adultos y 2 millones de niñas y niños. En América Latina, si se toma en cuenta la cantidad de personas explotadas dentro del continente y las que son trasladadas a Europa y Estados Unidos, se calcula que entre 700 mil y 2 millones son víctimas de trata cada año.

En ese circuito de redes internacionales, Argentina juega un papel importante. El movimiento interno y global sigue la lógica de la división internacional del trabajo y del destino de las materias primas: familias, mujeres, niñas y niños de regiones y países pobres son trasladadas hacia ciudades y países ricos.

Según las estadísticas de Naciones Unidas se calcula que el mercado mueve 32 mil millones de dólares en todo el mundo, constituyéndose en el segundo negocio ilegal del planeta, superando en el podio al narcotráfico y colocándose apenas por detrás de la venta de armas.

El dinero en negro proviene y alimenta más dinero ilegal. Prostitución, juego, negocios inmobiliarios y lavado de dinero continúan la rueda. Los grandes costos del negocio se calculan en los sobornos, coimas y acomodos en los distintos poderes del Estado. Otra parte se logra blanquear por medio de negocios legales e incluso aportes solidarios a campañas políticas. Ahora bien, la trata de personas, como tantas otras actividades denominadas ilegales, lejos de ser una trampa, una fuga o atentar contra el orden económico vigente, es parte constitutiva y un sostén fundamental para el desarrollo del capitalismo mundial en la actualidad.

El peso del crimen organizado en torno a la trata, y el papel que el negocio juega en relación a los poderes del mundo se percibe en las idas y vueltas que los estados han recorrido para consensuar una legislación internacional. Recién en el año 2000 se dictó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. El texto hace equilibrio entre la línea de la defensa de los derechos humanos y el principio de “libertad” neoliberal.

Como señala el miembro de la Red NO a la trata, Alberto Ilieff en su ponencia La trata de Personas y el capitalismo: “en la definición son incluidas una serie de condiciones necesarias para tipificar como delito a la trata, estas son: amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios. Si no se logran probar ninguno de estos extremos no aparece configurado el delito”.

De este modo, basta con que una persona mayor de 18 años diga que está trabajando por propia voluntad más de 16 horas, en un cuartucho hacinado, atada a una máquina de coser para que no se considere un caso de trata. Lo mismo podemos extenderlo a otros rubros donde las amenazas y los aceitados mecanismos de extorsión que emplean los tratantes pueden condicionar el testimonio y la autoproclamación de persona libre por parte de la víctima.

Vale remarcar que, en Argentina, los casos que llegaron a judicializarse se atendieron conforme este concepto de la trata que se legitimó con la puesta en vigencia de la Ley 26.364 en 2008. Recién el 28 de enero de 2015, el Poder Ejecutivo aprobó parcialmente la reglamentación de la Ley y le incorporó modificaciones a raíz de las críticas en relación al uso que la justicia hacía del concepto de la “propia voluntad” y otras ambigüedades y vacíos en relación a la contención de las víctimas. Los cambios se discutieron parlamentariamente en 2012, y allí fue vital la lucha de organizaciones sociales, de derechos humanos, ONGs y el efecto mediático y social que implicó la absolución de los detenidos acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.

Las políticas públicas referidas a la problemática que ensayó el gobierno kirchnerista, se centraron fundamentalmente en concientización sobre el consumo de prostitución y la prohibición de la publicidad en diarios de los famosos ofrecimientos sexuales del rubro 59. Esos han sido pasos importantes al menos a nivel de visibilización de un problema real y concreto. Según el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde la aprobación de la Ley en 2008 se han liberado más de 7.500 víctimas de trata. El organismo detalla que el 52% de los casos se trató de personas sometidas a explotación laboral y el 48% restante a la explotación sexual.

Cada una de esas vidas recuperadas es un triunfo frente a la opresión más descarnada. Pero el número parece chico si se considera que en el movido año 2008 en que comenzó el conteo y en que se realizaron numerosos allanamientos desde el Ministerio de Trabajo en establecimientos agropecuarios, se estimaba que la esclavitud laboral alcanzaba en el campo adentro y las quintas del conurbano bonaerense entre los 100 mil y 130 mil personas, a lo que había que sumar los más de 25 mil costureros y costureras engrilletados a sus máquinas de coser en los 5 mil talleres clandestinos de Capital Federal y el gran Buenos Aires. Todo esto sin contar a las víctimas de explotación sexual.

Lo que es evidente es que a nivel judicial se ha avanzado muy poco y que las corporaciones y los entramados que manejan el crimen organizado no han sido desmantelados.

Según datos del Programa de Rescate, en el 40% de los casos relacionados a explotación sexual que se desactivaron había protección y complicidad policial. En cada banda que se logra desmantelar caen varios funcionarios de las fuerzas provinciales o Federal. No obstante, las causas por trata, tráfico y trabajo esclavo no abundan y no avanzan.

 

EL JUEZ TESTIGO

Norberto Oyarbide posa parado junto al orgulloso padre de la novia. Quien se casa es Lorena Martins, hija de Raúl, un ex agente de la SIDE. En 2011, años después de la foto, Lorena acusará a su padre y a otros agentes de inteligencia (entre los que se encuentran el Lauchón Viale y Jaime Stiusso) de manejar una red de prostíbulos y de trata de mujeres en Capital Federal y en la triple frontera, así como también de ser propietario de varios locales en Cancún, México. La causa cae a manos del Juez Oyarbide. Lorena se queja, dice que el magistrado no puede atender el caso porque es amigo de Raúl Martins. La justicia finalmente dice que Lorena no puede acusar a su padre porque es su hija, y eso no cuenta. La causa está parada ahora en otro juzgado, pero tampoco avanza.

Si bien los agentes de inteligencia no suelen gustar de ser fotografiados, Raúl Martíns también fue retratado junto a Mauricio Macri (a quien le facilitó dinero para su campaña política) y Juliana Awada (esposa de Mauricio y dueña de la marca de ropa que lleva su apellido, denunciada por la ONG La Alameda de ser una de las más de cien empresas textiles que confeccionan sus prendas con trabajadores esclavos).

A Oyarbide sí que le gustan las fotos y no se hace tanto drama en posar para las revistas, aunque tampoco le hace gracia que le recuerden aquel video de mediados de los 90 en que aparece dentro del prostíbulo Spartacus.

Según contó Lorena Martins a la Agencia Paco Urondo desde España (lugar donde buscó refugio tras las amenazas que sufrió desde que comenzó a ventilar los negocios de la SIDE), su padre empleaba el mecanismo de filmar con cámaras secretas en sus cabarets a funcionarios políticos y de justicia, para luego extorsionarlos y conseguir amparo.

Quiso el destino que al juzgado de Oyarbide cayera también, hace un par de años, la causa que tenía procesados a los dueños de la textil Soho por explotación laboral en sus talleres. Amparándose en la legislación vigente, Oyarbide sobreseyó a los gerentes de Soho argumentando la “propia voluntad” de las víctimas y, al mismo tiempo, sostuvo que ese sistema de explotación sería herencia de “pautas culturales de pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría” de los costureros, y que se trata de “un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa”. Una aberración.

Norberto Oyarbide forma parte de la corporación judicial, su actuación resume el papel de la justicia a la hora de resolver causas que implican al crimen organizado. Esta relación se hace más estrecha en el interior del país y en ciudades donde el dinero en negro es mayor al PBI local.

 

CUANDO LA REALIDAD SE LLAMA FERREYRA

Ezequiel Ferreyra tenía 6 años cuando murió de cáncer en noviembre de 2010 tras aspirar y tocar la sangre y el guano de las gallinas, y manipular venenos, al trabajar junto a sus padres recogiendo huevos para la empresa avícola Nuestra Huella.

Según narra la cooperativa La Alameda, que había denunciado y filmado con una cámara oculta al pequeño Ferreyra cuando tenía 4 años realizando tareas agropecuarias, “Ezequiel fue traído desde Misiones con su familia a fines de 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones por un trabajo estable y una casa segura, donde los chicos crecerían en el campo y junto a la naturaleza”. La denuncia de la Alameda fue tomada por la justicia recién después del fallecimiento de Ezequiel.

Las empresas trabajan bajo el régimen de objetivos por producción, que son inalcanzables para una persona. Ahí es cuando el resto de la familia comienza a trabajar. Es decir que trabajan cuatro o cinco personas por el salario de una sola. Esta modalidad es muy común en los establecimientos avícolas, en quintas frutihortícolas y otros trabajos de recolección o cosecha manual.

El secreto de la rentabilidad de estas empresas es la gran cantidad de mano de obra con salarios bajísimos. La superexplotación optimiza la ganancia de los patrones, así como también favorece el crecimiento del PBI del país.

Tras la muerte de Ezequiel, la empresa Nuestra Huella se encuentra imputada por trabajo infantil y trabajo esclavo. Los huevos producidos por esta empresa, cuyo nombre comercial es Avicoper, forman parte de la lista de precios cuidados.

 

TODOS TRATAMOS

La esclavitud opera silenciosamente o, mejor dicho, al amparo del silencio y la indiferencia de un sector importante de la población. Son construcciones sociales. Una sociedad que acepta como verdad y algo coherente el hecho de que los medios de producción deben estar en manos privadas, termina asimilando que a una persona se la pueda considerar propiedad de un patrón o proxeneta.

En la explotación sexual opera el machismo y la misoginia que permiten que la sociedad tolere, goce y financie un sistema que hace que mujeres, niñas, travestis, trans, tengan que entregar sus cuerpos para satisfacer el deseo de una buena cantidad de hombres que pueden pagar para poseerlas.

Por su parte, la pasividad con que se tolera socialmente la explotación laboral se explica con la desigualdad y la pobreza extrema. El que no trabaja no come y si no trabajás es porque no querés. El que no llega a comer con lo que le da su fuerza de trabajo, “se somete” y “esfuerza” por trabajar más horas y aceptar las condiciones que se le imponen (muchas veces al trabajador y a su familia, pareja e hijos). La falta de otras oportunidades y la pauperización de sus condiciones materiales dan marco a la explotación en condiciones de servidumbre, así como al trabajo infantil.

En la sustracción y venta de bebés opera un discurso de trasfondo moral y religioso: la caridad (ver recuadro La mano que mece la cuna). En la viña del Señor todos tenemos algo para dar: unos plata, otros la vida. Desechada la posibilidad de que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y abortar un embarazo no deseado, la Iglesia completa su doctrina y poder instalando la idea de que una niña menor de 18 años no puede tener un hijo, de que una madre soltera sería muy mal vista por Dios y la sociedad, así como tampoco es de buena cristiana ser pobre, tener más de tres o cuatro hijos que no puede mantener y sumar otro bebé en camino. En todas estas situaciones, lo mejor es que una familia rica le dé al niño o niña lo que jamás podrá darle una familia pobre y al menos recibir algo material a cambio para afrontar la dura vida que sigue. Al fin y al cabo, ambas partes estarían teniendo almas cristianas y caritativas.

El denominador común, tanto en la explotación sexual, laboral y de tráfico de bebés es la promesa de un porvenir próspero, y la salida a la situación de miseria de los lugares en que nacieron y viven es el gancho más universal y el anzuelo con que los reclutadores engañan a las víctimas. El único pecado cometido para recibir tanta maldad y horror es la pretensión de vivir mejor, más humanamente.

Es importante comprender que esta realidad no es producto de la existencia de un grupo de perversos y siniestros personajes con la cara de Gargamel capaces de explotar a niños y niñas, sino que se trata de un plan organizado con un entramado sistemático, tan planificado como el capitalismo, tan minuciosamente diseñados como los galpones de las gallinas ponedoras en los que los recipientes a donde van a parar los huevos están puestos a la altura de la mano de los niños y niñas.

Más allá de que es necesario orientar los esfuerzos en incomodar y señalar las responsabilidades de los consumidores, de los ciudadanos que miran para otro lado y así achicar el mercado de los explotadores, el Estado debe asumir una posición más firme si se quiere terminar con la esclavitud en el siglo XXI. Claro que para eso deberá resignar la parte de la torta que le toca, y que hombres y mujeres que ocupan cargos en los distintos poderes asuman una cruzada contra el sistema que los contiene.

Es difícil pensar que la nueva Agencia Federal de Inteligencia pueda aportar en esta lucha.

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