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La aplicación de la Ley de Medios no sólo tiene que ver con la desinversión de los grandes grupos económicos que manejan la información. A la par abrió una serie de debates vinculados a la real democratización del espectro audiovisual. Voces de diversos sectores plantean sus aportes y críticas a la ejecución de la normativa.
> Por Sofía Alberti y María Petraccaro

“La crisis causó dos nuevas muertes”. Aquel titular del diario Clarín del año 2002 tras el asesinato de Kosteki y Santillán en Avellaneda, se constituyó en hito de la construcción de sentido con la que los medios masivos operan socialmente. Ya dos años antes, durante 2000 y 2001, el sistema económico, la representatividad política y la sociedad movilizada por un sinnúmero de injusticias, se ponían en jaque mutuamente, generando una de las crisis más importantes del último medio siglo en nuestro país. Crisis que no dejó afuera de la volteada a quienes bocetaban retratos de la realidad desde los medios masivos de comunicación.

Si bien desde la recuperación democrática hubo diversas experiencias en lo que a comunicación alternativa concierne, fue con la crisis de inicio de siglo que se dio una proliferación de medios populares. En aquel momento, en el que el asesinato de militantes eran daños colaterales de la crisis, los sectores movilizados sintieron la necesidad política de tener vías de expresión y comunicación que no encontraban en los medios que manejaban los grandes grupos empresarios.

La necesidad se hizo acción y surgieron innumerable cantidad de medios alternativos, en soportes diversos, que intentaron darle voz a los que querían hablar y eran silenciados. Esa acción generó nuevas necesidades. Entre ellas, la de la supervivencia. La exigencia de legislar sobre un espectro radiofónico y frecuencias televisivas concentradas en términos de propiedad y limitadas en su cantidad en comparación con la demanda, dio el puntapié a los “21 puntos por una radiodifusión democrática”, que servirían de base a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en 2009 y reglamentada en 2010.

A dos años de su puesta en marcha, enmarcada en una confrontación político judicial entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín, ha habido una aplicación parcial de la normativa. Si bien marca un avance claro en torno a la derogación de una ley impuesta por la dictadura genocida, hay puntos que aún generan debate, representan significativas ausencias de contenido y plantean nuevas luchas.

El fantasma del 7D

Producto de las acciones judiciales esgrimidas por el Grupo Clarín para evitar desprenderse de sus licencias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso como fecha tope el 7 de diciembre de 2012 para que ese y todos los grupos empresarios se adecuen a la misma. Si bien el emporio propiedad de la señora Ernestina Herrera de Noble no es el único que debe cumplir con la normativa, se ha convertido en los últimos tiempos en el principal enemigo del gobierno kirchnerista. Es que, a nivel nacional, el grupo es poseedor de 213 licencias de televisión por cable más que las permitidas por la ley y está excedido en un 150% en el espectro radioeléctrico.

Propio de su capacidad de instalar temas y generar mística sobre hechos puntuales, el kirchnerismo lanzó una campaña con la consigna “El 7D todos adentro de la Ley”. Con una estética destacable y una claridad conceptual importante, el spot televisivo muestra la concentración que el Grupo Clarín detenta. De este modo instaló una idea de quiebre centrada en ese día, cuando no sólo Clarín, sino también el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano y otras grandes empresas deberán, por diferentes motivos, dar el paso que cumpliría el primero de los dos grandes objetivos de la norma: la desconcentración mediática (ver recuadro pág. 10).

Guillermo Griecco es parte del staff del periódico El Eslabón, publicación independiente que nació hace 13 años en la ciudad de Rosario, y miembro de la Cooperativa de Trabajo La Masa, un colectivo compuesto por una veintena de trabajadores de prensa, que desde 2008 desarrolla, entre otros emprendimientos, el portal web Redacción Rosario. “El 7D se juega mucho porque trasciende la discusión sobre los medios: se juega un proyecto de país”, sostuvo el periodista. “Vamos camino a un hecho histórico, importante para los trabajadores de prensa, para los medios y los receptores que van a tener la posibilidad de elegir otras voces. Pluralidad informativa es de lo que se trata”, aseguró.

Sin embargo hay quienes consideran que lo más importante del 7D es el día siguiente: ni más ni menos, el momento de seguir trabajando por las reivindicaciones que la ley no aborda. Tal es el caso de Carlos Del Frade, periodista, investigador y escritor rosarino. De larga trayectoria militante, desarrolla su tarea periodística por fuera del circuito comercial de medios, de donde sucesivamente fue desplazado.

“La ley no va a cambiar la realidad. Ninguna ley lo hace”, disparó Del Frade, no sin aclarar inmediatamente que está a favor de la misma. Pero explicó que, especialmente en las grandes ciudades del interior, la política de comunicación, “seguirá siendo manejada por los mismos inquilinos y va a ser muy difícil que abran sus puertas y que generen una producción propia respetando el trabajo de los productores locales. Eso va a generar nuevas luchas”.

A la gran pregunta de qué pasará después del 7D, el periodista respondió levantando sus hombros, concluyendo que el 8 de diciembre habrá que seguir trabajando como siempre, sobre todo para que los nuevos medios se puedan sostener.

Justamente, uno de los mayores inconvenientes previsibles no versa sobre la desinversión, que incluso podría concretarse por la fuerza, si el Estado así lo dispone. Es otro de los grandes objetivos de la ley el que genera más dudas que certezas sobre su real aplicación. ¿Qué es lo que se pretende cuando se habla de democratizar la comunicación? ¿Qué mecanismos establece la nueva normativa para ello?

Aire en disputa

Más allá, a veces al costado, por arriba o por abajo de los medios comerciales, existe desde hace muchos años un amplio abanico de medios que se han autoproclamado, como alternativos, comunitarios, y/o populares. Su definición no es sencilla, ya que no se trata tan sólo de medios “chicos”. Tienen características económicas, políticas, sociales y culturales completamente distintas a las de las empresas periodísticas o de entretenimiento, sean del tamaño que sean.

La ley, en su artículo cuarto, se encarga de definir a las “emisoras comunitarias” de la siguiente manera: “Son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.

Lamentablemente, en todo el resto de la normativa, que consta de 166 artículos, no se las vuelve a nombrar. Lo que es aún peor, en el artículo 21 delimita tres tipos de prestadores de servicios de comunicación audiovisual: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. Si bien diferencia entre pequeños, medianos y grandes a los lucradores, no hace ningún tipo de salvedad a la hora de legislar sobre aquellos prestatarios que, en teoría, no tienen intenciones de generar ganancias. Así las cosas, entidades tales como la Fundación Noble, la CGT o la AFA, tendrían los mismos beneficios y los mismos derechos que la Radio El Algarrobo o el canal de televisión que armaron los pibes de la organización social de la esquina.

Lo que son las vueltas de la vida: la enorme lucha que implicó la instalación en la agenda de la necesidad de derogar la ley de la dictadura y elaborar una nueva, de la democracia, fue encabezada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, productora de los famosos “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”. Colectivo que fue conformado, entre muchos otros actores, fundamentalmente por medios comunitarios.

En 2004, se creó la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que agrupa a radios, televisoras, colectivos de comunicación audiovisual, agencias de noticias, medios gráficos y grupos de formación y soporte técnico de todo el país. Desde su conformación, uno de los ejes principales de su lucha fue el del reconocimiento de los medios populares y, en un plano más general, la democratización del espacio comunicacional.

Por eso, desde que se inició el proceso de discusión de la llamada Ley de Medios, la Red participó de todas las instancias de debate que se abrieron antes y durante su tratamiento en el Congreso de la Nación. Allí, planteó una serie de cuestionamientos al proyecto, que incluían la modificación de más de 15 artículos para que se contemplase a los medios alternativos en la legislación, para que pudieran acceder a determinados beneficios, para que se los incorporara a las autoridades de aplicación e incluso proponiendo que en el texto de la norma se legislara sobre la distribución de la pauta oficial. Sin embargo, sólo una de las propuestas fue tenida en cuenta: la aparición de la definición de “Emisoras comunitarias” en el artículo cuatro.

Fabiana Arencibia es integrante de la RNMA, como parte de la agencia de noticias Red Eco Alternativo. Consultada sobre las chances de democratizar el actual panorama mediático, enumeró una serie de cuestiones que ponen en jaque ese objetivo.

En principio, se refirió a la forma en que se llevará adelante la desinversión, que al momento no se adecua a lo que plantea la ley. El Estado debía hacer un plan técnico para ordenar el espacio radioeléctrico, informando las frecuencias ocupadas y libres. De ese total, debía reservarse el 33% a los licenciatarios sin fines de lucro. Ese informe no se realizó y, paralelamente, la desinversión se dará entre privados. Esto significa que las empresas que estén excedidas en algún aspecto decidirán, presentando un plan de desinversión que deberá aprobar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),  a quiénes venderá las licencias de más. Ante esta situación, Arencibia analizó que “no liberará espectro que pueda llegar a engrosar el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, dentro de las cuales se encuentran nuestros medios”. En este punto, vale aclarar que en ningún momento de la ley se habla de los tan mentados “tres tercios”, uno para los medios estatales, otro para los comerciales y otro para los sin fines de lucro, sino que sólo se establece la reserva de un 33% para éstos últimos.

Para la integrante de la red de medios alternativos, el 7D se iniciará el proceso de desconcentración de los grandes grupos, “sin embargo, no se solucionarán muchas de las exigencias que le impone la ley a nuestros medios y que se han transformado en trabas para la legalización de los mismos”.

Un caso testigo de la posición en que quedan los medios populares es el de Giramundo TV, una emisora comunitaria de Mendoza, que desde 2009 transmitía en el canal 13 de aire. Intervenidos en 2010 por una señal vinculada al Grupo Uno Medios y a Telefé, emprendieron una lucha por el mantenimiento del espacio, reivindicación que lograron. Pero volvieron a ser intervenidos por los mismos empresarios en 2011. En esa instancia, movilización popular de por medio, tuvieron reuniones con la AFSCA, quien finalmente les reconoció su historia en la frecuencia 13, pero los movió a la 34, dejando la primera en manos del licenciatario privado con fines de lucro.

En las idas y vueltas por la licencia, la realidad es que hoy Giramundo sigue siendo una emisora ilegal para el Estado, lo que no garantiza su continuidad en la actual frecuencia.

“En relación a los llamados a concursos, los pliegos tienen las misma exigencias que para el sector empresarial y las diferencias, a la hora de comprar los pliegos y cumplir exigencias administrativas, son insignificantes entre el sector con y sin fines de lucro”, aseguraron.

Un punto no menor es el hecho de que la nueva ley no brinde lineamientos claros sobre la distribución de la pauta oficial. En el artículo 76, que versa sobre “Avisos oficiales y de interés público”, sólo se dispone que será la AFSCA, autoridad de aplicación de la normativa, la que dispondrá los topes de publicidad oficial para cada medio. Esto, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, conformado por representantes de las provincias, de los medios comerciales y de los sin fines de lucro, de las universidades nacionales, de los medios públicos y de los sindicatos, entre otros. Aunque sostiene que se “deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”, los lineamientos parecen ser tan laxos que dejan demasiadas dudas sobre su aplicación.

Al respecto, desde el periódico El Eslabón, de Rosario, Guillermo Griecco aseguró que “los medios más chicos necesitan una palanca de respaldo para fortalecerse, para que tengan la misma posibilidad de instalar agenda. También está la posibilidad de buscar la publicidad por otro lado y no quedarse en lo que se denomina despectivamente ‘pautadependencia’. Pero es algo que también se tiene que ir democratizando, para lo que es importante organizarse, participar y hacer estos planteos”.

Es justamente la distribución de la pauta oficial o algún tipo de beneficios especiales -como la exención de gravámenes a los medios comunitarios-, lo que les permitiría poder disputar agenda en igualdad de condiciones. Para lograrlo se necesitan recursos genuinos que permitan alcanzar el desarrollo técnico y masificar los mensajes, objetivo que, para Carlos del Frade, es “el gran talón de Aquiles de la comunicación popular”.

Por eso, el periodista rosarino finalizó con contundencia: “el 7D vamos a seguir laburando para que se aplique lo mejor de la ley, pero paralelamente marcando estas cosas al gobierno nacional. Porque sino la pauta va a seguir dependiendo de que seas amigo de algún funcionario”.

Los que ponen la voz

Si de democratizar se habla, el concepto engloba más que el simple hecho de que más personas sean parte de algo. En su esencia, democratizar conlleva la idea de igualar oportunidades, respondiendo estas a lo que ya está sobradamente escrito en la Constitución Nacional y los códigos y leyes que a ella se subordinan. En tal sentido, es bueno pensar cómo podrán desempeñar sus tareas los diferentes actores y cuánto de democratización hay también en ello, sea o no en términos leguleyos función de esta nueva reglamentación abordarlo.

“Todos los que trabajamos para que funcionen las empresas periodísticas, ya sean privadas, estatales o cooperativas somos trabajadores de prensa. Quienes hacemos posible que los medios funcionen, somos los trabajadores, no lobbystas de intereses empresariales”, definió Tomás Eliaschev, periodista de revista Veintitrés y el sitio Marcha.org.ar. Además de haber sido uno de los miembros fundadores del colectivo de comunicación Indymedia Argentina en 2001, y forma parte del Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP).

Para Eliaschev, todo el proceso de discusión de la nueva ley, así como la polarización entre gobierno y Clarín, fue abriendo espacios para que quienes trabajan en los medios se pregunten qué rol tienen en todo esto. En este sentido, subrayó que desde las organizaciones de trabajadores de prensa se apoya toda iniciativa que tienda a desmonopolizar la comunicación. “Queda claro que el Grupo Clarín es una patronal especialmente oligopólica y poco afecta a respetar las leyes, ya sean laborales, sindicales o antimonopólicas. También sabemos que de parte del oficialismo hay un cálculo que pasa por debilitar a su ocasional oponente, a partir de que tomaron distancia en 2008”, aseguró.

En lo puntual de la normativa, el comunicador consideró que no hay mucho respecto a los sindicatos y a la participación de los trabajadores, salvo en lo que respecta a la constitución del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos donde, los sindicatos con personería gremial y mayor cantidad de afiliados, tendrán representación. Similar lectura hizo Carlos Del Frade, quien señaló que en la ley la palabra ‘trabajador’ está mencionada sólo tres veces y la palabra ‘licenciatario’, decenas de veces. A esto se suma que, “la política editorial es exclusiva responsabilidad del licenciatario, con lo cual es una ley propatronal. Ni siquiera hay objeción de conciencia por parte del periodista. Generalmente se dice que esta no es una ley laboral. Pero tampoco puede ser una ley tan claramente propatronal”, fustigó.

En lo que a fuentes de trabajo respecta, los impulsores de la ley ratifican que su aplicación significará más puestos de trabajo. En este sentido, desde la Cooperativa La Masa, Guillermo Griecco compartió esa lectura, destacando que luego “se abrirá una discusión interna de cómo plantearse. A mi no me gusta ponerme en el lugar de medio alternativo: tenemos el desafío de pelear la agenda con los medios más grandes, señalar nuestro relato y punto de vista. Los trabajadores de estos medios tienen que aceptar el desafío y replantearse cuestiones de funcionamiento”, disparó.

No obstante, es importante señalar que la labor periodística es una de las ramas en la que la precarización está a la orden del día. Tercerización, negreo, contratación mediante figuras como el monotributo y la necesidad de tener diversos trabajos para rasguñar un salario que permita sobrevivir, son parte también de la realidad que viven quienes se dedican al periodismo.

En este sentido, Eliaschev consideró que el abordaje de las condiciones de trabajo es una deuda pendiente, aunque evaluó que “con cumplir con las normativas laborales vigentes y con el Estatuto del Periodista, ya sería bastante. Es inadmisible que el Estado financie a empresas que no cumplen con las leyes laborales”, denunció. Dicho estatuto, plantea la prohibición de que tanto dependencias de la administración, como reparticiones y autoridades judiciales otorguen pauta en medios que tienen personal por fuera de la reglamentación.

En este plano es pertinente pensar el rol que tienen las organizaciones gremiales. Algunas de las grandes entidades que nuclean a trabajadores de prensa, tienen la política de afiliar sólo a empleados de grandes medios. Es decir, despegándose del concepto que el trabajador se define a si mismo sin necesidad de que un patrón lo pondere como tal, las entidades gremiales afilian a los trabajadores en blanco y si existe buena voluntad, crean figuras para incorporar a los precarizados.

La pata laboral de esta ley, las figuras humanas de ‘las nuevas voces’ y las ya conocidas, son parte del segundo y no menos conflictivo objetivo de la norma: democratizar. En este sentido desde  el Colectivo de Trabajadores de Prensa, que por la base se organizan, consideran que “está emergiendo una nueva generación de trabajadores de prensa que no cree en la zanahoria del prestigio profesional, en quedarse callados y quietos para desarrollarse profesionalmente. Sabemos que podemos poner el grito en el cielo y que las patronales no son indiferentes. Esa fuerza no se la debemos a nadie, sólo a nuestra propia organización y toma de conciencia, que se inspira en las mejores experiencias de lucha de nuestro pueblo y de nuestra clase, la clase trabajadora”.

Punto y seguido

Como todo avance en términos de legislación, la ley de medios es una respuesta a necesidades políticas diversas. Algunas expresadas a través de la lucha popular, otras mediante trifulcas mediáticas que polarizan debates quitándole contenido al loable avance que significa romper con una ley que proviene del terrorismo de estado.

Sin lugar a dudas, algo cambia para que haya una nueva ley y no viceversa. También es bueno saber que no todo se transforma al lograrla y que en el camino, a la par que se vaya avanzando en su aplicación aparecerán nuevas necesidades, nuevas luchas y viejas disputas. Lo que siempre determina el desenvolvimiento de los hechos sociales y las acciones gubernamentales es la correlación de fuerzas que cambia a partir de que determinados sectores se reúnan y organicen.

Como se explicó más arriba, fue esa unidad de sectores populares lo que permitió poner en agenda la necesidad de una nueva ley de medios. Por lo tanto, es imprescindible salir de la polarización que viene marcando los discursos, como si la normativa sólo fuera fruto de un enfrentamiento entre el monopolio Clarín y el gobierno nacional. Se vuelve necesario pensar que una legislación de estas características no tiene que ver con una coyuntura particular, sino que regirá sobre el derecho a la comunicación de todos los habitantes del país.

Así como hasta ahora, entonces, será la movilización popular la que logrará que la ley se cumpla en todos sus puntos, no sólo en lo que tiene que ver con la desinversión. Serán necesarios más debates para, si fuera necesario como plantean algunos de los actores involucrados, lograr reformas que incluyan en el mapa mediático a quienes todavía se sienten excluidos. Esa será la garantía para que trabajadores de prensa y emisoras comunitarias puedan ser parte de la legalidad. De lo contrario, sólo se tratará de un mero cambio de manos de licencias y la materialización de un derecho fundamental quedará, como en otros casos conocidos, sin las voces de lo colectivo.