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Cuando las potencias mundiales expulsan y restringen el ingreso de extranjeros, el gobierno arremete contra los migrantes, acusándolos de ser los responsables de la inseguridad y el narcotráfico. La vieja táctica del chivo expiatorio, la del dedo señalando “al otro”, el eslabón más oprimido del “nosotros”.

 

Donald Trump es malo, lo dice el gesto impostado del periodista del noticiero, que hasta frunce el entrecejo para contar que, en su segundo día de mandato, el presidente estadounidense empezó a construir el muro en la frontera con México. Después del informe internacional, con cara de póker, se pasa a la siguiente noticia: el gobierno nacional incrementa los controles migratorios para evitar el ingreso de delincuentes. No se hace asociación alguna.

La firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 se volvió necesaria y urgente para el presidente Macri conforme fueron pasando los días del año nuevo y el bolsillo y la paciencia de las familias trabajadoras continuaron desgastándose. Las declaraciones xenófobas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como la orientación periodística de algunos hechos policiales, prepararon el terreno para la avanzada de la modificación a la Ley de Migraciones, vigente desde 2004. La repercusión mediática por el asesinato del joven Brian en Flores sirvió para declarar como enemigos principales de esta sociedad occidental y cristiana a los menores de edad y a los inmigrantes. El cuadro cerró perfecto porque se culpó del homicidio a otro joven llamado Brian, de nacionalidad peruana. Para su deportación bastó el reconocimiento de un solo testigo y un par de días de armados debates televisivos para instalar en agenda la baja en la edad de imputabilidad y la persecución a los extranjeros.

“¿Qué reclama un racista? -se pregunta Osvaldo Soriano en una nota publicada en el diario Página 12 en diciembre de 1994- Casi nada: que exista otro más débil que él. Le pueden quitar todo a un valiente argentino, menos la nacionalidad. Y si el único orgullo imperdible es ése, ¿por qué no esgrimirlo como un mérito, como una amenaza?”.

NOTA CENTRAL migracion_00

No es algo nuevo, cada vez que el país es arrastrado a una crisis aparece el chivo expiatorio de “el otro”. Y el “nosotros” que a más gente involucra en nuestro país es el ser argentino, forjado desde el Billiken y la memoria del padre del aula, Sarmiento inmortal.

Ese discurso se traduce hoy en una avanzada legal, mediática y represiva del gobierno de Cambiemos y compañía. Es explícito. Este tipo de construcción de sentidos encuentra fácilmente asidero y habilita a aquellos racistas y xenófobos a ganar terreno, a perder la vergüenza por decir lo que piensan o sienten. Entonces alguien como el senador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto dice que las universidades están colmadas de extranjeros, y luego se va envalentonando para decir por televisión que “el Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos” y finalmente que “Argentina incorpora toda esta resaca”, refiriéndose a “los inmigrantes pobres”. El jefe de bancada del PJ-Frente para la Victoria del Senado no tiene nada de lengua suelta, dijo lo que el momento político y sus intereses le dictaban. Esas palabras, sintetizadas en una idea política e ideológica, están promoviendo el individualismo más extremo, el “yo cuido lo mío”.

 

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

El 4,5% de la población argentina es inmigrante, así lo dice el último censo oficial, de 2010. Las comunidades más numerosas están constituidas por los 550.700 paraguayos, 345.000 bolivianos, 191.000 chilenos y 157.500 peruanos.

La mayoría de los migrantes vive en el área metropolitana de Buenos Aires y son empleados en la construcción, las textiles y el servicio doméstico. Según un estudio realizado en 2015 por el Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (Citradis), el ingreso mensual que perciben los trabajadores migrantes de países sudamericanos es 23% inferior al salario medio en el país. Esos datos van atados a que la mitad de los migrantes trabaja en negro.

La Ley de Migraciones de 2004, que contenía en su espíritu el derecho humano a migrar y que concedió un promedio anual de 100.000 residencias definitivas, no logró que la informalidad laboral bajara en los migrantes (4,8%) al ritmo que, según el INDEC intervenido por el kirchnerismo, lo hizo en los trabajadores argentinos (15,2%).

Obviamente las personas explotadas en condiciones de esclavitud no forman parte de la estadística, aunque los datos reunidos a partir de los desmantelamientos de algunos talleres textiles, prostíbulos y establecimientos agropecuarios, muestran que del total de personas rescatadas entre 2008 y 2015, el 54% (5353 de 9987) eran extranjeros.

Cuanto mayor sea la vulnerabilidad de la vida de los migrantes y más miedo e incertidumbre se genere sobre su destino, mayores serán las posibilidades de los empresarios y explotadores de incrementar su ganancia, bajando salarios y avasallando derechos laborales. En ese marco debe leerse también el DNU firmado por el presidente Macri.

 

YO, ARGENTINO

Si fuera verdad que la finalidad de la medida es evitar que ingresen al país personas con antecedentes penales, o para enfrentar rápidamente el delito cometido por extranjeros, bastaría con la normativa aprobada por unanimidad en el congreso en 2004.

La modificación introduce excusas para restringir el ingreso y la permanencia de migrantes, acelera los trámites de expulsión, coarta el derecho a defensa y contempla como motivo de deportación a todos los delitos del código penal, incluso del código contravencional. En definitiva, no respeta los derechos humanos.

“El problema es que la ley también dice que podrán ser expulsadas las personas con un juicio en curso. Y entonces, si viene un juez y determina que este plantón es una contravención, o nos inicia una causa, pues ya pueden deportarnos”, dice Juan Quesquén, miembro de Consejo de Consulta de la Comunidad Peruana de La Plata, desde la puerta de la Dirección de Migraciones, mientras se manifiesta con distintas comunidades migrantes de la capital bonaerense.

El texto diseñado por el gobierno también atenta contra la unidad familiar, porque en el caso de que un juez crea que la persona cometió un delito y que debe ser expulsado, esa persona queda separada de su familia. Cualquier semejanza con la ley de residencia escrita por Miguel Cané y firmada por Julio Argentino Roca en 1902 no es pura coincidencia.

Para rechazar o desterrar a un migrante basta con las palabras de los agentes policiales y judiciales. Pero para echar a un usurpador de tierras, montañas y lagos como el británico Joe Lewis, no basta con el rechazo de todo un pueblo como El Bolsón. Claro que para los mismos que dividen a los pueblos, que señalan con el dedo al diferente, no hay contradicción en eso de que “el capital no tiene bandera”. Porque por supuesto, en su idea de peligro extranjero no figuran las corporaciones, ni los grandes empresarios, a quienes se invita y beneficia a partir de exenciones impositivas o de una ley de tierras para que puedan comprarlas y saquearlas sin restricciones.

Quesquén observa que “es claramente una ley xenófoba. Si se ve la defensa que hizo la ministra Patricia Bullrich, es totalmente discriminatoria, porque justifica la medida diciendo que los peruanos y los paraguayos nos matamos por el control de la droga. Y encima utilizó datos falsos”.

Los datos a los que se refiere el militante peruano fueron refutados rápidamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): Bullrich había remarcado que el 33% de los presos por delitos vinculados al narcotráfico son extranjeros. Pero esos datos se sacaron del Servicio Penitenciario Federal, en cambio si se cuenta el total de las cárceles del país esa cifra desciende al 17%. Esas personas detenidas por la Ley de Drogas constituyen el 0,06% de los 2 millones de migrantes que viven en Argentina de manera permanente.

La necesidad de contrastar los datos difundidos por el gobierno de Cambiemos con la realidad radica en desbaratar un discurso que se presenta como justo: “son medidas para combatir el delito y el narcotráfico”. Entonces, no es descabellado escuchar a un migrante decir que está de acuerdo con que se intensifiquen los controles en la frontera, y que no se siente tocado por el DNU porque él trabaja de sol a sol y no se mete con nadie.

En ese sentido, Quesquén señala que “la construcción mediática del sentido común, cala en los vecinos de los barrios, incluso en los miembros de mi comunidad. Pero cuando uno empieza a dar la discusión, el relato del macrismo se cae, porque todos los inmigrantes reconocemos cuando nos están discriminando”.

 

EL COLOR INVISIBLE

Nengumbi Sukara nació en la República Democrática del Congo, vive en el país desde 1995, es presidente del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), y observa que “al asociar la inmigración (sobre todo regional) con la delincuencia, distorsionando las estadísticas, sin lugar a dudas se ha vuelto a instalar el rechazo histórico hacia las inmigraciones regionales y de origen africano. Esto va más allá de la xenofobia y la simple discriminación. Se ha instalado el racismo según la lógica y el pensamiento de los próceres de la Generación del 80 que promovían un país biológicamente blanco y culturalmente europeo”.

Nota completa en edición impresa Mascaró #39, Marzo – Abril de 2017.

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