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FUTURO INCIERTO PARA LOS JUBILADOS

Mientras miles de personas llegan a la edad jubilatoria con la incertidumbre de cómo serán sus vidas al dejar de trabajar, Macri puso en marcha la “reparación histórica”, un proyecto que beneficia a pocos y tiene un fuerte olor privatista.

 

“El jubilado que reclama cobrar los 9 mil y pico que dijo Macri”, dice el titular de un diario y relata la anécdota de un abogado de 87 años indignado que presentó un amparo para cobrar la jubilación mínima según la afirmación del Presidente en televisión. El traspié de Mauricio Macri dejó en evidencia el total desinterés por la seguridad económica de las personas mayores y, además, que esta porción de la población está cobrando mucho menos de lo que necesita para vivir.

Otro diario titula “La comida de los mayores entró en zona vulnerable” y cita el informe de la Universidad Católica Argentina según el cual el 11,2 por ciento de las personas de más de 60 años sufre carencias alimentarias, y al 37,8 no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Las cifras son aún mayores en el caso de las mujeres. La conclusión es contundente: uno de cada diez mayores está en riesgo alimentario.

La reducción de programas sociales como la entrega de medicamentos por parte de PAMI, que además se encarecieron de forma exorbitante, los tarifazos y la inflación estimada en 45 por ciento, dan como resultado una importante pérdida en el nivel de vida y el deterioro de la salud de las personas mayores. Hoy pueden comprar un 30 por ciento menos de la canasta básica, y la pobreza trepó al 27 por ciento entre los mayores de 60 años.

Ninguna de estas problemáticas parece estar entre las urgencias del gobierno, que presentó como una gran decisión política la engañosa Ley de Reparación Histórica, mientras pergeña una reforma del sistema previsional que pondrá en riesgo a los futuros jubilados y pensionados.

Fiel a su estilo político de “diálogo”, el gobierno de Cambiemos reprimió con camiones hidrantes de la Policía Federal a los jubilados del MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) que reclamaban un aumento en el haber mínimo. Tiempo después, Mauricio Macri posaba para las fotos con ancianos durante una visita a un centro de adultos mayores en San Luis, en el que habló sobre el “amor” y el “respeto”.

 

ESTAFA HISTÓRICA

A mediados de 2016 el gobierno anunció con toda su batería mediática la Ley 27.260, con el llamativo nombre de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Con esto prometía mejorar las jubilaciones y pagar las deudas y juicios del ANSES. Si bien la deuda del Estado con los jubilados es un problema real que debe ser atendido, la ley -finalmente promulgada- tiene varios puntos oscuros. Además, ofrece escasos beneficios a una minoría -menos del 10 por ciento de los jubilados- y deja afuera a las personas que están en la situación más crítica, quienes cobran el haber mínimo y no llegan a cubrir ni siquiera la canasta básica.

El número de jubilados y pensionados incorporados en la reparación es incierto, más allá de las cifras difundidas por algunos medios oficialistas para crear un impacto positivo, los datos reales no aparecen en el Informe Estadístico de la Administración Nacional de Seguridad Social. Hay 6 millones y medio de jubilados en Argentina, el gobierno prometía beneficiar a 2 millones 400 mil con la reparación, pero hasta ahora serían 900 mil los inscriptos, según los dichos de Emilio Basavilbaso, director de la ANSES.

NOTA CENTRAL jubilados_1

Ante la desinformación, o el riesgo de no llegar a cobrar nada, quienes se anotaron en el programa firmaron acuerdos nada convenientes: el monto a cobrar por los juicios y actualización de haberes es mucho menor a lo fijado antes de la ley, y el pago de sentencias es de un 50 por ciento primero y la otra mitad en cuotas. Además, muchos de los “beneficiarios” comenzaron a pagar el impuesto a las ganancias a partir de la actualización en la jubilación. Para los que no iniciaron juicio, la reparación es ínfima. Por los resultados que arroja hasta ahora, algunos especialistas (incluso  trabajadores de la ANSES) consideran que la prometida reparación a los mayores es un fraude.

¿Cómo paga el Estado la Reparación Histórica? Es el otro punto polémico de la medida. Una parte se paga con el dinero obtenido por el blanqueo de capitales. Es decir, con el supuesto fin de beneficiar a los jubilados se camufla una medida que favorece a los grandes empresarios, incluso a los familiares directos de los funcionarios que entraron en la operación.

Por otro lado, se recurre al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que a mediano plazo significará un vaciamiento de recursos de la ANSES. El FGS fue creado por Decreto en 2007, y está compuesto por activos financieros -títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, fondos comunes de inversión-.

“La ley de Reparación permite vender los fondos del ANSES sin pedir permiso al Congreso, pone a disposición la venta de las acciones que son las que le dan sustentabilidad al Fondo de Garantía”, expresó Mónica Roqué a Revista Mascaró, “nos venden espejitos de colores para después hacer un gran daño al sistema previsional”. Roqué es Directora del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de los Adultos Mayores de la Sociedad Iberoamericana de Seguridad Social, también preside la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria.

Varios especialistas en temas jubilatorios coinciden en la gravedad de usar el FGS para pagar las reparaciones, porque pone en riesgo la futura capacidad del ANSES de afrontar situaciones de crisis e incluso de pagar las jubilaciones. Si se avanza con esta decisión “los futuros jubilados van a cobrar una jubilación paupérrima, como en otros países (en Chile es de 10 dólares), por lo tanto, lo que se quiere mostrar como un hecho político importante no deja de ser una gran estafa a los jubilados de hoy y a los jubilados de mañana, sobre todo”, expresó Roqué.

En tanto, el economista Tomás Lukin escribió en el diario Página 12 que el objetivo de pagar la reparación histórica con el fondo de la ANSES “no es solamente para saldar la cuenta con un sector de los jubilados, sino para desarticular una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía y cumplir con la demanda de los grupos económicos que rechazan tener de socio al Estado.” Es el paso previo para volver a las jubilaciones privadas.

 

VOLVER AL MUNDO

Los anuncios de la gestión Cambiemos acerca de la necesidad de una reforma del sistema previsional responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las recomendaciones del FMI, no sólo para Argentina sino para los países latinoamericanos, incluyen: la baja del haber mínimo, aumentar los años de aporte, subir la edad jubilatoria y cambiar la fórmula de cálculo de la movilidad. Es decir, ajuste y más ajuste. Macri intentó implementar por decreto el cambio en la fórmula de cálculo el mismo día que tenía que dar declaraciones sobre la causa del Correo Argentino. Posteriormente, y habiéndola usado como pantalla, dio marcha atrás con la medida, cuestionada por la oposición y hasta por su propio sector.

Para el FMI, el sistema previsional argentino no es sustentable. Al igual que en la década del 90, el final predecible de la aplicación de las recetas neoliberales es la privatización del sistema jubilatorio y el regreso al régimen de capitalización individual, las famosas AFJP. Ya lo adelantó Basavilbaso en el Congreso cuando dijo que “hay que darle una oportunidad a la vuelta del ahorro privado”. “Volver al mundo” tiene un costo social muy alto, cuando el mundo según Cambiemos es Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito.

Vale recordar que algunos funcionarios de Cambiemos hicieron sus negocios en las empresas administradoras de fondos jubilatorios que cobraban altísimas comisiones a los afiliados. Es el caso de Francisco Cabrera, actual ministro de Producción de La Nación, quien fue CEO de Máxima AFJP y expresó que al Fondo de la ANSES “hay que subastarlo”.

Pero las reformas al sistema previsional no pueden aplicarse todas a la vez sino que se avanza por etapas. El vaciamiento paulatino de la ANSES mediante la reducción de los aportes patronales, la venta de acciones y el pago de las reparaciones, es uno de los pasos importantes para avanzar hacia la privatización.

En sintonía con el proyecto político que la alianza Cambiemos se propuso llevar adelante a cualquier costo, la reforma en el sistema jubilatorio responde a la misma lógica de achicamiento del Estado y traspaso de recursos y áreas del sector público al privado.

El Estado hoy paga las jubilaciones con las contribuciones de los trabajadores, los empleadores y con la recaudación de otros impuestos. En 2008 se reemplazó por ley el sistema de AFJP por el de reparto estatal. Ya no es cada persona individualmente la que acumula ahorros para su jubilación sino que el aporte se hace al Estado y éste se hace cargo de administrar los fondos y pagar las jubilaciones.

Argentina sigue siendo uno de los países con mayor cobertura del sistema previsional en América Latina: el 95 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene una jubilación o una pensión, pero siguen siendo muy bajas en relación a los salarios. La implementación de las moratorias durante el kirchnerismo fue una de las medidas de emergencia ante el altísimo porcentaje de trabajadores en negro que no tenían aportes jubilatorios. La informalidad laboral se mantuvo, siendo uno de los grandes problemas  que afectan sobre todo a las mujeres.

 

PEOR PARA LAS JUBILADAS

Nueve de cada diez personas que ingresaron en las moratorias son mujeres. Pero ya no podrán hacerlo porque el gobierno decidió poner fin a esta política previsional. Las amas de casa, por ejemplo, no podrán jubilarse una vez que venza la moratoria vigente. “De a poco empezará a caer el grado de cobertura” dijo el mismo Emilio Basavilbaso, quien además reconoció que les llevará varios años sancionar una nueva ley jubilatoria. A esa altura, el sistema previsional se habrá degradado lo suficiente.

Nota completa en edición impresa Mascaró #40, Mayo – Junio de 2017.

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