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> Por Fátima Pérez
Dos leyes legislan la “salud sexual” y la “educación sexual” en Argentina. Aunque suenen algo cercanas, cumplen roles bien diferentes.
La Ley 25.673/2003 crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que apunta a poder acceder a una atención primaria que prevenga enfermedades y disminuya la mortalidad materna. Para eso, invita a las provincias a ofrecer información precisa y confiable sobre los métodos anticonceptivos y planificación familiar, entre otros aspectos.

La Ley 26.150/2006, en tanto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que instruye a “asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral”. Además, insta a “promover actitudes responsables ante la sexualidad”,”prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular”, ”procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”, entre otros aspectos.
Aunque están vigentes, estas leyes no son de aplicación directa en las provincias. Distintas instituciones, en especial la Iglesia católica, ejercen presión para que las gobernaciones no adhieran a la reglamentación nacional.
Provincias como Tucumán, donde ocupó el mismo cargo el actual Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, no adhirió a ninguna de las dos leyes.

La realidad bonaerense

La provincia de Buenos Aires sólo adhirió a la ley de Salud Sexual, al crear el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Es una ley de avanzada, ya que en el Decreto Reglamentario 2327/03 prevé el acceso a métodos anticonceptivos desde los 14 años sin necesidad de autorización de tutor. Además, promueve el uso del preservativo y procura ser destinada a toda la población en general, y especialmente a los/as adolescentes. Aunque el contenido de la ley es muy prometedor, cuando se verifica en la práctica, todo es diferente.
Por un lado, hay un desconocimiento total del programa por parte de la población, lo que hace que mujeres y adolescentes no sepan que pueden acceder, teniendo o no obra social, a anticoncepción gratuita. El mayor problema lo tienen las adolescentes de los estratos sociales más bajos, ya que las salas de atención primaria no están preparadas en general para atenderlas.

Las prácticas de controles ginecológicos en el ideario social están unidas al embarazo, es decir, las mujeres llegan al ginecólogo/a cuando quieren concebir o cuando ya están embarazadas. En muchos casos, incluso, asisten sólo a una consulta antes del parto. El cambio de paradigma sobre estas prácticas debería arribar a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero no tiene aplicación dentro de la provincia y no hay una real conciencia de las necesidades de cuidado del cuerpo.

A su vez, el equipo de capacitación que tiene el programa no pasa de las seis personas para todo el territorio bonaerense, con un presupuesto inexistente.

¿Cuáles son las consecuencias de que estos programas fallen? O mejor dicho, ¿qué es lo que se está negando cuando negamos estos derechos?

El acceso a la educación sexual permite que las y los adolescentes se encuentren como sujetos de derechos en sí mismos, y sobre ellas/os mismos, es decir, permite que se piensen como personas autónomas, capaces de decidir sobre sus cuerpos, sus prácticas, su identidad. Se las/os instruye sobre el funcionamiento de sus cuerpos, sobre su sexualidad, y las diferencias entre el deseo y el reconocimiento. Permite que se piensen capaces de soñar y planificar un futuro, pensar si realmente quieren ser madres/padres, y cuándo, con quién, y de qué manera.

El vedar estos derechos lleva a que muchas adolescentes no se sientan como sujetos de derecho sino como “mujeres de”, “madres de”, “esposas de”, enjaulándolas en decisiones que no eligen sino que han “surgido”, que se han “dado”, que un otro eligió sobre ellas.

Nota completa en edición impresa. Mascaró #6, octubre 2012.

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