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La vigencia de la Ley de Educación Superior neoliberal, lejos de ser un impedimento, resulta una herramienta para los requerimientos del modelo kirchnerista. La universidad sigue dirigida por los sectores conservadores del poder y el conocimiento se brinda al servicio de las grandes empresas, es decir hacia el otro lado de las necesidades del pueblo.

> Por Agustín Santarelli

Tal vez no en esos primeros días en que uno se asoma a la vida universitaria, sino más bien después de un tiempo, uno descubre que tuvo un buen profesor en el curso de ingreso si la primera pregunta que anotó fue: ¿por qué viniste a la universidad pública?, ¿para qué querés estudiar? Ese ejercicio, esa inocente pregunta debería repetirse más seguido de lo que se cree y las más de 1.800.000 personas que hoy estudian en la universidad pública, deberían darse esa tarea.

El lugar común y la lógica que se arrastra desde el neoliberalismo en relación al fin por el cual alguien ingresa a una facultad, parte de la competencia y del beneficio personal.

Mayormente las respuestas arrojan que los estudiantes que ingresan a la universidad lo hacen para conseguir un título que les permita tener un buen trabajo. Y esa tampoco resultaría una mala respuesta, si se le agregara la repregunta: ¿trabajar y volcar el conocimiento al servicio de quién?

La propia universidad debería generar las condiciones para fomentar el pensamiento crítico y que cada uno de los estudiantes sea conciente de que su trabajo profesional tiene que ser en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

Se supone que la educación pública debe cumplir ese rol, porque para lo demás, para buscar el lucro, existen las universidades privadas. Uno de los problemas se manifiesta en que sigue vigente la Ley de Educación Superior, aprobada en 1995 que equipara prácticamente a la educación pública con la privada.

Aún en este escenario, la educación superior pública en nuestro país es una de las más avanzadas y masivas del continente. Se estima que 12 mil extranjeros estudian aquí porque en sus países la formación es enteramente privada y encarar una carrera implica hipotecar (literalmente) una parte importante de su vida.

La resistencia histórica del movimiento estudiantil -junto a otros sectores – explica en buena parte por qué sigue existiendo la educación pública, gratuita y -en parte- de calidad en la Argentina.

HISTORIA EN MOVIMIENTO

“La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra el  régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”, Manifiesto Liminar. Córdoba, junio de 1918.

El movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 comenzó a manifestarse a partir de  las exigencias de los estudiantes para que se produzcan cambios en el sistema de elección de los docentes. Los estudiantes reclamaban que la universidad se vincule un poco más con la realidad del país y el mundo. La necesidad de tener en cuenta los problemas de la sociedad devino en la advertencia de que para que exista una transformación en la universidad debían darse modificaciones en las estructuras sociales y políticas del país.

En el primer congreso de estudiantes de Junio del 18, se postulan los siguientes puntos que serán colocados como bandera de la lucha: autonomía universitaria frente al poder político en materia de decisiones académicas; elección de cuerpos directivos y de autoridades de la universidad por la propia comunidad con participación de los profesores, los graduados y los estudiantes en los órganos de gobierno; la asistencia libre; la gratuidad de la enseñanza; y apertura de nuevas cátedras.

La victoria de aquellos días se manifestó en la implementación del gobierno tripartito (profesores, graduados y estudiantes).

En lo demás, y a un lustro de que se cumpla el primer siglo aniversario de la Reforma, basta recorrer los pasillos de las distintas facultades del país para encontrarse con las mismas demandas.

En el medio, y hasta la “Noche de los bastones largos” de Onganía en 1966, la estructura democrática del co-gobierno funcionó de un modo más o menos equilibrado.

La irrupción del primer peronismo fue un importante punto de inflexión en la historia de la universidad. En días de posguerra, Argentina reconfiguraba su política económica tras los años del modelo agro-exportador, dándole paso a la sustitución de importaciones. Ese reemplazo implicó el desarrollo de la industria nacional y la creación de un mercado interno capaz de reabsorber el consumo de la producción. En ese contexto, Perón creó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el objetivo de tener personal capacitado para las nuevas tareas y así responder a las demandas del mercado.

El recorrido histórico dirá también que fue a fines de los 60 cuando los estudiantes y trabajadores lograron empalmar sus luchas, y que fue el Cordobazo, en mayo del 69 cuando la unidad obrero-estudiantil se plasmó de manera explícita. Los 70 mostraron a un movimiento estudiantil altamente politizado, con reclamos y reivindicaciones que se arrastraban desde la Reforma del 18 y continúan hasta nuestros días.

La innumerable cantidad de jóvenes universitarios detenidos-desaparecidos, la intervención y la anulación de la autonomía universitaria, muestra a las claras la importancia de controlar y acabar con los avances de organización de los jóvenes por parte de la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo del 76.

A partir del 83, la democracia volvió a recomponer el co-gobierno, aunque la hegemonía profesoral y el conservadurismo institucional se mantuvo y mantiene  hasta la actualidad, bajo un sistema de castas, donde la voz del docente se supone como más importante y de “excelencia” que la del estudiante.

Y luego el menemismo. En 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior, acomodando a las universidades a la lógica neoliberal y privatista. (Ver recuadro Me resisto a acreditar). En Argentina existen un total de 46 universidades privadas y 50 públicas, en tanto que uno de cada cuatro estudiantes, paga para estudiar.

Pero el sector privado interviene en la educación pública desde varios lugares. Tal vez no lo hace en los términos en que lo tuviera pensado el menemismo, o López Murphy (quien fue ministro de Educación de De la Rúa en 2001 y duró apenas un discurso, aquel en el que propuso arancelar la educación superior), pero no deja de intervenir.

Continúa latente la injerencia del Banco Mundial en el financiamiento y la confección de los planes de estudio, a partir de la denominada transferencia de conocimiento y de trabajo, y la  creación de la CoNEAU (Comisión Nacional de Estudio y Acreditación Universitaria). (Ver recuadro).

LOS PLANES DEL MODELO

La educación superior en su conjunto es la encargada de formar la fuerza de trabajo calificada que el mercado necesita.

Nicolás Milani es graduado de la Facultad de Arquitectura de la UNLP e integra el Frente Universitario Guevarista, en relación al modelo sostiene que “Se necesitan los técnicos e intelectuales que garanticen los mecanismos de rendimiento del modelo productivo”. En ese sentido, las ciencias fuertes, o duras, más ligadas al mercado terminaron modificando sus planes de estudios en la última década. Por ejemplo, “en la Facultad de Arquitectura de La Plata se cambiaron los planes de estudio, entre otras cosas, porque la especulación financiera e inmobiliaria son sostenes de la economía y de la macroeconomía”, explica Milani. Esa reforma del Plan comenzó a discutirse en 2001 y terminó de plasmarse en 2010, donde, como explica el arquitecto “lo que se vio fue que el modelo kirchnerista necesitaba hacer esa adaptación, la LES intervino y la CoNEAU exigió. Ahí se marca el rol del Estado capitalista y la universidad como garantista de sus necesidades”.

Tal vez donde más se exprese la adaptación del modelo kirchnerista a la heredada LES, se da en el campo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“Su nombre original era Universidad Obrera Argentina creada por Perón y sancionada por el Parlamento Argentino. Allá por el 59, le cambiaron el nombre, `obrero´ era medio pesadito, decidieron ponerle `tecnológica´, era menos peronista”, contó Cristina Fernández en su discurso del 20 de mayo de 2013, en el marco de la inauguración de una ampliación en la sede de la UTN de General Pacheco, junto a el ex presidente brasileño Inácio Lula Da Silva.

Durante el menemismo algunas de las carreras que se dictaban en las UTN directamente dejaron de existir, mientras que el resto fue abriendo sus puertas decididamente a las grandes empresas de capital nacional y global, devorando lo poco de público que quedaba.

En las UTN, diezmadas en cantidad de estudiantes la batalla del movimiento estudiantil por la educación pública no llegó a lograr la resistencia que sí tuvo en otras universidades.

Con la aparente meta kirchnerista de volver a desarrollar el país, las UTN recobran protagonismo y comienzan a abrirse nuevas casas de estudios técnicos, como la recientemente anunciada en materia automotriz, tras un convenio del gobierno con Volkswagen. Según explicó la propia presidenta, “el presupuesto que en 2003 era de apenas 118 millones para toda la UTN, en 2012 fue de 1500 millones de pesos, un 1174 por ciento más de presupuesto”.

Pero la impronta pro-empresarial se manifiesta clara y literalmente: “No va a haber mejor y más desarrollo industrial si no unificamos nuestras universidades con nuestros empresarios, con nuestros productores para lograr mayor valor agregado. Esta es también la gran transformación de la década”, expresó hace pocos días la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de la estación de desgasificado al vacío en la planta industrial de Ternium Siderar, en San Nicolás, junto a Paolo Rocca, el dueño de Techint.

“La UTN, una universidad estatal con gestión de empresa privada”, llevaba por título una nota publicada por el Diario UNO de Mendoza, del 1 de octubre de 2007, y no como crítica sino como definición del propio decano de esa institución, Eduardo Balasch, quien explica: “Nos movemos como una empresa privada”.

“Así como tenemos carreras gratuitas, tenemos otras que no están subvencionadas por el Estado pero las requiere el medio (…) Es como un área privada dentro de una universidad estatal”, se sinceró entonces el decano Balasch, quien hoy continúa en el cargo.

LA TRANSFERENCIA MENEMISTA

El financiamiento siempre es y será un tema. Porque el Estado debe hacerse cargo, sin que eso se contradiga con la idea de autonomía universitaria.

El kirchnerismo ha hecho de la “inversión en educación” una bandera de su “década ganada”, la propia presidenta ha señalado que “el presupuesto universitario se duplicó. Hoy es más del 1 por ciento del PBI”. Eso es verdad. Como también es real que se conformaron nueve casas de estudios nuevas en el territorio nacional, la mayoría de ellas en el conurbano bonaerense, permitiendo que aumentara en 500.000 la matrícula de estudiantes desde 2003, según se informa desde la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, que encabeza Martín Gill.

Pero cuando se pormenoriza el presupuesto, aparecen las críticas. El monto total asignado por el Estado para las Universidades Nacionales correspondiente al año 2013 es de $21.849.628.405,00. El porcentaje invertido, en relación es similar al del año 2012, consigna un informe elaborado por la CONADU Histórica.

Según el gremio que nuclea a docentes de educación superior, lo presupuestado para este 2013 basta apenas para cubrir la masa salarial, incluso sin contemplar aumentos en los sueldos en la partida Educación y Cultura. Además se detalla que no existe incremento en Salud ni en Ciencia y Técnica (se mantienen constantes en términos absolutos desde 2010). “Nula distribución de fondos para Ciencia y Técnica que impide mayor cantidad de investigaciones en la universidad pública, permanencia y profundización de un modelo de mercantilización de la universidad”, dicen las conclusiones del informe de la CONADU Histórica.

Con la aprobación de la Ley de Educación Superior (LES) en 1995, se ha buscado desvincular al Estado de la financiación y queda establecido que las universidades deben generar sus propios recursos, entre los que se mencionan las “contribuciones voluntarias” que muchas casas de estudios (sobre todo en ciudades del interior del país),  expresan en el cobro de trámites, bibliotecas, y el arancelamiento de los post-grados.

Pero hay más. La generación propia de ingresos de cada universidad tiene un indicador de “eficiencia”, por lo que las que no alcancen esos objetivos, pueden ver su ingreso estatal reducido como si se la penalizara.

La falta de presupuesto estatal sirve como excusa para que el financiamiento privado y externo desembarque a cambio de transferencia de conocimiento y trabajo.

PRECARIEDAD

Por otra parte, como es común en todo el sector público, se tercerizan las tareas y se mantienen estructuras y políticas importantes como pueden ser los albergues y comedores a partir de trabajo precario, con contratos basura y la imposibilidad de acceder a la sindicalización.

La precariedad de estos trabajadores imposibilita la organización y el reclamo, a cuentas de poder perder su contrato. Los contratados no llegan a ser parte de la planta “no docente”, claustro denostado históricamente que incluso alcanza su denominación por la negativa, son “no docentes”.

El andamiaje académico también se vale de la precariedad y el voluntarismo de los docentes ad-honorem que garantizan clases (se estima que el 30% de quienes dictan clases, no cobran salarios), sostienen estructuras de cátedras y acompañan la endeble situación de una mayoría docente que se mantiene con dedicaciones simples y salarios que alcanzan apenas los 1.200 pesos.

“Hay ayudantes que corrigen exámenes y sostienen clases en distintas facultades, se mantienen tendencias que llegaron en los 90, como la precarización de las condiciones de trabajo de los docentes, que tiene que ver con compañeros que trabajan gratuitamente. El trabajo ad honorem es algo que está muy extendido, al menos en la UBA”, explicó a Mascaró Jorgelina Matusevicius, Docente de la UBA e integrante del colectivo Viejo Topo -Cauce.

Matusevicius observa que “hay una serie de mecanismos que deben cumplir docentes e investigadores que implican muchas veces un trabajo más burocrático que de fortalecimiento de la producción de conocimiento y conocimiento crítico en particular”.

La incertidumbre, y la escasa garantía laboral por parte de buena parte de los profesores, contrasta con una planta docente fija que no se renueva y funciona como una casta. “La falta de democracia se observa en que se prioriza el clientelismo académico y la preferencia de la gestión, impidiendo un debate en el interior del claustro docente y de la universidad”, concluye Matusevicius.

LA EXTENSIÓN

Para Martha Linares, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), “el kirchnerismo tiene un deuda pendiente con la LES, porque más allá de que haya habido cambios en reglamentaciones y que se han abierto saludablemente nuevas universidades, estructuralmente se ha mantenido la concepción de la educación superior como un bien y no como un derecho”.

A falta de presupuesto, “cada uno de los decanos de las facultades va en busca de los recursos privados. El objetivo de la empresa es ganar plata, y en ese objetivo hay limitaciones en relación a para qué se tiene que utilizar ese dinero por parte de la universidad”, remarca Linares, militante de la agrupación La Mella, quien agrega que evidentemente hay exigencias por parte de las empresas, y hay condicionamientos.

Basta con recorrer los pasillos de las facultades de medicina, o veterinaria, para observar las marcas de laboratorios y empresas que ponen plata en las instituciones. Difícilmente, las partidas facilitadas por Roche, o Bayer, tengan que ver con la idea de que la Salud debe centrar su mirada en la prevención por sobre la aplicación de tratamientos farmacológicos.

Otro problema es el vínculo de la Universidad con la sociedad, donde según la presidenta de la FUBA, “está muy recortada esa proyección y se expresa con la falta de vinculación real con la población que solventa a la educación pública, así como también la política de investigación”.

En términos de la relación de la universidad con el pueblo, con los sectores más necesitados de la sociedad, que son los que -en última instancia- financian la educación a la que nunca tienen acceso, aparece el concepto de la extensión.

Edgardo Datri, ex docente de la Universidad Nacional del Comahue, observa que “ha desaparecido lo que otrora fuera la política extensionista de carácter público y auténticamente popular que supo tener la educación pública superior de nuestro país para ser reemplazada por la venta de servicios”.

Además de la poca incentivación a la extensión, también puede observarse un dilema en el carácter que suelen tomar las prácticas y las vinculaciones que persisten en algunas facultades.  “La extensión no debería ser considerada como un proyecto de los iluminados, donde los portadores del saber van hacia los sectores donde no saben nada, que no entienden, y allí van los universitarios a iluminarlos. Eso no puede ser así”, observa Martha Linares, quien explica que “no se consideran los saberes, los conocimientos y la cultura del pueblo, y ese es un pensamiento arcaico que prevalece en algunas facultades. Eso también debe cuestionarse”.

DERECHO A CAMBIAR

La universidad, se sabe, es una institución constructora de conocimiento, de ideología y por tanto, de una determinada concepción de mundo. No está aislada de la realidad del país porque representa y responde a un determinado modelo de sociedad. Del mismo modo, en su interior existen tensiones y distintos proyectos políticos.

La universidad debe estar discutiendo día a día cómo contribuye al mejoramiento de las condiciones de la vida de la gente.

Para ello, habrá que dar un paso más, partiendo desde una mirada crítica a la universidad pero también a la sociedad en que vivimos. Para ello deberá romper con la dominación capitalista que se pone de manifiesto en los planes de estudios, en la producción científica, en la investigación y en los contenidos.

Si bien es cierto que el movimiento estudiantil ha sido el garante de la educación pública en nuestro país, se deberá recuperar aún más la participación, el debate y la organización para construir una propuesta de universidad diferente para responder verdaderamente a las necesidades y las demandas del pueblo.

Por lo pronto, se debe exigir que exista una formación crítica y una conciencia de la función social que debe cumplir un profesional y un trabajador formado en el sistema público, aunque en principio parezca reducirse a una cuestión ética.

Será central para dar esos pasos, que se consolide el concepto de la educación como derecho, que sea masiva, y que trabajadores e hijos de trabajadores tengan acceso a la universidad. Es decir transformar su origen elitista, esa génesis que buscaba la formación de los intelectuales de la clase dominante.

Defender la masividad, así como la gratuidad, no significa resignar excelencia académica, sino que por el contrario, contribuye al conocimiento desde la pluralidad y la profundidad.

La realidad es que esa lógica podrá cambiar cuando sean otros los sectores que tengan posibilidad de decisión. Porque en los términos en que se postula la supuesta democracia universitaria, el poder establecido y conservador se garantiza así mismo la continuidad de su proyecto.

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