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La cuestión presupuestaria genera tires y aflojes, donde los números que redondean los acuerdos que se gestan por arriba, siempre resultan insuficientes para las bases.

En el último reclamo docente, esos 17 días de aprendizaje colectivo, de lucha, de solidaridad, de movilización de grandes sectores de la sociedad y de reflexión en la práctica, valieron para redimensionar el alcance presupuestario limitado para la globalidad del hecho educativo: infraestructura, instalaciones en mal estado, comedores, materiales educativos, transporte y por supuesto el salario neto del docente.

La descentralización producida por la Ley Federal de Educación en 1991, continúa vigente y la dependencia de las escuelas a sus respectivas provincias, sigue habilitando a una educación despareja, atada a la suerte económica de cada gobernación a pesar de que en 2006 se sancionara una nueva reglamentación nacional con Ley de Financiamiento Educativo incluida. El ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas a su cargo pero exige que al menos el 26% del presupuesto de cada provincia se destine a mantenerlas.

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en 2010 las provincias destinaron en promedio el 30,3% de su economía a la educación. El mismo estudio indica que las gobernaciones financiaban el 71% del gasto educativo y la Nación, aportaba el 29% restante.

Para el Cippec, el esquema presupuestario “perjudica a las jurisdicciones de mayor tamaño y genera una diferencia de ocho a uno entre la provincia que más recibe por habitante y la que menos”.

Por su parte, el vanagloriado 6% del PBI nacional destinado al sector educativo no debe analizarse linealmente porque, como dice Luis Brunetto, “tanto en los hechos como en el concepto, ese supuesto logro encierra una enorme trampa: la inversión educativa queda atada al crecimiento del capitalismo argentino, o a su caída; y así por ejemplo, con la actual devaluación, que implica una desvalorización del PBI del orden de los 150 mil millones de dólares, se reduce el tal 6% de 33 mil a 24 mil millones de dólares”.

Para focalizar una mirada integral sobre la confección del presupuesto educativo es necesario también repensar las políticas reparatorias que establece el gobierno como el Plan Fines que, si bien se proponen con una intención inclusiva generan en la práctica una descentralidad de la escuela pública. Lejos de una pretensión sarmientina de la misma, es en la escuela donde podemos fortalecer los aprendizajes con la mayoría de los docentes, trabajando en ese espacio que viene siendo degradado desde todas las aristas, desde lo humano pasando por lo edilicio, desde lo administrativo y lo salarial hasta las herramientas más básicas.

En términos de porcentajes, las provincias tienen anclado el 92% de sus desembolsos al pago de salarios, cifra que incluye los sueldos públicos (79%) y los subsidios para los privados (13%). Del resto de la torta las provincias usan el 3% para bienes y servicios, otro 3% para gastos de capital y el restante 2% para otras transferencias al sector privado.

En el caso específico de la Provincia de Buenos Aires, se destinan subsidios a los colegios privados por 5 mil millones de pesos y se los exime de impuestos en otros 400 millones; ese parece un número más que jugoso para repatriar a la escuela pública y así comenzar a levantarla.

Si acordamos en la necesidad de una educación pública, gratuita, científica, crítica y de calidad que supere la lógica numérica de la escolarización y demuestre fehacientemente una alfabetización para que se eleven los niveles de aprendizajes y adquisición de contenidos la solución, por lo tanto, no pasa por fijar porcentajes del PBI, sino, como expresa Brunetto “por establecer la responsabilidad indelegable del Estado nacional en sostener el presupuesto educativo que sea necesario para asegurar dicha educación, como palanca del crecimiento de una economía puesta al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo”.

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