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> Por Paula Talamonti y Carola Bianco*
Nos proponen hablar de otra seguridad, de una propuesta creativa, orientada a fomentar una política pública nacional, consistente, que implique un proyecto político que piense en lxs trabajadorxs y las clases populares. No podemos más que pensar desde el lugar en el que nos encontramos, desde la enseñanza pública, la niñez y los derechos humanos.
Es imprescindible discernir desde qué lugar hablamos, con qué categorías o nociones pensamos y sentimos, porque esto delimita aquello que identificaremos como problema (público/privado, seguridad/inseguridad, libertades/castigos) y las posibilidades de solución.

Cuando se habla de “pibxs chorrxs” se tiende a realizar dos miradas simplistas e igualmente estigmatizadoras: una, lxs criminaliza, propone bajar la edad de imputabilidad, y mano dura; la otra lxs piensa como puras víctimas a las que se debe proteger, salvarlxs de un entorno violento o depravado.

Ambas miradas se sostienen en una matriz de pensamiento paternalista. Esto implica un sesgo clasista, una mirada peyorativa por los sectores populares y una patologización de la pobreza. De la mano de esto, una noción que al catalogar a la diversidad como desviación, busca a través de la normalización, modificar los patrones de vida y conducta de las familias para que se adapten a las normas. Estas normas sostienen el sistema mercantilista cuyo esquema sería: varones adultos a la fábrica, mujeres en la casa cuidando de la reproducción, niñxs a la escuela para formarse como trabajadorxs y la mano ociosa culpable, a las cárceles y la “inocente”, aquellos consideradxs incapaces, a las instituciones de asistencia. Se interpreta la desviación como una falta de la autoridad familiar (el padre) y una debilidad de la conservadora del hogar (la madre), se culpabiliza a la familia patologizándola. La solución es la tutela, considerando incapacitado al niñx y a esa familia para su sana educación, el Estado, a través de sus figuras autorizadas (debe velar por su bienestar. La manera de intervenir en lxs niñxs y las familias defectuosas es a través de la culpabilización individual, que se deriva de una psicologización de los problemas sociales.

Es necesario considerar que esta matriz responde a los intereses de aquellxs que buscan reproducir este sistema.

Pensar a partir de los derechos humanos de la niñez, nos permite abordar la gestión del Estado a partir de la  política pública para afrontar el conflicto y problematizar la violencia.

Es indispensable pensar la política pública desde dispositivos que permitan deconstruir viejas prácticas institucionalizadas, que generan dependencia y castigo por otras que fomenten espacios que permitan construir herramientas junto con lxs pibes, y de ese modo, generar condiciones de vida digna que multiplique las opciones de todxs los niñxs y jóvenes y no los polarice en dos categorías antagónicas, colocando a unos del lado de la ilegalidad/delincuencia, y a otros del consumo y la alineación.

Ambos modelos resultan construidos por adultos que pertenecen a una estructura donde resulta indispensable clasificar y construir esquemas para solucionar los problemas de la delincuencia y la inseguridad, una inseguridad que se manipula a través de los medios masivos de comunicación y se coloca exclusivamente en cabeza de los jóvenes pobres y se resuelve únicamente a través del sistema penal.

Promover derechos implica poner en marcha un sistema que genere condiciones de autonomía para lxs niñxs, adolescentes y sus familias. Implica un esfuerzo orientado a la construcción social (comunitaria, barrial) de redes que se orienten al trabajo por el interés de la niñez por sobre el resto de los intereses privados.  Esto significa comenzar por escuchar a lxs pibxs, problematizando las estructuras sociales de dominación, de los fuertes sobre lxs débiles.

Pero también significa que la política pública debe estar orientada a promover la vida digna de todos lxs niñxs y sus familias: garantizando el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la salud, sustituyendo la fragmentación por la universalización de las intervenciones, la focalización por la integralidad de los abordajes y el clientelismo por la generación de controles y participación de los propios sujetos en la construcción de la agenda pública y el abordaje y distribución de recursos para enfrentar los problemas que les pertenecen.

Hay que pensar relaciones sociales (que generan y se asientan en instituciones) que, por un lado, problematicen la violencia como una matriz cultural aprendida y legitimada como mecanismo de resolución de conflictos y, por otro lado, interprete a la violencia en su aspecto expresivo.

A fin de cuentas, si pensamos desde la niñez y la construcción de sujetos autónomos, que puedan decidir cómo vivir su propia vida, pensamos en estructuras sociales que cuestionen y socaven la explotación capitalista (o de clase), la opresión patriarcal y el lugar de la violencia como medio de resolución de conflictos. Una sociedad, donde la diversidad no sea vista como desviación patológica, y la humanización sea el valor que rija una nueva ética.

* Programa de Niñez DDHH y Políticas Públicas. Secretaría de Extensión. FCJyS- UNLP

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