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> Por Rafael Farace

En nuestro país hasta no hace mucho casi no se escuchaba hablar de minería ni habían grandes emprendimientos mineros. Durante el gobierno de Mitre comenzó a regirse el primer Código Minero, en mayo de 1887, el cual tuvo características generales pero que determinaron un rasgo fundamental: la propiedad estatal de la explotación minera. Este marco legal se mantendrá casi sin alteraciones hasta la década de 1990, cuando de la mano del neoliberalismo se incorporó a nuestro país en el circuito global de explotación minera con una legislación a medida de los grandes grupos transnacionales que desde entonces dominan el sector.

Con este espíritu fue sancionada la Ley de Inversiones Mineras en abril de 1993 (Nº 24.196) que aseguraba a las empresas una serie de beneficios impositivos y financieros que no podrían ser afectados por el lapso de 30 años. Quizá uno de los más escandalosos tenga que ver con los múltiples vericuetos legales que limitan el pago del impuesto a las ganancias, las cuales son millonarias para estos emprendimientos extractivos: se puede reducir hasta el 5% de los gastos en protección del medio ambiente, el monto equivalente a sus inversiones, etc.
También existe una fuerte limitación a las regalías que reciben las provincias por la producción minera, la cual no puede superar el 3% del “valor en boca de mina”. Además, este valor se calcula en base a los minerales declarados por las empresas sin tomar en cuenta otros subproductos o derivados que pudieran estar presentes en el concentrado de minerales que se transporta a los puertos. Las empresas tampoco pagan ningún impuesto a las importaciones y tienen un régimen especial para financiar el pago del IVA y eximirlo o reducirlo en algunos rubros específicos. Por otra parte, a través de la Ley 24.228, que ratificó el Acuerdo Federal Minero, mediante las cuales las provincias se comprometieron a eliminar gravámenes y tasas municipales que afecten directamente la actividad minera y a “evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transporte que pudieran afectar a la actividad minera”.

¿Qué cambió en la última década?

Si bien durante los gobiernos kirchneristas se presentaron 96 proyectos de ley que pretendían modificar asuntos claves del código de minería aprobado en los 90, sólo fueron aprobados 7, los cuales se refieren a preservación de glaciares (2), trabajo de niños y mujeres en minería (3) y sobre el uso de energía geotérmica (2). Pero no hubo ninguna modificación estructural ni eliminación de los beneficios excesivos concedidos por la ley, aunque sí se cambiaron algunos términos de la explotación minera a través de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.

Los únicos casos donde se puso freno al modelo implantado en los 90 fue a través de las luchas locales, que terminaron por imponer leyes que controlan o prohíben algunos aspectos de la explotación minera. Así se contabilizan desde el 2003 unas 9 leyes en provincias como Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis (2 de las cuales terminaron siendo anuladas) y una gran cantidad de ordenanzas municipales.

Con la nacionalización del conflicto minero se escucharon voces dentro del gobierno favorables a la modificación de las leyes mineras y Cristina Fernández reclamó dar un debate serio sobre el tema.
El 15 de febrero de este 2012, cuando en varias localidades del país todavía continuaba la represión y los desalojos, en Capital Federal, las diez provincias que practican la minería firmaron el “Acuerdo Nacional” para conformar la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI).
La intención de la Nación y la OFEMI es crear empresas provinciales que participen junto a las multinacionales mineras, obteniendo de esa forma una renta extra por fuera de las regalías anuales que perciben los estados, que actualmente es de un 3%.

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