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> Por Jorgelina Matusevicius y Omar Battistessa

Abordar  la intervención en el área de la vivienda y la salud implica incursionar en el terreno de las políticas sociales en general y de las políticas sectoriales respectivas en particular. En relación a la política de vivienda macrista existe consenso para referirse a ella en términos negativos, en un doble sentido: ya sea como falta o ausencia de políticas, o como política expulsiva y represiva.

La acción de gobierno está signada por la ausencia de políticas activas en favor de la reducción del déficit habitacional y paralelamente, con un compromiso pro-activo con acciones de orden jurídico, administrativo y represivo, tendientes a despejar el camino para la concreción de todo tipo de negocios inmobiliarios.

La expresión más acabada es el enorme incremento de los desalojos durante los últimos años que a su vez, son expresión de la ausencia o flexibilización de los marcos regulatorios, la aceleración de los procesos judiciales, la entrada en vigencia de la figura de los desalojos administrativos y la acción represiva directa del gobierno porteño a través de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Esta última fue desarticulada luego de intensas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas.

En medio del vacío generado en materia habitacional el gobierno responde con dos programas de neto corte asistencial: los paradores y los subsidios habitacionales, ambas del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social porteño.

Es necesario detenernos en algunas cuestiones fundamentales del segundo de los programas mencionados  que es la respuesta asistencial por excelencia del actual gobierno:

-El período acotado a 10 meses presupone (o pareciera presuponer) erróneamente que la imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora para acceder  a una vivienda obedece a una circunstancia transitoria e irrepetible.

-La suma asignada cubre sólo parcialmente el monto de un alquiler de una habitación por lo general muy precaria en una vivienda colectiva (inquilinato u hotel de muy baja categoría).

– La meta impuesta a nuestra intervención y la de la demanda de la población no es otra que la de una vivienda inadecuada, sólo menos indeseable que la situación de calle.

– Las trabas burocráticas, entre ellas la condición de acceso consistente en estar en situación de calle o en inminencia de un acto signado por la urgencia, condición incongruente con la demora de la respuesta gubernamental.

Los obstáculos al acceso se potencian con la negativa generalizada por parte de numerosos servicios sociales de efectores de salud y desarrollo social a realizar los informes sociales que se exigen para obtener  el subsidio.

Al mismo tiempo naturaliza o legitima condiciones habitacionales totalmente inadecuadas al consagrar como la meta del proceso de gestión una vivienda sumamente precaria, apenas menos indeseable que la situación de calle, y muy lejos de constituirse en una respuesta al derecho a una vivienda  digna.

Por último, en la medida en que el problema se individualiza en su concepción  y en la estrategia de abordaje, los sujetos individuales de la demanda se constituyen en competidores por un recurso escaso. De este modo se propicia el surgimiento de conductas de control entre pares (denuncias cruzadas de acceso indebido al recurso), exigencia de mayor control institucional hacia los otros y actitudes discriminatorias hacia los extranjeros a los que se atribuye la insuficiencia de los recursos. En otras palabras se instituye un mecanismo que enfrenta a pobres contra pobres.

Una parte importante de los afectados quedarán afuera de este tipo de soluciones por precarias que sean. Podríamos preguntarnos qué relación tiene esto con que en la actual fase del capitalismo la función de la política social como aporte a la reproducción de la fuerza de trabajo adquiere un carácter restringido. Esto es así en la medida en que cada vez es mayor la población obrera excedentaria, aquella de la que prescinde el capital para reproducirse.

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