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Los desafíos de un Estado que desde su conformación sostiene una reciprocidad con la Iglesia Católica, atravesando dictaduras y procesos democráticos. Las transformaciones culturales, la diversidad religiosa y la relación del kirchnerismo con la Iglesia tras la fumata blanca que definió a Bergoglio máxima autoridad eclesial.

Un gran crucifijo se erige sobre las cabezas de la Corte Suprema de Justicia. Una virgen contempla a los legisladores en los pasillos del Congreso. La Casa Rosada aloja en su interior la capilla “Cristo Rey”, inaugurada el 21 de diciembre de 1978. Un cristo, una virgen y un templo formando parte del universo simbólico de la cima de los tres poderes de un Estado que se define laico. Esta iconografía, que además se replica en hospitales y escuelas públicas, tribunales, ministerios, legislaturas y concejos deliberantes, es un reflejo del tipo de relaciones que el Estado argentino entabló con la Iglesia Católica a lo largo de su historia.

Este vínculo, en palabras del sociólogo Juan Cruz Esquivel, se ha basado en legitimidades y utilidades recíprocas:la religión se sujeta del Estado para profundizar su presencia pública y la dirigencia política recurre a la religión para apuntalar su poder.

A pesar de no ser confesional, es decir, de no instituir una religión oficial, el Estado ha favorecido, desde su constitución hasta hoy, la hegemonía de la Iglesia Católica. Principalmente a partir de la década de 1930, ésta encontró en los gobiernos militares la garantía política para el predominio cultural.

Utilidades recíprocas

Los golpes de 1930, 1943, 1955, 1966, 1976 y los gobiernos que les sucedieron, a excepción de la segunda presidencia de Perón, se convirtieron en valiosos instrumentos para la catolización del Estado y la sociedad. Garantizaron la penetración eclesial en la estructura estatal y en el entramado social a través del nombramiento de funcionarios católicos, la instauración de la enseñanza religiosa, el adoctrinamiento exclusivo de las Fuerzas Armadas, la asignación de subsidios y propiedades inmobiliarias, la creación de diócesis y la sanción de leyes beneficiosas (ver recuadro “Leyes divinas”). Y englobando todo eso, favorecieron la expansión y consolidación de una idea medular en el imaginario colectivo: que la nacionalidad argentina es católica desde su nacimiento, en virtud de la presencia religiosa en los procesos de colonización e independencia. Y que, por tanto, el “ser nacional y católico” es preexistente al Estado, cuya construcción comienza en la segunda mitad del siglo XIX.

Por su parte, estos regímenes encontraron en la doctrina cristiana una fuente de legitimación política y de sentidos unificadores para contrarrestar los conflictos sociales y las oposiciones internas. El mayor provecho lo sacaron las Fuerzas Armadas en 1975-1983 revistiendo con manto sagrado su plan de exterminio.

En los primeros años que siguieron a la restauración democrática, la jerarquía eclesiástica perdió influencia sobre el poder político y la sociedad. En consonancia con su prédica de un Estado laico, el gobierno radical promovió en 1987 la sanción de la ley de divorcio que, sumada a los juicios contra los militares, estableció un marco de relaciones conflictivas con la Iglesia. Sería el presidente Carlos Menem quien reactualizaría la lógica de utilidades recíprocas en todo su esplendor, recurriendo a la legitimación religiosa y, en ese acto, perpetuando varios de los privilegios eclesiásticos.

La reforma constitucional de 1994 conservó en el preámbulo la invocación a la “protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, y en el artículo 2 la obligación del Estado de sostener el culto católico. El único avance de la laicidad en dicha reforma fue la eliminación del artículo que exigía al presidente y al vicepresidente profesar el catolicismo, y la supresión de la potestad del Congreso de promover la conversión católica de los pueblos originarios.

La primera presidencia de Menem (1989-1995), convertido del islamismo al catolicismo en 1966 por un cálculo político, estuvo teñida de una retórica cristiana que ratificaba la idea de la “Nación católica”. El mandatario facilitó la recuperación del protagonismo eclesiástico en la toma de decisiones sobre educación, moral y sexualidad, y otorgó gran publicidad a las concepciones católicas sobre la familia, la mujer y el aborto. Como retribución, durante los primeros años de gestión la jerarquía evitó pronunciarse públicamente sobre las medidas de ajuste estructural que de a poco repercutían en los índices socioeconómicos.

Hacia 1996, cuando las consecuencias sociales de la política económica eran ya ineludibles y desde el Vaticano se fortalecía la crítica al neoliberalismo, la Iglesia local decidió reposicionarse y mostrarse alejada del poder político. Ya no conllevaba un beneficio, en materia de público religioso, apoyarse en un aparato estatal debilitado y desprestigiado. Más redituable era situarse del lado de los perjudicados y asumirse sus protectores. La condena mundial de Juan Pablo II al “capitalismo salvaje” favorecía tal posicionamiento. Ya eliminado el peligro comunista, la iglesia universal encontraba en el neoliberalismo un nuevo demonio sobre el cual fortalecer su identidad colectiva.

Las guerras de Dios

Desde 2003 los gobiernos kirchneristas adoptaron una posición relativamente independiente respecto del poder eclesiástico. Independiente porque determinadas decisiones políticas se tomaron sin la consulta previa a los obispos o incluso resistiendo a sus presiones. Relativa porque ha sido más coyuntural que estructural. El gobierno ganó autonomía en el marco de un Estado que más bien tiende a cederla a través de la legislación vigente. Y no avanzó en la elaboración de propuestas para alivianar esa pesada herencia y profundizar el camino hacia la separación entre Estado e Iglesia.

Entre las medidas que reflejan la independencia, resaltan las relativas a la ampliación de derechos en materia de sexualidad y diversidad cultural, por ejemplo la distribución gratuita de métodos anticonceptivos, la Ley 25.673 (2003) de salud sexual y procreación responsable, la Ley 26.150 (2006) de educación sexual integral (sobre ambas, ver Mascaró Nº 6, octubre 2012, pág. 16), la Ley 26.618 (2010) de matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley 26.743 (2012) de identidad de género.

La sanción del “matrimonio igualitario” fue interpretada por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio como “la pretensión destructiva del plan de Dios”, el “instrumento” de una “movida” del demonio para “confundir y engañar” a las personas, lo que convertía a su resistencia en una “guerra de Dios”. Al igual que muchos obispos durante la última dictadura, Bergoglio ubicaba a la divinidad en el comando y estandarte de la batalla por la “familia argentina”, pretendiendo así otorgar una legitimidad sagrada a lo que no era otra cosa que una intervención política. Un día antes de la sanción de la ley, convocó a un acto frente al Congreso para defender el modelo familiar de “José, María y el Niño”.

La familia, la sexualidad y la concepción de la vida humana son algunos de los principales ejes de intervención de la iglesia en la política nacional (ver recuadro “Si el Papa fuera mujer ¿el aborto sería ley?”). Dos años después de la Ley 26.618, durante la discusión por la reforma del Código Civil los obispos emitieron un documento titulado “El Código Civil y nuestro estilo de vida” (22/08/2012), donde manifestaron que el modelo de familia proyectado por la nueva normativa expresaba “una tendencia individualista” opuesta “a los criterios evangélicos”. En ese marco, el papel de la religión era “ayudar a la razón” de los legisladores para que descubrieran “con claridad” los “principios morales” que dan fundamento a las acciones de gobierno. Los prelados requerían a los senadores que fueran “fieles a la herencia y a las tradiciones patrias” y que basaran el voto en sus conciencias individuales antes que en las “pertenencias partidarias” o los intereses de sus representados.

Otros tópicos de participación eclesial en la vida política del país son los vinculados al sistema económico, como el tráfico de drogas, la trata de mujeres y principalmente la pobreza. Hoy, que aquel “capitalismo salvaje” de los noventa ha sido en gran parte relativizado, la “pobreza” emerge como la más cómoda plataforma de crítica, al tratarse de “un tema que llama a la unanimidad, ya que cualquier nivel de pobreza en un país superabundante es una ofensa inadmisible”, como dice Horacio Verbitsky.

A fines del siglo XIX, ante la evidencia del conflicto social en los países centrales provocado por las miserias que arrojaba el capitalismo en plena juventud, la Iglesia advirtió la necesidad de aggiornar su discurso. Mediante la encíclica Rerum Novarum (1891) el papa León XIII buscó interpelar a “los pobres” y “los débiles”. Desde entonces hasta hoy los sucesivos pontífices se distanciaron o acercaron a esa línea. A grandes rasgos, puede decirse que Benedicto XVI es un ejemplo de lo primero y que Francisco llegó para retomar la interpelación a los pobres.

Pero ningún Papa ha emprendido nunca acciones contra la riqueza, que es la única receta conocida para combatir la pobreza. La intervención de la iglesia en esta materia se basa en una metodología tutelar: identifica la carencia y la asiste, sin alterar profundamente las condiciones de pobreza ni cuestionar el sistema económico que la produce. La obra de beneficencia de Cáritas es el ejemplo más paradigmático. La iglesia actúa sobre la pobreza y no contra ella, porque divisa en ese amplio sector social un potencial público religioso al cual atraer con su doctrina: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el Reino de los Cielos” (Evangelio según Mateo 5, 1-12).

Hagan lío

“El amor vence al odio, porque esa es la esencia de Jesucristo, de su piedad, de su pasión, el amor que venció a los fariseos que lo echaron del templo, el amor que venció a los sacerdotes que lo entregaron para que lo sacrificaran, el amor que venció a la indiferencia de Poncio Pilatos, que se lavó las manos como muchos se lavan las manos frente a los problemas de los que menos tienen y se regocijan de estar junto a los que más tienen. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el Dios en el que yo creo”. Estas palabras, que podrían confundirse con la interpretación pastoral de un pasaje del evangelio, fueron dichas por la presidenta Cristina Fernández en el homenaje al sacerdote Carlos Mugica el pasado 12 de mayo. En ese acto, la mandataria fundamentó partes de su discurso citando la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del papa Francisco y recomendó a los referentes de la oposición que “lo lean un poco más en lugar de ir tanto a Roma a sacarse fotos”. Esta cita sirve de ejemplo para mostrar que la elección de Bergoglio en marzo de 2013 alteró las relaciones del gobierno con la Iglesia. Poniendo en suspenso los puntos conflictivos (el Código Civil, el Obispado Castrense, el aborto, entre otros) el gobierno se sumó a lo que Esquivel denomina “la carrera por un papa propio”, en la que también compiten opositores, gobernadores y legisladores de todo el arco político. Desde el mismo 13 de marzo se “reactualizó una lógica procedimental y discursiva muy arraigada en la cultura política argentina: las apelaciones a lo religioso bajo la pretensión de transferir legitimidades hacia la arena de la disputa política”.

No se cuestiona aquí el derecho de un presidente a manifestar sus creencias, ni la decisión o necesidad de un gobierno de moverse pragmáticamente ante lo que se presenta como un actor político por el momento ineludible. Se discuten los efectos de esa apelación a lo religioso en la cultura política. La presencia del ideario cristiano en discursos y campañas electorales (como el slogan “Yo creo en Dios” de Daniel Scioli en 2011), la habilitación a la jerarquía eclesiástica para participar de decisiones políticas, la asistencia de los presidentes cada 25 de mayo al Tedéum, la transmisión de ceremonias religiosas en la TV pública, las visitas de referentes políticos a los obispos para discutir temas de actualidad y firmar compromisos, entre otras acciones, depositan en la religión una parte de la legitimación de la política. Y al hacerlo, no sólo naturalizan la presencia pública del catolicismo y reproducen el poder eclesiástico, sino que también corroen las fuentes de legitimidad propias del campo político.

Bajar los cuadros, bajar los crucifijos

La sociedad argentina atraviesa un proceso de transformación cultural que afecta al catolicismo. Por un lado, el porcentaje de personas que se declaran católicas ha disminuido de 93% en 1960 a 76% a comienzos del nuevo siglo. El crecimiento de la indiferencia religiosa (que hoy alcanza un 11% entre ateos, agnósticos y “creyentes sin religión”) y del evangelismo (9%) repercute en una disminución de fieles del catolicismo. Esta tendencia se repite en la mayor parte de Latinoamérica y es sin duda uno de los factores que explican la elección de Bergoglio.

Pero hay una transformación todavía más preocupante para la Iglesia local. La primera Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, dirigida en 2008 por los sociólogos Fortunato Mallimaci y Juan Cruz Esquivel, demostró que la población experimenta una recomposición de sus prácticas religiosas caracterizada por el desapego institucional: el 76% de los católicos afirma que se relaciona con Dios “por cuenta propia” o no se relaciona, mientras que apenas el 23% lo hace mediante la Iglesia.

Esta des-institucionalización se expresa también en la creciente autonomía de conciencia que muestran los fieles respecto de las opiniones oficiales de la jerarquía. Por ejemplo, el 60,3% está a favor de que se permita a las mujeres ejercer el sacerdocio, el 71% que los hijos elijan su propia religión, el 76,3% que los religiosos puedan formar familia, el 92,4% que las escuelas impartan educación sexual, el 95,8% que los centros de salud ofrezcan métodos anticonceptivos de manera gratuita y el 63,9% que se permita la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, riesgo de muerte o malformación del feto. Asimismo, solamente un 14,4% opina que las escuelas deben enseñar religión católica y apenas un 7% que los poderes del Estado deben escuchar principalmente las sugerencias de religiosos en materia de anticoncepción y natalidad. Respecto del sostenimiento del culto, el 60% desaprueba el financiamiento exclusivo a la Iglesia Católica.

En un contexto cultural de crecimiento del pluralismo y la autonomía individual, el predominio católico es posible no solamente por su enorme peso histórico, sino también por la persistente intervención del Estado a su favor. Como señala Esquivel, “ninguna religión consigue reproducir su hegemonía sin el acompañamiento del poder civil”. Si la recurrencia de la clase política a buscar legitimidad en la religión, es el factor simbólico que garantiza el predominio católico y abre una brecha para la confesionalización del Estado, el sostenimiento económico del culto es su factor material. Actualmente se financian con recursos públicos la asignación mensual a más de 100 obispos, la actividad pastoral en las Fuerzas Armadas y de seguridad, instituciones y programas de caridad, 2.500 colegios católicos, 28 seminarios, los pasaportes oficiales a obispos y la refacción de templos. Otra vía de sostén material es la exención de impuestos inmobiliarios: hay quienes dicen que si la iglesia tuviera que contribuir al tesoro nacional por sus propiedades, gastaría en ello todos los aportes recibidos. Su despliegue a nivel nacional y sectorial se desvanecería sin este apoyo estatal.

Cabe preguntarse si la iglesia, en virtud de los cambios culturales e institucionales descriptos y de su dependencia respecto del Estado, constituye todavía un verdadero factor de poder como en otras épocas. Y, en caso de responder que no, por qué la clase política continúa actuando como si lo fuera.

La ampliación de derechos en materia de diversidad cultural, promovida por los gobiernos kirchneristas y resistida por la Iglesia, reveló una postura relativamente independiente del poder civil en la toma de decisiones políticas. No obstante, ni el partido gobernante ni los opositores -salvo la izquierda- inscriben la laicidad como parte de su programa. El PRO de Mauricio Macri alaba a Francisco al tiempo que mantiene estrechos vínculos con el integrismo católico, el sector más conservador de la Iglesia. Y el posible triunfo electoral de Scioli en 2015 amenaza con congelar -en el mejor de los casos- los avances mencionados.

La investigación dirigida por Mallimaci y Esquivel permite concluir que las transformaciones culturales y religiosas que atraviesan a la sociedad actual, no han tenido un correlato en la estructura estatal. Un Estado verdaderamente laico es condición necesaria para el ejercicio de la soberanía, la efectiva igualdad de los ciudadanos ante la ley y la profundización de la democracia.

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