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La historia ilustra de forma clara la disputa de la ciencia, y en particular de las universidades públicas, en torno a los intereses de sectores populares y de grandes grupos económicos. En este caso los protagonistas son la comunidad de Malvinas Argentinas, ubicada en la periferia de la ciudad de Córdoba, la multinacional Monsanto, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2012 la ciudadanía de Malvinas resiste la instalación de la planta de acopio de semillas de maíz transgénico más grande del mundo. Tras diversas instancias de lucha, el proyecto quedó frenado por el Poder Judicial, por no cumplir con aspectos técnicos, y tener el estudio de impacto ambiental rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial.

Con el aplazo de la sociedad en varios países (ver el libro El Mundo según Monsanto), la principal empresa semillera del mundo y la cuarta en venta de agroquímicos (según el grupo ETC) hoy es cuestionada por la comunidad de Malvinas. Un informe del Conicet dice que nueve de cada diez vecinos reclama una consulta popular para definir la instalación o no de la planta; y 64,86 por ciento votarían por el “no”. En ese contexto, Marcelo Conrero, decano de la FCA, presentó el 22 de agosto un convenio de cooperación técnica con la multinacional, para realizar tareas educativas y revisar el nuevo estudio de impacto ambiental que la empresa prometió realizar. El secretario del decano, Jorge Dutto, había paticipado del informe de la empresa que la Provincia no aprobó. El convenio tiene pasajes que no distan de una publicidad de la compañía. “Monsanto es una compañía de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional en las áreas de industrias de biotecnología, semillas y productos de protección de cultivos, que ha asumido un Compromiso de Agricultura Sustentable”, dice el artículo 3.

Desde el punto de vista ambiental la planta de Monsanto ya había sido cuestionada por diversos estudios técnicos, entre otros por el biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente, y por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (UNC). Las máximas autoridades de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Católica también expresaron su rechazo a este proyecto, por su impacto social y sanitario. Conrero fue a contramano e inmediatamente recibió el rechazo del Consejo Superior de la UNC. Finalmente, el 22 de octubre, suspensión de por medio, decidió derogar el convenio.

La contracara de la postura de Conrero la expresa la presidenta del Centro de Estudiantes de su facultad, Laura González (Movimiento de Base Agronomía). “Estos temas deben discutirse interdisciplinariamente, con voces de distintas carreras de la Universidad, ya que este tipo de convenio sobrepasa la dimensión estrictamente técnica – agronómica”. A lo que debe sumarse “la necesaria participación del pueblo de Malvinas”. De cara a futuros debates, la militante plantea como “urgente considerar las cuestiones ambientales, sociales, culturales y políticas que involucran estas decisiones”.

La disputa por la ciencia a favor de qué y quién está en ebullición en torno al agronegocio. Una de las máximas expresiones se plasmó el día que la presidenta celebró el descubrimiento de la investigadora Raquel Chan, del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. La científica encabezó el equipo que logró que un gen de girasol, puesto en soja, maíz y trigo, permita generar plantas tolerantes a sequía y salinidad. En otras palabras, extender la frontera agrícola más allá de las 33 millones de hectáreas que ya ocupa. Más tierras para el agronegocio, más pulverizaciones, más desmonte, más conflictos por tierras. “Es un orgullo como argentinos tener científicos como ustedes”, les dijo Cristina Fernández.

Menos prensa y reconocimiento oficial tiene la política de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una referencia en la lucha contra el extractivismo. En 2012 el Consejo Superior emitió una resolución de rechazo “a todo modelo de producción que afecte la vida, que conlleve la sobreexplotación de los recursos naturales y que quebrante nuestro objetivo de alcanzar nuestra soberanía alimentaria, tecnológica, científica y cultural”. En una resolución posterior, la 322, expresó la voluntad de orientar la educación superior hacia “modelos agroecológicos de producción de alimentos, la salud de la población y la protección del ambiente de los efectos de la contaminación”. Investigaciones recientes de esa casa de estudio, como las que demuestran el vínculo entre la aplicación de agroquímicos y el daño genético, que encabeza Fernando Mañas, muestran que otro camino para la ciencia no sólo es deseable sino que es posible y que ya está en marcha.

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