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Por  Loana Barletta

El modelo sanitario argentino dista de ser igualitario y equitativo para todos los habitantes del país. Mientras el sector privado de la salud avanza y se consolida bajo un modelo empresarial, el sector público se ve cada vez más deteriorado por la falta de políticas que puedan saldar la fragmentación, el deterioro de los hospitales públicos y los programas de prevención y asistencia.

En Septiembre de 1978 la Argentina fue uno de los 134 países que se reunieron en Kazajistán en lo que sería el evento de política de salud más importante de la década: la Conferencia sobre Atención Primaria de Alma Ata. Su lema fue “salud para todos en el año 2000” y su declaración expresaba la necesidad urgente de la toma de acciones por parte de los gobiernos para proteger y promover el modelo de atención primaria de la salud para todos los individuos del mundo.

En Alma Ata se determinó que la salud era mucho más que la medicina: era la educación, la nutrición, el acceso a estilos de vida saludables. Un criterio central fue ofrecer a los países llamados en vías de desarrollo la posibilidad de llegar, con los pocos recursos que tenían, a un nivel de salud más alto. Sin embargo, si bien la atención primaria es en definitiva mucho más barata, para cambiar de un sistema a otro hacen falta modificaciones organizativas, formación de personal y, sobre todo, decisión política.

 

El (des) orden de las piezas

Argentina fue uno de los países de América Latina que adscribió a la estrategia de atención primaria. Sin embargo, con el correr de los años y a pesar de intentos de acercar la salud a la comunidad, su modelo sanitario dista bastante de seguir esta iniciativa.

El sistema de salud argentino está dividido en tres subsectores: el estatal, el privado y el de seguridad social (el de las obras sociales). El sector estatal brinda servicios de salud de forma gratuita a través de una red de hospitales públicos y centros de atención, supuestamente, a toda la población. Según datos del INDEC en el año 2010 esta cobertura era del 38%, mientras que la de obras sociales y medicina prepaga alcanzaba el 62% sobre el total de la población del país.

Este subsector, a su vez, consta de otras tres divisiones: nación, provincias y municipios. Y cada una de ellas tiene centros de salud y hasta leyes que le son propias. De esta manera, el Ministerio de Salud de la Nación propone el marco regulatorio y disciplinario, esto es, las normativas que se deben seguir a lo largo y ancho del país en materia sanitaria, pero la salud propiamente dicha está librada a las provincias. Es decir que las decisiones dentro de su territorio dependen de los responsables de cada cartera sanitaria y de su gestión.

Si a la división del sistema de salud en estatal, privado y obras sociales se le suma que dentro del sector público cada provincia y cada municipio tiene libertad de acción sobre la política sanitaria, se presenta un grave problema de fragmentación que tiene consecuencias principalmente en el acceso a la salud de todos los habitantes de las distintas regiones del país que, a su vez, tienen características sociales y contextuales muy diferentes entre sí. Se habla de un sistema fragmentado cuando se evidencia la ausencia de principios y criterios integradores. Como explican Federico Tobar, Sofía Olaviaga y Romina Solano, investigadores del Programa de Salud del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento): “Cuando hay muchos responsables sin un esquema explícito y coordinado de división del trabajo, el resultado es que nadie es responsable” y en esa lógica, agregan, “es posible que los subsistemas (público, obras sociales y prepagas) o sus agentes consigan proveer servicios de calidad y con eficiencia en términos particulares. Pero, al no contar con una asignación de los recursos alineada con objetivos sanitarios, es probable que el sistema funcione cada vez peor”.

A esto hay que sumarle la injerencia de la medicina privada y de las obras sociales que son básicamente empresas con fines de lucro. El doctor Constantino Touloupas, médico especialista en Farmacología Clínica y docente de la Universidad Nacional de La Plata, explica que “tenemos un sistema de redes sanitarias, de regionalización, los hospitales descentralizados, pero nada de eso sirve porque el sistema está desestructurado. Hay que pensar en un sistema único de salud donde se integren los niveles, donde se modifiquen las leyes que hoy fomentan la separación y donde se implemente una real política pública sanitaria. El problema es que modificar el sistema implicaría meterse con intereses que nadie se anima a tocar”. Porque en un país en donde el Estado no garantiza el acceso y la calidad en salud a todas las personas, aparece la medicina privada como respuesta al problema y, cuando esto sucede, el sistema se vuelve negocio. Modificarlo significaría atravesar una extensa red de intereses privados que van desde los laboratorios que producen medicamentos hasta las obras sociales, pasando por los colegios de profesionales que regulan su actividad pensando en sus colegiados y no en lo que el sistema necesita.

Si se retoma el concepto de atención primaria, en el país se podría plantear el trabajo sobre la prevención en donde se contemple el fortalecimiento real de los centros de salud de baja complejidad pensando en dotarlos del recurso adecuado y de la tecnología necesaria. Los indicadores de médicos por habitante en Argentina son elevados en relación a otros países del mundo, sin embargo, éstos no se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la población. Para evitarlo, entre otras cosas, debe darse una planificación de la cantidad de profesionales que deberían trabajar en cada nivel, de manera ordenada y orientada por el Estado y con el apoyo de las entidades que nuclean a los trabajadores sanitarios.

Por eso, la reconversión del sistema implicaría una disputa con corporaciones, industrias y gremios, que hasta el momento (y a excepción de un intento fallido del ministro de Salud durante el gobierno de Alfonsín) nadie ha querido enfrentar. No sólo por el esfuerzo y la complejidad que implica sino porque cuando la salud se convierte en negocio todos pueden recoger una tajada, incluso el propio gobierno.

 

Las vacunas son ajenas

“Yo creo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento” decía en agosto de 2012 la por entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y abría las puertas a un sinfín de críticas cuando algún tiempo después concurría a la Clínica Favaloro y el Sanatorio Otamendi, ambos privados, a realizarse estudios y chequeos. Cristina era honesta, el sistema de salud pública era puro cuento. Y el relato principal de ese cuento se viene dando en la Argentina desde la década del 60 y agudizándose cada vez más con el paso de los distintos gobiernos.

La inversión en salud en los últimos años ha ido decreciendo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Argentina en 2001 se destinaba el 9.4% del PBI al sector sanitario; en 2005 esa suma descendió al 6.8% y en la actualidad es del 6.2%.  Y, si bien la salud de una región se mide en indicadores y no en dinero invertido, esto tiene directa relación con el desmantelamiento que ha recibido el sector salud y el estado de situación actual tanto nacional como provincial. Esto responde a una política que, lejos de disminuir la fragmentación, la acentúa. Esa política que, entre otras cosas, pone en lo privado el eje de resolución de los problemas de lo público fue llevada a cabo por el gobierno kirchnerista y viene a consolidarse con Macri y su gabinete de CEOS.

Luego de haber probado que saben cómo vaciar el sistema de salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo decidió llevar a los mismos funcionarios responsables del deterioro de los hospitales públicos de CABA y de la precarización de los centros de salud, al Ministerio de la Nación. Así, Jorge Lemus pasó de ser Ministro de Salud de la Ciudad a ocupar el mismo cargo a nivel nacional. Y la primera decisión que tomó junto a su equipo fue la disolución y reestructuración de áreas y programas mayormente destinados a la atención primaria, el trabajo territorial y la distribución de insumos y medicamentos.  Algunos de los que integran la extensa lista del recorte son el Programa de Organización Comunitaria en Salud, el Programa Nacional de Salud Mental, el Programa Sumar, el Programa Remediar y, uno de los que más repercusión tuvo, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que, si bien no fue cerrado, fue modificada su estructura y acotado su presupuesto.

 

Nota completa en edición impresa Mascaró #36, Julio – Agosto de 2016.

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