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Desalojos y topadoras contra comunidades originarias y campesinas, en el camino de la expansión de la frontera productiva. Los daños colaterales del modelo y las necesidades del mercado mundial.

Para el que mira sin ver, la tierra

es tierra nomás. (Atahualpa Yupanqui)

Cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió su segunda presidencia, en diciembre de 2011, sostuvo: “No soy la Presidenta de las corporaciones”. Poco antes y poco después presentó orgullosamente acuerdos con Monsanto (la principal empresa de agronegocios del planeta), Barrick Gold (campeona mundial de las mineras), y Chevron (una de las principales compañías de petróleo del universo).

Más allá de la contradicción discursiva, no resulta tan extraña la presencia de estas y otras corporaciones, si se acuerda con que el centro de la política económica Argentina y latinoamericana tiene un marcado eje en la explotación y exportación de bienes comunes de la naturaleza. La producción primaria encuentra espacio en un mercado mundial que fomenta la agroexportación, el extractivismo minero y nuevas formas de explotación petrolera.

El gran capital transnacional se vuelca sobre los recursos, financiando, e incluso adquiriendo tierras y territorios tanto de nuestra región como de otros países del denominado tercer mundo.

Este requerimiento del orden económico y las nuevas tecnologías generan la expansión de la frontera productiva y la indefectible expulsión de campesinos y pueblos originarios de sus territorios.

Reconocido este panorama, se deberá considerar que cada una de las resistencias de los pueblos, los campesinos, los indígenas y las organizaciones se realizará (también indefectiblemente) no sólo ante un proyecto y modelo de país, sino también frente al poder internacional, llámese imperialismo. En paralelo, se impone buscar otro modo de trabajar y relacionarse con la tierra, proponer otro modo de organización y forma de vida, si es que se pretende salvar a la especie humana.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA

Oficialmente, se reconoce que en nuestro país existen actualmente 857 conflictos rurales diseminados en 9 millones de hectáreas, que afectan a unos 64 mil agricultores familiares (campesinos e indígenas).

Así lo confirma el primer informe sobre relevamiento y sistematización de problemas de tierras realizados por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación.

El 43% de los conflictos se desarrollan entre el último año y los nueve anteriores. En tanto que otro 21% de los conflictos tienen una antigüedad de entre 10 y 19 años. Esto muestra que la mayoría de los casos son relativamente nuevos.

El propio informe relaciona que: “sin dudas que este dato debe leerse a la luz de la innovación tecnológica y del impacto de la expansión de la frontera agropecuaria sobre la estructura agraria y los agricultores familiares”.

Hoy, el 85% de los conflictos se da en tierras de más de 5 mil hectáreas y en provincias del Noroeste Argentino y patagónicas. Este dato, nos recuerda que hace un par de décadas esas tierras no eran tan productivas y, no parecían despertar demasiado interés más allá del de sus habitantes originarios.

En la mitad de los conflictos relevados, las familias campesinas e indígenas implicadas recibieron amenazas de desalojos y aprietes por parte de privados amparados por el Estado.

EL PROBLEMA DEL INDIO

En los últimos tres años se registran al menos doce muertes en los pueblos originarios de todo el país como resultado de la represión policial y la acción de grupos armados, en relación a disputas por la tierra.

El documento de la reciente Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas realizada en Formosa el 3,4 y 5 de Junio, sostiene que “las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de Gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta”.

Como mandato de la Cumbre de Formosa, los pueblos originarios enviaron una carta a la Presidenta pidiendo una audiencia y que se atiendan las demandas planteadas allí. A pesar de la vigilia y de las marchas a Casa Rosada cada miércoles del mes de junio, no ha habido respuesta. El único que salió a decir algo fue Daniel Fernández, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque sus palabras no fueron muy felices: acusó al representante de la Comunidad Qom, Félix Díaz, de estar siendo utilizado por los grandes grupos mediáticos y además expresó que “hubo una serie de accidentes” y que exageran quienes “hablan de etnocidio”. (ver entrevista a Félix Díaz).

Además de las cuestiones de discriminación, del ensañamiento y la indiferencia hacia los pueblos originarios, lo que está de fondo es el conflicto por la tierra, por la propiedad, y por lo que de ella puede extraerse. Como ya lo dijera el peruano José Carlos Mariátegui, el problema del Indio es el problema de la tierra.

CAMPESINO

En octubre de 2012, organizaciones rurales de base presentaron un proyecto de ley nacional para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra.

El oficialismo nacional había prometido impulsarla pero “hasta el momento no hemos logrado que se apruebe esta ley, que suspendería por 5 años los desalojos”, cuenta a Mascaró Pablo Orellana, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) de Juríes y del Frente Nacional Campesino.

Pablo Orellana observa que “hoy en Santiago en general es un retroceso lo que estamos viviendo, porque hay mucha presión, y a los responsables de los campesinos y pequeños productores se les está comprando por monedas y tentando con herramientas e infraestructura, buscando la unidad y la convivencia con los empresarios”.

Orellana cuenta que el poder político, económico y judicial, ha ido buscando nuevas formas de persuasión para correr a los campesinos de las tierras. Por un lado, apela a la pelea entre vecinos y la conformación de grupos armados que amedrenten a los más combativos (como el caso del asesinato de Cristian Ferreyra en noviembre de 2011), y por otro buscan extorsionarlos con dádivas y promesas, utilizando carátulas judiciales que lejos están de reflejar la realidad del conflicto, y sustentándose en una Constitución y un Código Civil que muestran la lógica del avance de las multinacionales, y no la propiedad como un bien común.

“Los empresarios les ofrecen un terreno en el pueblo a cambio de que negocien y se resignen a sus tierras. Hay una extorsión, porque los aprietan y les dicen: agarrá esto antes de que te deje sin nada”, explica Orellana.

Ese campesino desalojado, despojado de su tierra suele terminar engrosando los cinturones conurbanos de las grandes ciudades en busca de una salida laboral (ver recuadro El techo es la tierra), o siguen ligados al trabajo rural como mano de obra de los mismos empresarios que se adueñan de sus tierras.

Como explica Pablo Orellana, “la mayoría de esos campesinos termina trabajando en los desflores. Es un círculo perfecto para las grandes empresas como Dreyfus, Morgan, Adecco, o el mismo Monsanto, que tercerizan la contratación de la mano de obra”.

En distintas economías regionales como en la fértil pampa húmeda se recluta a changarines de las provincias para trabajos manuales.

Con naturalidad, el diario La Opinión de Pergamino realizó una nota en enero de 2009 donde se contaba la particularidad de los changos santiagueños que eran llevados hasta esa ciudad por “reconocidas consultoras: Manpower y Adecco”.

El diario pergaminense decía: “El santiagueño es elegido porque su trabajo es calificado y puede soportar las altas temperaturas. `Los changos tienen mano de obra calificada porque conocen el trabajo a la perfección´, explicó el titular de Manpower. Luego se explica que “El santiagueño es prolijo, ordenado, sumiso, tiene los objetivos delineados, no es conflictivo. `Son personas muy dóciles que se adaptan a vivir y trabajar en grupos y se pueden adaptar fácilmente a las jornadas de la época estival cuando por lo general en el campo hace más de 40 grados. Son especialistas en esta tarea´, reveló Hernán Alonso, titular de Adecco”.

GOLONDRINAS

Durante el conflicto por la 125 y la disputa entre el gobierno y las patronales agropecuarias, se intensificaron algunos controles sobre los campos de esta región y así se visibilizaron varios casos de trabajo esclavo. Cuando el pasado mes de junio la Mesa de Enlace volvió a manifestarse, llamó a un nuevo “paro del campo”, y logró colarse entre los titulares de los diarios nacionales, otra noticia trágica (aparecida en las secciones “policiales”) volvió a poner al otro campo en escena, al trabajador rural, el que produce con sus manos la riqueza.

El 17 de junio un viejo camión Ford –F7000 volcó cerca de la localidad misionera de Salto Encantado, a 160 kilómetros de Posadas. Cinco hombres que trabajaban en la cosecha de la yerba mate murieron. Otros 20 tareferos viajaban junto a ellos rumbo al campo donde debían instalar su campamento para cortar a mano la planta de yerba. Entre ellos viajaban varios niños.

La realidad del yerbatero no difiere mucho de la de trabajadores rurales de otros rubros, y la producción y organización del trabajo por parte de las empresas yerbateras tampoco dista de otras actividades.

Se estima que entre 350.000 y 400.000 personas se desempeñan en la cosecha manual de diversos productos de las economías regionales.

Fabián Britos, miembro de Tareferos en Lucha de Oberá explicó a Mascaró que “las empresas yerbateras tienen que entender que este es un límite, el accidente de Villa Bonita no es algo nuevo, porque no hay seguridad laboral, no tenemos ropa ni herramientas adecuadas y por ejemplo los camiones en que nos transportan son todos como el que llevaba a los tareferos que murieron”.

Los tareferos cosechan la hoja de yerba mate en campañas que en general duran 15 días.

“Nos llevan a un campo y durante dos semanas estamos debajo de carpas de bolsas de nylon, dormimos sobre la tierra en campamentos que se improvisan de la mejor manera posible”, dice Britos.

El trabajador golondrina representa el desarraigo. A veces, toda la familia emigra para ser sometida a la explotación.

Britos sostiene que: “Nosotros estamos esclavizados, el jornal depende de las condiciones del clima, pero aproximadamente llegamos a hacer 400 kilos en promedio”. En suma, a 32 centavos el kilo, los tareferos cobran entre $130 y $140.

El contingente de trabajadores yerbateros accidentados contaba entre ellos con varios menores de edad de 9, 11 y 14 años. Según Britos, ésta es una práctica común en la búsqueda por conseguir otro jornal para llevar a la casa. “Particularmente yo no llevo a mi familia, pero hay compañeros que sí. Es muy recurrente que esto suceda aunque por ley esté prohibido, nosotros también queremos hacer estudiar a nuestros hijos, pero yo no conozco a ningún hijo de tarefero que haya terminado quinto año”.

Por último, Britos observa que “falta una definición política de parte del Estado, porque las empresas hacen lo que quieren y fijan los precios. Nosotros somos el último eslabón de la cadena. Los cuadrilleros y secaderos son los que nos explotan y no cumplen las leyes, son tercerizados de las empresas yerbateras y de esa manera las empresas no se hacen cargo de nada”.

MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA

En el nuevo orden de la división internacional del trabajo, la región sigue manteniendo su rol primario exportador. Para cumplir con el rol de la región en los planes del mercado mundial, al menos en nuestro país deberá expandirse la frontera productiva.

En 2003, la cantidad de hectáreas sembradas con ésta era de 12 millones. Luego de una década pasó a ocupar 20 millones. Del total de la superficie productiva, el 56% se ocupa con el cultivo de soja. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEAA) lanzado por Cristina Fernández en 2011, pretende aumentar en 10 millones de hectáreas la superficie cultivada de cara al 2020. Según los objetivos impuestos, más de la mitad de la tierra seguirá cubierta de soja, gracias a Monsanto y compañía.

En los diez años kirchneristas, la minería fue otra actividad que creció de sobremanera: de 40 proyectos en 2003 se pasó a más de 600 (con un crecimiento del 1.500 por ciento).

Según datos relevados por el periodista Darío Aranda, “el monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. (…) Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas)”.

Como explica Aranda, estos datos “confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva”.

LA FRACTURA Y UN QUIEBRE

La novedad en materia de explotación de los suelos es el fracking, o fractura hidráulica. Se trata de una forma de explotación de yacimientos no convencionales que consiste en inyectar millones de litros de agua a mucha presión, mezcladas con arena y centenares de sustancias tóxicas, destruyendo la roca dentro de la cual están encerrados el gas y el petróleo.

Desde 2011 se está realizando fracking en nuestro país y al igual que con la soja, se registra un corrimiento de la frontera hidrocarburífera.

Diego Di Risio, miembro del Observatorio Petrolero Sur explicó que “se expande la frontera tanto en zonas donde hay una industria petrolera asentada y con tradición como es el caso de Neuquén, pero al mismo tiempo incorpora a provincias del Litoral, Salta y Mendoza, otras regiones que nunca han tenido explotación petrolera”.

Indudablemente el Estado necesita solucionar el déficit energético y el problema de la importación de combustible. De ahí se entiende tanto la recuperación del control de YPF como la instalación y el afianzamiento del fracking en sociedad con empresas como Chevron.

Para Di Risio “esta alianza con empresas transnacionales es preocupante, porque dentro de los objetivos planteados con la nueva Ley de Hidrocarburos se hablaba de soberanía, y ya será muy difícil de alcanzar con socios como Chevron que arrastran demandas como la de los pueblos originarios de Ecuador, desestimadas por la justicia argentina”.

Porque cuando se dice Chevron no solo se está nombrando a una empresa, sino que también se está haciendo referencia al capital transnacional. “El departamento de estado de Estados Unidos promueve y presiona para que se realicen estas explotaciones no convencionales. Por ese motivo, ofrecen financiamiento y tecnologías para aportar oferta energética y disminuir el precio del barril de petróleo”, explican desde el Observatorio Petrolero Sur.

Por el momento, gracias a la resistencia y organización de vecinos, y a las experiencias recogidas de las asambleas anti-megamineras, varias ciudades de Argentina ya prohibieron la práctica de fracking, considerando el alto riesgo de contaminación. Concepción del Uruguay y Colón, en Entre Ríos; San Carlos y Tupungato, en Mendoza; y Cinco Saltos, en Río Negro, han dicho que no a este método no convencional.

A DESALAMBRAR

Pero no todo son flores, o soja, o gas y petróleo para los empresarios, las resistencias a estas expresiones de la explotación desmedida cada vez son más fuertes, y se van multiplicando hacia todos los puntos del país en cuanto las topadoras quieren encender sus motores.

Mascaró entrevistó a Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCIA) sobre qué alternativas se podrían empezar a barajar para superar la actual situación: “Uno de los elementos claves para resolver estos dilemas concretos tienen que ver con generar mecanismos que le pongan límites a los agronegocios con lógica capitalista y destructora. Es necesario promover el desarrollo de la agricultura campesina de base agro-ecológica y pensando en un horizonte de soberanía alimentaria”.

En ese sentido, desde el (MNCIA)se sostiene que hacen falta políticas integrales que promuevan la agricultura campesina con subsidios, con desarrollo del mercado interno, y un Estado que asuma la compra y distribución de los productos.

Resolver el problema de la tierra, desde su propiedad hasta lo que de ella se produce, atraviesa todos los debates. Montón observa que “Vinculados a otra discusión que se está teniendo ahora con respecto a cómo profundizar la democracia, nosotros creemos que en el marco de esta subordinación de las cadenas alimentarias a las trasnacionales, es muy difícil que cualquier gobierno, más allá de lo que se pueda pensar de sus intenciones, pueda establecer avances populares significativos”.

Cuando se pone en discusión la cuestión de la tierra, siempre se termina hablando de la reforma agraria. Se le puede dar la vuelta al asunto, pero para poner en discusión el modelo productivo, hay que levantar la bandera de la reforma agraria. Argentina nunca ha tenido una reforma agraria propiamente dicha. Incluso se podría decir lo contrario y hablar de una reforma agraria inversa, donde el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el cincuenta por ciento de la tierra cultivable, y los desalojos y desplazamiento a los campesinos están al orden del día, o mejor dicho, del mercado.

“La ofensiva del capital financiero ha acelerado un proceso de concentración que ya existía, creemos que para que una reforma agraria sea posible, es necesario que el movimiento popular y social en su conjunto lo asuma como una necesidad y como un elemento estratégico de un proyecto popular que englobe la sociedad y las estrategias que tenemos que usar para construir una nueva”, resume Montón.

Acaso Diego Montón tenga razón cuando sostiene que “La reforma jamás va a poder ser impulsada desde un gobierno, más allá de su color, sino que sólo va a poder ser llevada adelante cuando las fuerzas populares en su conjunto la logremos impulsar, hablando de una reforma integral, pensando en una redistribución masiva de tierras, no solamente en las poblaciones rurales que hoy no tienen acceso a la tierra, sino también en las miles de familias que están concentradas y precarizadas en las ciudades y creemos que es imprescindible que retornen al campo”.

Entonces también cuando se habla de reforma agraria  se lo hace desde una necesidad de reestructurar la geopolítica de la Argentina, para que así, finalmente, se pueda hablar de poblar realmente nuestro territorio.

Este sistema de organización mercantilizado disfraza y esconde que el derecho a la tierra es un derecho humano.

La tierra y los productos de la naturaleza generan una relación armónica con el hombre, es la transformación de la naturaleza las que nos hace humanos, y, a la vez, nos transforma a nosotros mismos. Es necesario volver a cambiar la lógica mercantil de la tierra y que gane lugar el trabajo en torno a ella, que la transformación de la naturaleza se piense a la par de las necesidades de los pueblos y no de las corporaciones.

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