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> Por Sofía Alberti

En términos de dominación imperialista, se sabe que nada queda librado al azar. En América Latina, las dictaduras genocidas generaron las bases del neoliberalismo, como respuesta contrarrevolucionaria a las diversas experiencias de poder popular que se extendían en todo el mundo. Encaminada la tarea de exterminar revolucionarios, desarticulado el movimiento obrero, endeudados los países, reducidas al mínimo las industrias nacionales, comenzó la pauperización de empresas y organismos estatales cuyo rol incomodaba a los nuevos ganadores del esquema de acumulación neoliberal, lo que serviría de excusa para las privatizaciones de áreas estratégicas de la economía.

En este contexto surge a fines del 2000 la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que reúne a los doce países sudamericanos y, bajo el lema de la integración y la sustentabilidad, diseña el mapa del saqueo.

Se la conoce como la etapa final del Consenso de Washington: la división de la región en ejes de integración y desarrollo (EDIs), donde se identifican “recursos”, que son bienes comunes naturales mercantilizados –soja y otros productos primarios agropecuarios, minerales, hidrocarburos, etcétera), se identifican “barreras”, que son en realidad sitios naturales de gran importancia –como la Cordillera de los Andes, lugares específicos de grandes ríos, bosques y sitios cruciales para no destruir lo que queda de biodiversidad,  etcétera-, y se efectúa el diseño de las rutas, las hidrovías y se identifican las necesidades energéticas para  sacar las materias primas más rápido, fácil y barato.

IIRSA, abarca 380 millones de personas y aporta un PIB de 1.9 billones de dólares a la economía global. La iniciativa está guiada por entidades de corte neoliberal, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo para la Integración de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y, actualmente, también, el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), una herramienta fundamental para mantener la hegemonía brasilera en la economía a escala regional.

Lamentablemente, pese al impulso que dio la UNASUR como una nueva forma de concebir la articulación política entre los países sudamericanos, su Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), tomó la cartera de proyectos de la IIRSA y mantuvo al comité técnico integrado por esos organismos multilaterales de crédito. Se trata de  las garras del viejo ALCA que, si fue enterrado en Mar del Plata, muestra síntomas de catalepsia.

A su vez, son los gobiernos nacionales los que hacen erogaciones para éstos organismos de crédito, que a su vez tienen sus brazos privados, cuyos préstamos van a las empresas siempre presentes en las obras de IIRSA: Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Suez-Tractebel, Camargo-Correa, entre otras.

Éste y otros proyectos vendidos bajo el lema de la integración, no hacen más que facilitar la extracción y el traslado de productos primarios, en su mayoría generadores de altos costos socioambientales; aporta a la extranjerización económica ya sea por la introducción de trasnacionales en la explotación de bienes comunes o por la apropiación de empresas ‘nativas’ mediante diversas vías.

Todo esto con la nula participación de las comunidades que ven en esas vías del desarrollo, el camino de la destrucción de sus tierras, de su historia y de aquellos elementos naturales que son el motor de la vida para los habitantes de Latinoamérica y el mundo.

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