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Entrevista con Gustavo Terés. Delegado seccional de AMSAFE y secretario general de la CTA de Rosario.

¿Qué balance se puede hacer después de un conflicto docente extendido como el que se vivió este principio de año?

En un primer diagnóstico tendríamos que ubicar el carácter de la crisis y del ajuste que, claramente, delineó el gobierno nacional para los trabajadores, y en particular para los trabajadores del Estado. En función de esa situación encontramos una enorme cantidad de docentes de varias provincias del país que estaban percibiendo al inicio del ciclo lectivo un salario que estaba en la línea del salario mínimo.

Como respuesta hubo una clara situación de rebelión a nivel nacional, donde no menos de 18 provincias estuvieron en conflicto por disputas salariales.

La disputa por el salario no es una lucha economicista, sino que en un contexto de ajuste como el que estamos viviendo, pone en discusión la distribución de la riqueza. Es una lucha por la puja distributiva con una patronal que en este caso es el Estado.

¿Qué elementos particulares tuvo este proceso?

Una característica fue la firmeza y la abnegación de los docentes y un amplio nivel de movilización. Tal vez la seña de identidad más clara esté vinculada al método de convocatorias asamblearias, con participación y protagonismo de los docentes que en muchos casos desbordaron a las direcciones sindicales.

Esto se debió a que las direcciones sindicales -que por mostrar una política adaptada y de integración al gobierno nacional- no fueron capaces de ponerse al frente del reclamo.

Otro elemento importante fue el de la confluencia multisectorial, esto lo vimos acá en Rosario y me consta que sucede en seccionales combativas, donde se buscan alianzas con otros sectores de trabajadores, con movimientos sociales.

Por último, esta experiencia también mostró el surgimiento de una nueva camada de docentes que salen a la lucha.

¿Qué papel jugó la dirigencia sindical?

En contraposición a las características mencionadas, hay que destacar otro hecho importante pero por lo malo, como fue la negativa de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) de nacionalizar el conflicto. Aún así el paro del 5 y 6 de marzo fue un parazo de docentes que contó con el acompañamiento de muchos trabajadores estatales. La CTERA jugó siempre a aislar los conflictos a cada provincia y a quitarle responsabilidad al gobierno nacional que es sin duda el principal responsable de la situación. De modo que esta dirección define no hacer un ejercicio de la autonomía e independencia de clase y sigue atada a lo que le pida el gobierno nacional.

Al mismo tiempo, creemos que la huelga nacional del 10 de abril llamada por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli canalizó mucho del descontento docente, aunque debió haberse convocado antes, en medio del conflicto educativo. Con la fuerza de todos los trabajadores, seguramente la resolución del problema de los docentes podría haber llegado antes y haber sido más efectiva.

¿Y cómo entra en ese contexto el debate en torno a la renacionalización de la educación?

El ministro de educación nacional (Alberto Sileoni) se jacta de no tener escuela. Esa declaración es una repetición de lo que decían los funcionarios de los noventa y una muestra de los límites de este gobierno y la herencia, la supervivencia, de un núcleo duro del neoliberalismo en el plano educativo. No hay voluntad política por avanzar en una renacionalización del sistema educativo. Esa es una gran asignatura pendiente que hace que la educación privada siga avanzando en desmedro de la educación pública.

¿Cómo se trabaja en una escuela en términos de la construcción de ciudadanía, cuando al adolescente se lo señala como alguien peligroso para una sociedad que sólo habla de inseguridad?

Si no se supera el estigma que se ha suscitado sobre los jóvenes y los adolescentes por parte de los medios, de la clase política y desde un sector de la sociedad, tendremos una gran dificultad para revertir la realidad. Es el Estado el que debe poner fin a esta situación.

Obviamente que no se puede tener una versión ingenua, porque existe una comunidad que está en permanente riesgo, con docentes que convivimos con situaciones de violencia en las puertas de las escuelas, en los barrios y al interior de los establecimientos. Pero si no ubicamos que la mayoría de nuestros pibes son víctimas y no victimarios, seguramente vamos a reproducir una lógica de exclusión que alimenta este círculo vicioso de más violencia, de más sanción, de mayor cantidad de pibes vinculados a las drogas y de más casos de gatillo fácil policial.

La escuela es fundamental en esta lucha y en la atención de una juventud que está en riesgo, pero se necesita una escuela vinculada con políticas sociales integrales, con políticas de salud. Hoy nada de esto existe porque hay una clara ausencia del Estado en las escuelas de los barrios. A cambio de eso se trabaja con medidas efectistas que van dirigidas al más común de los sentidos, como es la militarización de la sociedad. Esa búsqueda del atajo muestra el fracaso de las políticas de Estado, tanto a nivel provincial como nacional.

 

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