COMPARTIR

La propuesta de un Estado laico no debe asociarse a una postura antirreligiosa. Bregar por que exista diversidad de creencias y libertad de conciencias no es ninguna herejía. Reclamar que las religiones y las iglesias no intervengan en las políticas públicas no es hacerle el juego a ningún demonio.

Entre 1977 y 1983, la Dictadura firmó leyes y decretos que fundamentan hasta el día de hoy el financiamiento y sostenimiento de la estructura de la Iglesia. Así, se justifica legalmente que el Estado brinde asignaciones mensuales y vitalicias a arzobispos y obispos equivalentes en un 60 y 80% de los sueldos de los Jueces de la Nación. Del mismo modo se garantizan salarios para sacerdotes de parroquias de fronteras, contribuciones mensuales dirigidas a la formación de seminarios y pasajes a eclesiásticos tanto en territorio nacional como al exterior del país.

Todas esas leyes encuentran su marco en el Código Civil, que tanto el oficialismo como la oposición creen necesario modificar por vetusto, aunque nada dicen de este punto. Aprobado durante la dictadura de Onganía, en 1968, el Código Civil define en su artículo 33 a la Iglesia Católica como una “persona jurídica pública” equiparada al Estado. El proyecto de reforma aprobado por el Senado en 2013, que será tratado próximamente en la Cámara de Diputados, no quita, modifica, ni cuestiona este privilegio.

Desde diferentes sectores de la sociedad civil, muchos de los cuales se encuentran reunidos en la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) se propone un debate serio en torno a ese punto del Código Civil. En un contexto en que toda la clase política quiere sacarse la foto con el Papa o su estampita, parece una tarea difícil. Aún más complejo parece que se logre avanzar en una reforma constitucional que elimine el artículo 2 de la Carta Magna que sostiene en el país el culto católico apostólico romano. Pero la fe en las mujeres y los hombres de esta tierra es lo último que se pierde.

En mi nombre no

“El Estado argentino es laico, sin ninguna duda, quedó muy claro a partir de la reforma de la Constitución en 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos de rango constitucional. Si analizamos los debates en la asamblea constituyente de 1853 los fundamentos que se esgrimieron dejan claro que no se quería continuar teniendo religión de Estado, a diferencia de las dos constituciones unitarias anteriores”, dice a Mascaró Fernando Esteban Lozada, miembro de la CAEL y del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos.

Además del envión que generó para la Iglesia local la designación de Bergoglio como sumo pontífice, la institución sostiene su lugar privilegiado a partir de la legitimidad que le da contar con un 90% de la población del país bautizada. Sus números son presentados así como una gran verdad absoluta. Entonces, sostienen que 9 de cada 10 argentinos son católicos, asumiendo que todos los bautizados son practicantes e incluso están de acuerdo con sus doctrinas y su historia.

Para contrarrestar este argumento surge la propuesta de apostatar en forma masiva. ¿Pero qué es apostatar? Lozada lo explica así: “La apostasía tiene dos perspectivas: la individual y la política. En el plano personal representa la renuncia formal a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), que no significa necesariamente abandonar la fe religiosa. En lo colectivo es un acto político donde se dice públicamente y a viva voz que no todos/as estamos de acuerdo con las acciones de la ICAR en el pasado y en la actualidad y que cuando se manifiesta no nos representa”.

En definitiva, lo que se propone es que cada bautizado que no se sienta representado en la doctrina de la Iglesia, aún cuando se considere cristiano y creyente en Dios, pueda darse de baja de la institución.

Proponer un Estado laico no es ninguna herejía. Es decir que bregar por que exista diversidad de creencias y libertad de conciencia, al mismo tiempo que se impida que las religiones y las iglesias intervengan en las política públicas, no debería asumirse como una postura en contra de la fe, ni del Dios que fuera.

Como dice el referente de la Coalición Argentina por un Estado Laico, “el término laico en su etimología viene de pueblo, un Estado Laico es el que gobierna para todos independiente de cualquier confesión. Por lo tanto es una plataforma para una sana convivencia en libertad e igualdad, con absoluto respeto de la diversidad. Sin dudas el laicismo es imprescindible para garantizar la absoluta libertad de conciencia y la existencia de una verdadera democracia en la república”.

SIN COMENTARIOS

RESPONDER