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> Por Belisario Sangiorgio*

Ver que los paladines kirchneristas niegan el arribo de los cárteles internacionales al país debe ser la certeza irrefutable de que no menguará la participación de las fuerzas de seguridad en el negocio sucio. Sino que, al contrario, se incrementará de cara a 2015 .

“Por la altura y la velocidad de las avionetas detectamos en el radar los vuelos que, probablemente, entran droga desde Bolivia o Paraguay. Depende del día, a veces vemos dos, a veces ocho u once. Pero no podemos hacer nada. Sólo avisamos a la base. Si tuviera unos cañones antiaéreos, si fuera por mí, les tiraría desde acá mismo”, me dijo un joven oficial vestido de verde oliva, una noche, en la profundidad del monte.

Vivir en alguna de las fronteras del país puede servir para responder las miles de preguntas que la discusión del narcotráfico lleva aparejadas. Las aristas del problema, como las muertes en los barrios bajos a manos de los sicarios, se cuentan ya por decenas.

“Si tuviera los cañones antiaéreos les tiro tranquilo, y les pego y los bajo, porque esas avionetas vienen a poca altura. Pero, bueno, no hay ley. No hay ley para derribarlos”, agregó aquel militar de origen porteño que, a los 23 años, lisa y llanamente, por vocación, decidió internarse en el límite internacional que separa Argentina de Bolivia.

Mientras hablaba, pude entender la tristeza de sus ojos: una vez allí, en la nueva zona caliente, en una potencial Ciudad Juárez del futuro, percibió que su trabajo era obsoleto, inútil, arcaico. Percibió que no hay voluntad alguna por parte del Gobierno de detener el avance de las redes internacionales del narcotráfico sobre la región.

¿Cuáles redes? Las que migran, por la sangrienta guerra en México, o por la sangrienta guerra en Colombia, o por la sangrienta guerra en Venezuela. Cárteles, fuerzas paramilitares, armadas hasta los dientes, con tecnología de punta, que ya están en el país.

Pero que estén aquí, utilizando descaradamente nuestros puertos y bases aéreas, no significa que ahora debamos ver más extranjeros en las cantinas de los pueblos del interior, o imaginar que la televisión y sus gordos locutores siniestros denunciarán con mayor vehemencia las pistas de aterrizaje clandestinas.

Para saber que los capos del narco internacional operan en Argentina alcanza con escuchar a los paladines mediáticos del gobierno kirchnerista, como el secretario de Seguridad Sergio Berni o el senador Aníbal Fernández: insisten absurdamente en refutar (en cuanto micrófono tienen a su alcance) la teoría de una Argentina en incipiente cartelización.

El solo hecho de saber que ellos lo niegan, para la clase obrera, debe representar la certeza de que los ríos de sangre y muerte que bajan por los pasillos de nuestras barriadas son responsabilidad de un Estado inútil e incapaz de enfrentar el avance del narcotráfico.  Tan inútil que opta por volverse aliado.

Los miembros del Poder Ejecutivo niegan tajantemente que los líderes regionales del crimen organizado se codean con sus dirigentes territoriales. Lo niegan aún después de que, en reiteradas oportunidades, funcionarios, intendentes y diputados provinciales del frente oficialista fueron interceptados con bloques de cocaína en sus camionetas o disfrutando de una noche con tratantes de mujeres.

Sin ir más lejos, el último de los nefastos casos que tomó pulso mediático tuvo lugar este 16 de agosto en la provincia de Salta, cuando el intendente Carlos Villalba, que aparece sentado en las fotos junto al Gobernador Juan Urtubey, fue interceptado por una brigada oficial en la casa de un proxeneta.

Definitivamente no veremos, en el corto lapso de tiempo, narcos mexicanos ni colombianos, como en las películas, caminar por Argentina. Los capos dirigirán las operaciones desde sus barrios cerrados, sin dar la cara, como lo han hecho hasta ahora. La mano de obra seremos nosotros, el pueblo, los ciudadanos de a pie.

Lo que sí irá en aumento (y todos percibirán) de cara a las elecciones de 2015 (en gran medida por los salarios de miseria, la inflación y la falta de perspectivas para el desarrollo individual), será una escalada en la participación de las policías provinciales en el negocio sucio.

La crisis cíclica capitalista en la que Argentina se encuentra imbuida al menos desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón acabó, más de 60 años después y entre otras cosas, por descomponer el seno de las fuerzas de seguridad. Está podrido y así permanecerá hasta su disolución.

*Autor del libro Frontera

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