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Entrevista con Pilar Pérez. Doctora en Historia. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET.

 

Recientemente publicaste el libro Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia Central. ¿Cómo analizas la llamada Conquista del Desierto y en qué medida este hecho define un modus operandis que se perpetúa?

La Conquista del Desierto configura un evento estructurante de la sociedad patagónica. Es decir que condiciona las formas de organización y jerarquización social y establece una lógica de eliminación de lo indígena. Esta lógica permite darle prioridad a los sectores de la población “deseable” dentro de los proyectos políticos del estado en detrimento de la población “de segunda”. Sobre los estigmas atribuidos a los indígenas, la praxis estatal los posterga, los corre de sus tierras, les niega derechos y eventualmente también usa la fuerza. Esto no quita ni niega la organización indígena que se relaciona con el estado mediante múltiples estrategias políticas que disputan el reconocimiento y sus derechos.

 

¿Cuáles son esos archivos del silencio que fuiste recuperando en tu investigación?

Los archivos del silencio son los documentos oficiales del estado que documentan el genocidio y la praxis violenta sobre la población indígena -de manera constante- así como sobre otros sectores considerados peligrosos, como los gitanos e incluso los llamados “turcos” a principios del siglo XX. La burocracia tiene un afán de registro que devela, en el relevamiento sistemático, cuáles eran los hábitos y costumbres de la práctica estatal. Los archivos siempre estuvieron ahí pero los historiadores no nos hacíamos cargo de instalarles preguntas. Hacia esta responsabilidad nos empujaron las organizaciones, militantes, familias y comunidades indígenas. Los archivos cuentan entonces, que hubo campos de concentración, razias policiales, desalojos, fraudes que eran secretos públicos, entre otras cuestiones… Pero también evidencian la organización indígena, los demandas y reclamos y las múltiples respuestas que se fueron dando a los mismos. No todas fueron negativas, esto demuestra que el estado no es uno y para siempre, sino un espacio construido desde las relaciones de poder pero que permite -en ocasiones- espacios para pelear y construir.

 

¿Cómo se configuró en la Patagonia la relación Estado-Capitalismo-Violencia?

La sinergia entre el estado y el desarrollo del capitalismo es evidente en la Patagonia, concentración de tierras cedidas en concesiones de colonización a grandes compañías (como la Compañía de tierras del sur Ltd) que nunca cumplieron con la ley, prácticas de establecer escuelas y destacamentos policiales dentro de grandes estancias o en boliches de comercio, etc. De todas maneras, esto no significa necesariamente que el estado estaba al servicio de la clase capitalista. El estado es una arena mucho más compleja, con proyectos hegemónicos que se disputan desde diferentes agencias permanentemente. Sin ir más lejos, el proyecto civilizador, el de constitución de las fronteras internas e internacionales, por ejemplo, son propios de los debates internos de la burocracia estatal que exceden a los particulares. El mismo proyecto de construcción de una nación blanca y pro-europea excede a los capitalistas. Por su parte, la violencia se instrumentó a través de las fuerzas de seguridad (ejército, policías, gendarmería y policías fronterizas) pero también a partir de las burocracias estatales como inspectores de tierras, jueces de paz, docentes que encarnaban sus acciones en los proyectos “civilizadores” del estado, que dirimían en territorio qué familia o persona eran “aptas” para ocupar la tierra y quienes no. Estas decisiones se evidencian ancladas en el racismo y en los supuestos predominantes de cada época. La violencia fue central para diferenciar, contener, disciplinar y jerarquizar a la sociedad patagónica en su conjunto.

 

Hay un mito muy extendido, pero sin fundamentos históricos, acerca de que los Mapuche son chilenos, ¿por qué?

La Constitución de nuestro país, que fue reformada en el año 94, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio que hoy es la Argentina. Eso quiere decir que no existe atribución de nacionalidad sobre los indígenas: no son ni chilenos ni argentinos porque están desde antes del Estado.

En el momento de la “Conquista del Desierto” se difundió un discurso, cuyo principal impulsor fue Estanislao Zeballos, un periodista, Diputado, que apoyaba el proyecto de Roca y planteó fuertemente en su libro “Callvucurá y la Dinastía de los Piedra” que los Mapuche eran chilenos. Es decir, es una construcción ideológica que vino a sustentar el discurso de guerra del Estado argentino.

A lo largo del siglo XX, se respaldó nuevamente desde supuestos científicos y se divulgó masivamente a través de la educación, las guías de turismo y distintas formas de construcción de la simbología nacional. Pero desde hace décadas, la academia lo viene rechazando y no tiene ningún asidero en el presente científico.

 

 A A la luz de los hechos recientes de represión en la Patagonia, la desaparición de Santiago Maldonado seguida de encubrimiento por parte del gobierno, ¿cómo analizas este momento?

El decreto de emergencia de seguridad de enero del 2016 es el punto de partida que nos explica el contexto en el que estamos. Que criminalicen a los Mapuche, que los asocien con lo violento, lo salvaje y lo peligroso, es un discurso encarnado en la soceidad argentina desde Sarmiento para acá: “Civilizacion o barbarie”, y la supuesta emergencia en la que está sumida nuestra nueva narco-nación acechada por el terrorismo. El discurso precede a la práctica y hoy después de décadas de lucha tenemos una nueva desaparición forzada de persona. Con la diferencia que estamos en democracia, que la gendarmeria no lo hizo de forma clandestina sino en un operativo ordenado por un juez y el ministerio de seguridad de la Nación.

En Río Negro, el invierno del año pasado estuvo desaparecido 27 días un oficial de policía que apareció asesinado. Un caso que apunta al interior de la propia fuerza policial. Pero la investigación no avanza y el caso está impune, con la familia en la calle pidiendo justicia. Contrario a lo que el sentido común indica, la policía rionegrina consiguió una nueva ley orgánica y un jefe de sus propias entrañas. Creo que estamos en un contexto extremadamente amenazante por parte del estado, una vez más.

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