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Por Carlos Echeverría

La violenta expropiación a los pueblos originarios luego de la llamada “conquista del desierto”tuvo varias etapas y la aplicación de diversas políticas a lo largo de las décadas que siguieron al genocidio, pero nunca cesó en su continuidad, especialmente en los territorios patagónicos que se repartieron y concedieron desde el Estado, a partir de 1885. En base a la ley Avellaneda, de 1876, que proponía la concesión de lotes de un máximo de 80 mil hectáreas a “colonos” (preferentemente europeos) que, como condición, debían fomentar el desarrollo poblacional y la radicación de pequeños productores, en 1887 comenzaron a presentarse ante el Estado personas que solicitaban y obtenían lotes de 30 a 60 mil hectáreas para establecerse en diversos lugares del País. Algunos de estos “colonos” eran testaferros de grandes empresas extranjeras que al poco tiempo pidieron una reubicación de concesiones recibidas, por ejemplo: de Santa Fe a Chubut. El territorio patagónico era prácticamente desconocido para el Estado conquistador. No así para las empresas extranjeras ligadas a la industria textil británica que, ni bien terminaron las operaciones militares, hicieron desembarcar a sus emisarios en Puerto Madryn. A caballo recorrieron de este a oeste el territorio, marcando y mensurando los valles más fértiles de la región. En Londres tuvieron así un relevamiento más acabado que en Buenos Aires y supieron de antemano dónde les convenía establecerse. Cuando sus testaferros pidieron la “reubicación” de las concesiones en Chubut, “coincidieron” siempre al solicitar parcelas contiguas a las de otros testaferros en el oeste cordillerano. Así se conformaron grandes estancias bajo directorios que operaban desde Londres y que llegaron a tener más de un millón de hectáreas en su poder. Antes de finalizar el siglo XIX, en la Patagonia se habían consolidado grandes latifundios como la Rio Negro Land Company, la Tecka Land Company o la Argentine Southern Land Company. Esta última inauguró su primera Estancia, la Leleque, en 1889. Poco tiempo después, el Presidente Juarez Celman amnistió las operaciones fraudulentas descriptas. Tanto antes como después, gozaron de impunidad para el corrimiento de alambrados y la ampliación antojadiza de los campos. En 1902 un decreto dio lugar a la conformación de la Colonia pastoril Cushamen. El Estado le entregó tierras a la comunidad encabezada por el Lonko Miguel Ñancuche Nahuelquir. En total unas 125 mil hectáreas de suelo pedregoso, poco apto para vivir y para la crianza de animales. Los límites de Cushamen al oeste y al sur eran los cercos de la estancia Leleque. Se entregó a los Mapuche un espacio que los británicos habían desechado. El hambre y las enfermedades jaquearon siempre a Cushamen. Lo poco que se producía no alcanzaba para la supervivencia. Además, sus pobladores eran engañados por comerciantes laneros que solían quedarse con su escasa producción anual. Por eso, muchos hombres de Cushamen se vieron obligados a alojarse en las barracas de la estancia Leleque como mano de obra esclava; aún desde niños. Allí no se conocía el descanso dominical y la paga para los peones era de 30 pesos por mes. Una suma irrisoria, también en aquel entonces. En contadas ocasiones volvían a visitar a sus familias. Los problemas de salud del peón se resolvían si la Compañía aceptaba el traslado del trabajador enfermo a un lejano hospital público. Generaciones de Mapuche de Cushamen contribuyeron a la riqueza de la Compañia soportando todo tipo de humillaciones, ubicados en el último lugar de las consideraciones estancieras. Primero estaban las ovejas. En 1973 los ingleses resolvieron desprenderse de estos establecimientos. Convergieron al menos cuatro razones: la industria textil sintética, la crisis del petróleo, la desertificación de sus tierras por la sobrecarga con animales y el advenimiento del tercer gobierno peronista. En 1975 las transfirieron provisoriamente a empresarios argentinos y en 1991 fueron adquiridas por el grupo italiano Benetton.

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