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> Por Bárbara Corneli

La familia es una institución. La oración puede sonar tautológica o absurda, pero no está de más reconocer que una familia, como tal, puede redefinirse desde pautas culturales y normativas. Lo que culturalmente se acepta y construye como modelos de familia, se sostiene y enmarca en la elaboración de leyes y derechos. Claro que el acceso a tales derechos está sustentado en intereses fundados en ideas sobre lo que se acepta o se condena al interior de una sociedad.
Desde su primer mandato el gobierno kirchnerista incorporó una política de género no sólo en el reconocimiento de derechos individuales (como lo es el derecho a la identidad de género, ley 26,743), sino también en lo que respecta a las formas de encarnar instituciones como la familia.
Si bien en materia de género aún se postergan importantes debates (como el correspondiente a la despenalización del aborto), es posible registrar cómo las medidas que avanzan hacia una reglamentación más inclusiva, que contemple los reclamos del colectivo LGBTI, tienen en sí mismas importantes contradicciones en sus alcances.

Ser padres o madres hoy

El reconocimiento de la copaternidad o comaternidad fue un pendiente desde que en 2010 se sancionó la ley Nº 26.618, conocida como ley de matrimonio igualitario. El artículo 42 de dicha ley equipara los derechos de lxs hijxs de estas parejas, con los de matrimonios heterosexuales y, como remarca Esteban Paulón, presidente de la Federación LGBTI “en base a este artículo es que se ha logrado avanzar en el reconocimiento igualitario pre-matrimonio y hacia delante de los hijxs de parejas no casadas”.
Nacer antes del matrimonio igualitario o en el marco de una pareja de mujeres o varones no casada, implicaba entonces que unx de lxs padres o madres no podría figurar como tal en el DNI del niñx.
Los primeros logros en reglamentaciones que amparen el reconocimiento de la co-paternidad o la co-maternidad, evidencia la profunda escisión entre lo que se habilitó a nivel nacional (un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Cristina Fernández y el Ministro del interior Florencio Randazzo) y lo que rige en territorios como la CABA y la provincia de Santa Fe, como únicas excepciones.
Claudia Castro de la agrupación La Fulana, explica que el amparo que presentaron junto a Les madres y la Federación LGBTI y que abarca la CABA “no sólo no exige el matrimonio como requisito para el reconocimiento de los hijos, sino que habla de vínculos familiares en general. Incluso no pone un límite de tiempo para los hijos que han nacido previamente a la sanción del matrimonio igualitario”, cubriendo así una cantidad mayor de realidades.
Según el Censo nacional realizado en 2010, el 21% de los 24.228 hogares conformados por parejas del mismo sexo en nuestro país, tienen hijxs a cargo. En este contexto es muy dificil pensar al DNU como un documento verdaderamente inclusivo, cuando limita el reconocimiento de lxs hijxs sólo a aquellas parejas conformadas por mujeres que estén legalmente casadas y cuyos hijxs tengan hasta 18 años.

El país como escalera

En Santa Fé, Vox Asociación Civil con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia consiguieron una Resolución que contempla las mismas circunstancias que el decreto de la CABA y que servirá de antecedente a las presentaciones que le seguirán hasta llegar a equiparar los peldaños del territorio nacional, lo que el decreto nacional deja al descubierto. Como remarca Paulón “Hay muchos prejuicios y resistencias ideológicas que se expresan a través de las trabas burocráticas”.
Las agrupaciones que nuclea la Federación LGBTI, apuntan a superar estas distinciones entre lxs hijxs de cada tipo de pareja, en la elaboración -en proceso- del nuevo código civil en cuyo texto “se superarían los vacíos legales”, según el presidente de este organismo. Por lo pronto, los derechos para lxs niñxs, en el marco de la flexibilización de la institución familia, sigue sujeto a la baldosa en la que se nace.

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